Por RAFAEL NIETO LOAIZA
En este país donde un escándalo tapa el anterior, la fuga de Santrich distrajo la atención sobre las cifras de homicidio del año pasado. No digo que el escape del mafioso y la responsabilidad de las cortes en el mismo no amerita debate. Sin duda es necesario. Pero sería un grave error no analizar a profundidad lo que está pasando con las muertes violentas en el país. Difícil encontrar un asunto más importante. Por eso vuelvo sobre el mismo, con nuevas reflexiones.
Empiezo por resaltar que la tasa de homicidios es mayor que los 24.4 por cien mil habitantes que señala el informe Forensis de Medicina Legal. En efecto, si para el 2018 Colombia tiene 48.835.324 habitantes, tal y como lo afirmó el DANE esta semana, los 12.310 asesinatos de ese año equivalen a una tasa real de 25.5 homicidios por cien mil, 1.1 puntos superior a la de Forensis.
Después, el examen geográfico de los homicidios muestra que Colombia no es un país violento. La violencia no es uniforme, no está esparcida por todo el territorio. Hay departamentos y municipios muy violentos y otros que no lo son. Así, por ejemplo, están muy por debajo de la media nacional Vaupés (4,5), Guainía (6.1), Boyacá (6.6) y Amazonas (8.9), que son los departamentos con menos riesgos para la vida. Les siguen Santander (11,8), Cundinamarca (14,1), Casanare (14.2), Córdoba (15.5), Sucre (16,8) y Magdalena (17.2). Los departamentos más violentos son Arauca (59,1), Valle del Cauca (47,8), Putumayo (46,5), Caquetá (41,5), Norte de Santander (39,2) Quindío (37,6) y Cauca (37,5). Ahora bien, ni siquiera al interior de los departamentos la violencia es igual. En Boyacá, por ejemplo, con una tasa casi europea de homicidios, tiene municipios como Pisba, con tasas de 233 por cien mil. En Nariño, cuya tasa de homicidios es de 23,8 por cien mil, algo debajo de la nacional, hay municipios como Mallama con 68.2 y Tumaco con 126,5.
Una mención especial amerita Bogotá, con una tasa de apenas 13.3, de lejos la de mejor comportamiento entre las grandes capitales. Cali tiene, en cambio, 49 por cien mil. El narcotráfico y el microtráfico explican la tasa caleña. El Distrito Capital, un ejemplo, de lo que debe hacerse para reducir los asesinatos.
Es claro que, entonces, el examen geográfico nos muestra que la violencia homicida es local y que, por tanto, es indispensable examinar municipio por municipio las causas de la violencia. La respuesta institucional, en consecuencia, debe ser también georrefenciada. Ahora bien, lo que sí es posible sostener, y debo insistir en ello, es que al cruzar la tasa de homicidios con su localización geográfica se constata la presencia de narcocultivos y minería ilegal, por un lado, rutas de narcotráfico, por otro, y zonas de desmovilización que hoy son objeto de disputa entre grupos armados ilegales. La discusión sobre economía ilícita, minería ilegal y narcotráfico, por tanto, no es neutra en materia de violencia. Tampoco lo es la incapacidad del Estado de controlar el territorio, en particular en las áreas de desmovilización. La economía ilícita trae aparejada mucha más violencia. El Estado débil y la presencia de grupos armados en disputa territorial, también.
Otra reflexión hace referencia al sexo. Los hombres corresponden al 91,3 % de las víctimas de los homicidios cometidos durante 2018 y las mujeres el 8,6 %. Los hombres son, nueve a una, las principales víctimas de asesinato. Y, de nuevo acá, hay vinculación directa con el narcotráfico y con el conflicto armado. “Más allá de las tendencias generales podemos ver que la disminución de la tasa de homicidios en los hombres entre el año 2009 y 2017 fue de 30 puntos, mientras que para las mujeres esta disminución fue de 2,6 puntos”, dice el informe de Forensis. Por eso, cuando parecía que el conflicto amainaba, 2017, venía bajando de manera importante el número de hombres asesinados y, en cambio, se mantuvo estable la de las mujeres. Los asesinatos de mujeres tienen, en general, una causalidad distinta. En su caso, hay una relación marcada con la violencia de la pareja e intrafamiliar.
Para terminar, resalto tres hechos adicionales, a dos de los cuales aludí en mi columna pasada: por un lado, la relación entre juventud y homicidio: los riesgos entre los 20 y los 39 son sustantivamente mayores; por el otro, el homicidio tiene una relación preocupante con la escolaridad. Entre más instrucción formal se tiene, menos riesgo de ser víctima. Si usted es universitario, el riesgo cae al 0,12%, Solo uno de cada mil asesinatos tiene por víctima a un universitario. Y uno muy curioso: si usted está casado (casado, no en unión libre), tiene nueve veces menos posibilidades de ser asesinado. Si usted es mujer separada, divorciada o viuda, en cambio, tiene el doble de riesgo que un hombre en su misma condición.
De nuevo, el examen a profundidad de las cifras muestra la necesidad de diseñar políticas contra el homicidio que respondan a la necesidad específica de cada grupo poblacional y en cada área geográfica. En esa dirección, el gobierno debería darse a la tarea de diseñar un plan específico contra el homicidio, con esas características. No basta con una política nacional de seguridad.
