Por: Mayor General (RP) William René Salamanca Ramírez
Nada fácil resulta la vida para los 5,7 millones de mujeres que viven en los campos de Colombia. Ellas hacen parte de más de 3 millones de hogares rurales que no solo tienen que sufrir la carencia de derechos fundamentales, como salud, educación, vivienda, trabajo, servicios públicos, justicia y seguridad, sino que en muchas zonas del país coexisten con la violencia intrafamiliar y la constante amenaza del desplazamiento y el reclutamiento forzado de sus hijos por cuenta de actores armados ilegales.
En el sector rural, el fenómeno del machismo sigue perpetuando una obsoleta premisa que afirma que el deber del hombre es ganar dinero y, el de la mujer, cuidar del hogar y la familia. Por eso, su arduo quehacer cotidiano, que muchas veces comienza a las 3 de la mañana y se prolonga hasta por 13 horas, preparando alimentos para sus esposos y demás trabajadores, no es considerado un trabajo y, por ende, no debe ser remunerado.
Tan así que el desempleo de la mujer rural, según el Departamento Nacional de Estadística (Dane), es superior al 60 por ciento, y quienes consiguen un trabajo deben laborar más que el hombre, sin recibir ningún tipo de salario por el 62 por ciento de su actividad, especialmente en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (36,2 %); comercio, hoteles y restaurantes (27,3 %); servicios comunales, sociales y personales (18,6%) e industria manufacturera (11,5 %).
Las mujeres rurales, que según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) representan más de un tercio de la población mundial y el 43 por ciento de la mano de obra agrícola, sufren de manera desproporcionada las múltiples manifestaciones de la pobreza y, pese a ser tan productivas y buenas gestoras como los hombres, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materias agrícolas, mercados o lo que los expertos denominan cadenas de productos cultivados de alto valor.
Para la ONU, las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de las mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares. “Su labor es invisible y no remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido a la migración de los hombres. Mundialmente, con pocas excepciones, todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas”.
Para intentar enfrentar esta problemática universal, las Naciones Unidas crearon el Día Internacional de las Mujeres Rurales que, a partir de 2008, se conmemora todos los 15 de octubre, tal como ocurrió el pasado viernes, con el propósito de exaltar la función y la contribución de la mujer del campo, incluidas nuestras indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.
Así lo ratificó el pasado viernes el secretario general de la ONU, António Guterres, al señalar que, a pesar de que ellas garantizan que se pueda alimentar al mundo, muchas sufren discriminación, racismo sistémico y pobreza estructural. “Debemos invertir en las mujeres rurales, para que puedan acceder a los servicios de salud, protección social e información que necesitan”.
Por eso, este año, los objetivos se centraron en la incorporación del enfoque de género a las políticas agrícolas, aumento de la tenencia de tierras, mejora del acceso a la financiación de inversiones en bienes que contribuyan a la resiliencia frente al cambio climático y ampliación de las oportunidades de participación en las cadenas de producción y distribución.
Alcanzar parte de estos objetivos, en especial en temas relacionados con acceso a la tierra y medios productivos, permitiría un aumento del 20 por ciento de la producción agrícola en África. En ese sentido, países con mayores dificultades que el nuestro, como Etiopía, están dando lecciones al mundo al poner en marchas programas piloto que exaltan el valor de la mujer rural.
En Colombia, infortunadamente, todo parece quedarse en letra muerta. Hace exactamente 40 años se aprobó la Ley 51, tendiente a eliminar la discriminación de las mujeres rurales; a través de su participación en los Planes de Desarrollo, tanto del orden nacional y departamental como municipal, y garantizar su acceso a tierras, créditos, préstamos agrícolas, comercialización y tecnologías apropiadas, lo mismo que a servicios médicos, educación y formación, vivienda, servicios de electrificación y transporte.
Pero nada pasó. Luego, en 2002, se promulgó la Ley 731, conocida popularmente como la ‘Ley de la Mujer Rural’, que tiene como objeto mejorar su calidad de vida, priorizando las de más bajos recursos, y consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad con respecto al hombre.
En sus 35 artículos se habla de crear cupos y líneas de crédito con tasas de interés preferencial, acceso al Fondo Agropecuario de Garantías, Creación del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales, extensión del subsidio familiar, afiliación al Sistema de Riesgos Profesionales, acceso a programas del Sena y hasta su participación equitativa en los diferentes órganos de decisión, planeación y seguimiento.
Tampoco ha pasado mayor cosa. Por eso, para que esta norma no siga siendo un canto a la bandera es indispensable que los actuales candidatos presidenciales incluyan en sus programas de gobierno un compromiso expreso de llevarla a la práctica y así pagar una deuda histórica que tenemos con la mujer rural. Es más, nuestra invitación es a que todos los colombianos nos convirtamos en veedores del cumplimiento de cada uno de los programas contemplados en esa ley.
Algo se avanzó en 2019, cuando la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez firmó el Pacto por la Equidad de la Mujer Rural, suscrito entre el Gobierno Nacional, organizaciones sindicales y de mujeres rurales, gremios y empresas del sector productivo del país, para priorizar su participación en programas como Alianzas Productivas, Oportunidades Pacíficas o el Campo Emprende.
Es de vital importancia consolidar los cinco ejes de esta estrategia: empoderamiento económico para la eliminación de brechas que enfrentan las mujeres en zonas rurales, su participación en escenarios de poder y toma de decisiones, derechos sexuales y reproductivos, derecho a una vida libre de violencias y fortalecimiento de las instituciones de género.
También es digno de exaltar el lanzamiento de la Plataforma Hemisférica de Mujeres Rurales, por parte de los programas radiales ‘Al Campo’ (Caracol) y ‘Tierra de Sueños’ (RCN), en alineación con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el incondicional apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Esta herramienta les facilitará generar redes, acceder a oportunidades de capacitación y foros e intercambiar experiencias exitosas que contribuyan a su empoderamiento, visibilizar su rol fundamental en el desarrollo del campo y mejorar la calidad de vida en sus territorios.
Como hombre de provincia y policía, que tuve el honor de conocer de primera mano el invaluable aporte de la mujer rural en las distintas actividades cotidianas, hoy quiero rendirles un sentido homenaje a todas ellas e invitarlas a no desfallecer en su propósito de hacer valer sus derechos. Ustedes, abuelas, madres, esposas e hijas, son las máximas exponentes de ese paraíso natural, como lo es el campo colombiano, donde todavía se respira aire fresco, se labra la tierra y se alimenta a 50 millones de habitantes de Colombia y a otra gran parte de la humanidad. Mis más sinceras felicitaciones en esta fecha tan especial.
