Por: El Expediente
Bogotá , 23 de mayo de 2025
Un derecho de petición presentado por el veedor ciudadano Carlos Villa Escobar, en representación de la Veeduría Ciudadana Lupa, ha puesto en el ojo público presuntas irregularidades en la contratación del servicio de transporte escolar en el distrito de Riohacha y el municipio de Manaure durante las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024.
El documento, dirigido al secretario distrital de Educación de Riohacha, solicita información detallada sobre los contratos adjudicados a la empresa Transportes Sensación, cuya representante legal, Nayrobis Alvarado, ha sido señalada en medios locales por presuntos actos de corrupción en el Magdalena.
El derecho de petición, amparado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional, busca esclarecer las condiciones en que se han ejecutado los contratos de transporte escolar, un servicio esencial para miles de estudiantes en La Guajira, donde persisten quejas por deficiencias en la prestación.
Entre las solicitudes, Villa Escobar exige copias de los contratos, actas de inicio y finalización, certificados de existencia de las empresas contratistas, planillas de seguridad social, pólizas de cumplimiento, informes de supervisión, y constancias de pagos a proveedores y trabajadores, entre otros documentos.
Además, se pide evidencia de quejas y reclamos presentados por subcontratados, quienes, según el veedor, han enfrentado retrasos en los pagos, lo que motivó un paro de actividades frente a la Alcaldía de Riohacha hace apenas ocho días.
Transportes Sensación, con sede en Ciénaga, Magdalena, y representada por Nayrobis Alvarado, ha sido la encargada de prestar el servicio en Riohacha y Manaure desde 2021. Sin embargo, medios locales del Magdalena la vinculan con el exgobernador Carlos Caicedo, señalándola como parte de un entramado de corrupción.
Según un informe de Consonante (2023), Transportes Sensación forma parte de la Unión Temporal Costa Caribe, que obtuvo un contrato de $18.900 millones de pesos para el transporte escolar en el distrito de Riohacha y municipio de Manaure, pese a que las empresas que la conforman han acumulado multas por infracciones de tránsito y deficiencias en la prestación del servicio.
La situación en La Guajira no es nueva. En 2022, una licitación para el transporte escolar fue suspendida por presuntas irregularidades en la documentación presentada por los oferentes, incluyendo Transportes Sensación, según reportó El Heraldo.
Asimismo, Diario La Libertad (2025) denunció que, mientras los niños wayuu caminan kilómetros para llegar a clases, empresas aliadas a políticos locales capturan los contratos, perpetuando un sistema que beneficia a los mismos actores bajo nuevas fachadas.
El derecho de petición también solicita pruebas de cumplimiento de la Circular 000006 de 2017 de la Superintendencia de Puertos y Transporte, así como de las obligaciones salariales y prestacionales de los trabajadores vinculados.
La comunidad educativa y los ciudadanos esperan que la Secretaría de Educación responda con transparencia para garantizar que el servicio de transporte escolar, vital para los estudiantes de la región, no siga siendo afectado por presuntas irregularidades.
Villa Escobar ha solicitado que toda la información sea enviada digitalmente al correo veeduriaciudadanalupa@gmail.com.
Este caso se suma a otras investigaciones en La Guajira, como las denuncias de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y contratos viales, que han evidenciado problemas estructurales en la contratación pública del departamento.
La ciudadanía espera que las autoridades competentes, incluyendo la Procuraduría y la Contraloría, investiguen a fondo estas denuncias para garantizar que los recursos destinados a la educación lleguen efectivamente a los niños y niñas de La Guajira, quienes enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad.
