La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en cabeza de Fernando Martínez Bravo tiene en su poder una denuncia por una posible trampa por parte de dos empresas de seguridad privada ante esa entidad con el fin de conseguir el permiso para unas trecientas armas. La denuncia en poder de El Expediente y con fecha de julio de este año, detalla la manera en que la empresa de seguridad ISVI Ltda (contratista de escoltas en la UNP) le habría prestado los nombres de 300 de sus trabajadores a la firma TAC Seguridad Ltda con el objeto de acreditarlos como escoltas y así obtener la autorización para comprar 300 pistolas, un posible engaño al sistema de acreditación (RENOVA – APO).
Según la denuncia, el dia 25 de junio de 2019 la empresa TAC Seguridad aparecia con 2 escoltas acreditados ante la Supervigilancia. En menos de un mes, el 22 de julio de 2019, la misma empresa aparece con 300 escoltas acreditados que al parecer y según los documentos anexos de la denuncia, estarían vinculados laboralmente con Isvi Ltda y no con Tac Ltda.
