Por El Expediente | 15 de julio de 2025
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reaccionó con celeridad ante una nueva amenaza de muerte recibida por Gustavo Adolfo Rugeles Urbina, director de El Expediente Periodismo de Investigación, y solicitó formalmente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) una reevaluación inmediata del nivel de riesgo que enfrenta el periodista, así como la implementación de medidas de protección reforzadas.
En una comunicación enviada el 15 de julio de 2025 al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, la FLIP documentó un patrón sistemático de hostigamiento contra Rugeles, que incluye amenazas previas, señalamientos públicos y una detención injustificada, culminando en una reciente intimidación de las disidencias de las FARC o Nueva Marquetalia.
Nueva Amenaza de Nueva MarquetaliaEl 14 de julio de 2025, Gustavo Rugeles, identificado con cédula de ciudadanía 1015992936 y beneficiario de un esquema de protección de la UNP desde hace siete años, recibió una llamada telefónica de un sujeto que se identificó como integrante de las disidencias de las FARC o Nueva Marquetalia. Según la denuncia presentada por Rugeles ante la Fiscalía General de la Nación (radicado Orfeo 20255970010495), el individuo lo amenazó con “no meterse donde no lo han llamado” si no quería “terminar como Miguel Uribe”.
Esta intimidación se produce dos meses después de que El Expediente publicara en primicia una investigación que señaló a Nueva Marquetalia como responsable del atentado e intento de homicidio contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, una revelación que permitió a otros medios profundizar y confirmar esta línea de investigación ver primicia.La FLIP destacó que esta amenaza, recibida el 14 de julio, agrava un contexto de riesgo persistente y en aumento, que pone en peligro la vida de Rugeles, su familia y su equipo de trabajo, además de amenazar el ejercicio libre de la prensa.
La denuncia fue trasladada por la Policía Nacional a la Fiscalía para su investigación, y la FLIP informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando medidas cautelares.
Antecedentes de Amenazas y HostigamientoLa comunicación de la FLIP detalla un historial de agresiones contra Rugeles desde 2022, que configuran un patrón sistemático de intimidación relacionado con su labor periodística:
Abril de 2022: La entonces candidata Francia Márquez señaló a Rugeles por publicaciones sobre su familia, acusándolo de injuria y calumnia y responsabilizándolo por la seguridad de sus hijos. También cuestionó una nota sobre minería ancestral, acusándolo de difundir información falsa.
6 de abril de 2022: Rugeles recibió una llamada amenazante de un hombre con aparente acento guajiro, quien lo llamó “sapo” y afirmó: “con nosotros no se juega, no crea que no tenemos gente en Bogotá, sabemos dónde vive”. Esta amenaza estaría vinculada a una nota publicada el 3 de abril sobre presunta corrupción en La Guajira, relacionada con el desvío de $61.000 millones en ollas comunitarias.
19 de agosto de 2022: Dos cuentas en X (@pabloinspace
y @SanTiag15907160
) enviaron mensajes intimidatorios a Rugeles tras publicaciones sobre presuntas filtraciones ilegales de audiencias por parte de Carlos Hernán Escobar, representante legal de Francia Márquez.
14 de diciembre de 2022: Un video publicado en X por una persona que se identificó como miembro de un grupo armado ilegal acusó a El Expediente y a Rugeles de “persecución psicológica y mediática”. La FLIP emitió una alerta ver alerta y El Expediente publicó una nota al respecto ver nota.
10 de abril de 2023: La fiscal Angélica Monsalve emitió mensajes públicos contra Rugeles, El Expediente, Revista Semana y Caracol, acusándolos de injuria y exigiendo disculpas o pruebas por publicaciones sobre asuntos de interés público. Monsalve también cuestionó la labor periodística del medio, acusándolo de desinformar.
7 de abril de 2024: La congresista Martha Peralta publicó un comunicado en X desmintiendo una nota de El Expediente sobre corrupción en La Guajira y anunció acciones legales.
13 de mayo de 2024: Tras un trino de Rugeles apoyando una manifestación propalestina en el aeropuerto El Dorado, recibió amenazas desde las cuentas @AntiPatriaPunk
(“Éste malnacido hijo de perra todavía respira. Maldita sea con los nazis” y “Nazi malparido, este es un antisemita”) y @ValerioRolo
(“Con ese morenazi: déjalo, ya está muerto”).
7 de marzo de 2025: Rugeles denunció una nueva amenaza de muerte vía Facebook, desde la misma cuenta que lo había hostigado en diciembre de 2024 y febrero de 2025, con mensajes como “lo estamos pistiando” y “la gente que desinforma se está yendo de cajón”.
Estas intimidaciones están vinculadas a investigaciones de El Expediente sobre corrupción en La Guajira y a nivel nacional.
4 de marzo de 2025: Rugeles fue detenido por la Guardia Presidencial mientras se movilizaba en un vehículo de la UNP, bajo el argumento de una “orden presidencial”, un hecho que refuerza el contexto de riesgo.
Fundamentos Legales y Contexto de Riesgo
La FLIP sustenta su solicitud en el deber del Estado colombiano de proteger la vida, la seguridad y la libertad de prensa, conforme al artículo 2 de la Constitución Política, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte Constitucional ha establecido que las autoridades deben identificar riesgos extraordinarios, evaluar sus características, adoptar medidas de protección oportunas y efectivas, y reevaluar periódicamente el nivel de riesgo, especialmente ante nuevos hechos.
La Corte también ha definido una escala de riesgo, donde el nivel “extraordinario” implica amenazas que ninguna persona debe soportar, y el nivel “extremo” se presenta cuando el riesgo es grave e inminente. La FLIP argumenta que Rugeles enfrenta un riesgo extraordinario, agravado por la reiteración y escalamiento de las amenazas, que incluyen alusiones a represalias físicas y un patrón sostenido de hostigamiento.
Además, la FLIP resalta que la UNP, creada por el Decreto Ley 4065 de 2011, tiene la obligación de implementar medidas de protección idóneas y con enfoque diferencial, considerando el perfil del periodista, el contenido de sus investigaciones y el contexto de violencia en Bogotá. La capital registra 145 de las 644 agresiones contra periodistas documentadas por la FLIP en 2023 y 2024, relacionadas con temas de corrupción, administración pública, manifestaciones, conflicto social y elecciones.
La Corte Constitucional, en sentencias como T-040 de 2023 y T-205A de 2018, ha instado a la UNP a realizar evaluaciones de riesgo con enfoque diferencial y a evitar dilaciones injustificadas en la respuesta a solicitudes de protección.
La FLIP también subraya que los periodistas, al informar sobre abusos o situaciones ilegales, actúan como defensores de derechos humanos, lo que incrementa su vulnerabilidad. En el caso de Rugeles, su labor en El Expediente, un medio independiente con investigaciones de alto impacto, lo expone a riesgos particulares debido al contenido político y social de sus publicaciones y al contexto de hostilidad hacia la prensa en Bogotá.
Peticiones de la FLIP
La FLIP solicitó a la UNP: Incorporar los nuevos hechos, incluyendo la amenaza del 14 de julio de 2025, en la evaluación de riesgo de Gustavo Rugeles.
Valorar con urgencia la gravedad de este patrón de amenazas, que evidencia un riesgo extraordinario y en aumento, y adoptar medidas de protección reforzadas, ajustadas al principio de prevención y a las garantías para el ejercicio del periodismo.
Considerar el contexto de hostilidad hacia la prensa en Bogotá, donde Rugeles ejerce su labor, y la naturaleza de los temas cubiertos por El Expediente.
La FLIP adjuntó como pruebas la denuncia presentada ante la Fiscalía (radicado Orfeo 20255970010495) y el correo de la Policía Nacional que acusa recibo y traslada el caso por competencia.
Compromiso de El Expediente
Las amenazas no nos detendrán. En El Expediente, seguimos comprometidos con el periodismo riguroso e independiente, denunciando la corrupción y defendiendo la verdad, pese a los intentos de intimidación”.
“Agradecemos el respaldo de la FLIP y hacemos un llamado a las autoridades para que investiguen estos hechos con celeridad y garanticen nuestra seguridad”.
El Expediente reitera su rechazo a cualquier forma de violencia contra la prensa y exige que se proteja el derecho a informar libremente, un pilar fundamental de la democracia. Instamos a la ciudadanía y a los colegas periodistas a solidarizarse frente a estas agresiones y a respaldar la labor de los medios independientes.
Ver comunicación de la FLIP enviada al director de la UNP Augusto Rodríguez
