Por: María Fernanda Cabal
“El Régimen necesita que la política sea sucia porque es la manera de conseguir la amplia gama de complicidades que se necesitan para mantener su predominio”.
Estas palabras de Álvaro Gómez Hurtado, antes de su asesinato, parecen premonitorias frente al escenario que 30 años después vive Colombia; en donde, tras bambalinas, se mueven los hilos de quienes quieren ver a toda una nación atada de pies y manos.
La puja es incesante. Con el pasar del tiempo hemos visto que los verdaderos enemigos de la libertad y la justicia miden cada paso, y cada golpe es un empujón para lograr atrapar por completo nuestras instituciones, acabando así con la soberanía de la voluntad popular.
Esto es precisamente lo que ha pasado con los hombres que representan una amenaza para “el régimen”, como Álvaro Uribe o Álvaro Gómez. Por ser símbolos de seguridad, desarrollo y de ideas democráticas; y por identificar y combatir el mal.
Hoy, el exmandatario atraviesa por un camino de espinas, a través de un juicio como el de Franz Kafka.
Nada peor para un Estado que el pilar de la justicia esté politizado y que la estatura de quienes ostentan tan altas dignidades esté tan pegada al suelo.
Acaban de condenar al exmagistrado Francisco Ricaurte por el denominado ‘Cartel de la Toga’; en éste mismo indignante episodio, otros cuatro ex magistrados enfrentan procesos por denuncias tan graves como las de torcer procesos judiciales e incluso, esconderlos a cambio de enormes sumas de dinero.
Y eso que apenas la revelación llegó a la punta del iceberg. Pues la información arrojada por el tristemente célebre Gustavo Moreno, quien fungía como «zar anticorrupción» de la Fiscalía General de la Nación, demuestra que es mucho más grave lo que aún no se sabe.
Resulta tan peligrosa la judicialización de la política como la politización de la justicia; en un abrir y cerrar de ojos quien denuncia es denunciado y se pasa de ser víctima, a ser victimario.
Y poco a poco, ven los espectadores cómo se desconocen las garantías judiciales mínimas para un ciudadano que presume vivir en un Estado liberal; donde la capacidad de defensa de quien tiene el derecho a la presunción de inocencia, se deshace en decisiones absurdamente extensas y contradictorias.
Sin embargo, la lógica jurídica nace del sentido común y la verdad subyace allí, a la espera de ser luz en medio de tanta oscuridad.
Ya es suficiente tanto trasegar para ser una sociedad medianamente civilizada que a gritos reclama garantías para desenvolverse en la normalidad, como lo haría cualquier individuo que quiere generar su propia riqueza y ¿debe pedirle permiso al Estado?; el mismo Estado que le roba lo poco que produce para llevarlo al festín de los buitres, que se reelegirán, una y otra vez, y se asegurarán de que jamás una reforma le devuelva el poder al ciudadano.
La tarea es ardua. El diseño institucional es una casa desvencijada que amenaza con aplastar a la sociedad. Mientras unos visitan sicarios en cárceles bajo excusas de ostentar investiduras humanitarias, y éstas acciones recurrentes no arrojan elemento alguno de sospecha -como el de manipular testimonios-, a otros se les endilgan hechos prefabricados.
Fundador de dos partidos, quien ha llevado a dos hombres a la Presidencia -además de ganar su reelección-, Álvaro Uribe llegó al Senado siendo el congresista más votado en la historia; pero ser ajeno al régimen es una amenaza para todos aquellos que quieren ver a nuestro país en ruinas; los mismos que alguna vez hicieron parte del «establecimiento», que acabó con vidas como las de Álvaro Gómez Hurtado.
Tras varios años de luchar por demostrar su inocencia y soportar toda clase de atentados contra su reputación, al fin aparece el famoso “hacker”, que también promete contar toda la verdad.
No todo está perdido mientras existan valientes que sigan luchando por la defensa de los fundamentos de un Estado liberal, donde cualquier persona investigada tenga derecho a la presunción de inocencia y a usar todos los medios jurídicos a su alcance, para demostrar que está libre de culpa.
No podemos seguir permitiendo que se maquille la verdad y que la justicia siga siendo garrote político. En cambio, debe erigirse nuevamente como un pilar sólido de confianza para la seguridad jurídica y material de todos y cada uno de los miembros de una nación.
Urge la reforma a la justicia para que existan jueces con juez. Urge la reforma política para que el Estado reduzca su tamaño y libere de cargas y obstáculos a sus ciudadanos, que quieren y pueden generar riqueza.
Menos Estado, más libertad. Esa es la consigna. Más seguridad, más justicia justa, menos intervencionismo.
¿Apostamos?
