La única vez que Claudia López manejó recursos del presupuesto de Bogotá y tuvo bajo su mando servidores públicos fue como directora del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), cargo que ocupó durante la primera alcaldía de su entonces padrino político Enrique Peñalosa, una experiencia que no le deja un buen balance ni a ella ni a los bogotanos. Una condena por detrimento de $103 millones en la firma de un convenio denunciado por El Expediente y éste fallo judicial e informe de la Contraloría por un despido injusto que le costó $467 millones a la ciudad.
Cuando Claudia fue la funcionaria consentida de Enrique Peñalosa ostentaba poder, manejaba presupuesto, contratos y tenía la oportunidad de armar toda una base política en las localidades de Bogotá, como buena política aprovechando las inversiones y construcción de parques por parte del distrito en beneficio de su imagen y sus aspiraciones electorales. Una réplica de Vargas Lleras entregando casas y cortando cintas para luego aspirar a la presidencia; una forma de politiquería a la que se le atravesaron muchos funcionarios que no compartían con su esquema de trabajo o con su pedante estilo para dirigir.
Eran pocos los que se atrevían a contradecirla. El que se saliera de la línea, se iba, así de simple. Eso ocurrió con el entonces jefe de la oficina Jurídica Juan Felipe Criado Castilla. El abogado, quien había manifestado diferencias frente a las decisiones de la entonces directora y ahora candidata, fue despedido bajo la declaración de insubsistencia mediante resolución No.196 del 30 de junio de 1999.
Tiempo después Juan Felipe Criado Castilla presentó una denuncia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y finalmente logró su reintegró e indemnización por concepto de salarios dejaros de recibir, intereses y prejuicios por la decisión de Claudia López. Expediente 250002326000200800077
El 21 de febrero de 2008, la apoderada del (IDPAC) solicitó que se declarara responsable a Claudia Nayibe López Hernández “por su comportamiento doloso, al haber expedido la Resolución No.196 del 30 de junio de 1999, mediante el cual declaró insubsistente el nombramiento del señor Juan Felipe Criado Castilla, como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, con violación de la Ley y por desviación de poder, lo que dio lugar a la sentencia condenatoria contra el Distrito Capital-DAACD.”
Finalmente la hábil política logró salir librada, no responder por un solo peso, y poner a pagar a la ciudad el costo de su arrogancia. La decisión quedó ejecutoria del 2 de febrero de 2005 y el reintegro fue cumplido mediante el decreto 330 de 2006 firmado por el alcalde Luis Eduardo Garzón. La actuación de Claudia López tambien fue reprochada en un informe de la Contraloría de Bogotá.
Ver: 14 puntos que explican condena por $103 millones contra Claudia López
