Por: Guillermo Rodriguez
La estrategia del gobierno para justificar el paquete de expropiaciones que ya se temía es cada vez más clara: fortalecer las estructuras ilegales alrededor de la minería. Al politizar deliberadamente el sector y generar un profundo descontento entre las comunidades y las empresas mineras formales, se cultiva el caos necesario para el verdadero objetivo: la expropiación de títulos mineros. Situación que ha sido una constante para esta administración creando narrativas inexistentes, las cuales como siempre buscan desacreditar el sector real que no solo genera empleo, sino ingresos a la nación.
El foco principal de esta estrategia está en el sector esmeraldero. No es casualidad que el gobierno haya puesto en riesgo la concesión de dos importantes minas de esmeralda. Ahora se entiende el afán del ejecutivo por inventarle «cuentos» a ese sector: necesita crear un enemigo para justificar la confiscación, mientras la minería ilegal se expande sin control. Vaya coincidencia que en muchos de los municipios en donde hay problemas de orden público, y sean focos importantes electorales, sean los mismos donde la minería ilegal funciona a sus anchas sin ningún control ni trapisonda alguna.
El plan parece ser estructurar la nacionalización y confiscación de estas minas bajo la excusa de perseguir supuestas «finanzas criminales», minas con título minero legal, con operaciones probadas. Se busca justificar la andanada de actos que generan inseguridad jurídica y económica con la «lógica» de que se recuperan bienes de la nación que estaban en poder de un enemigo ficticio. Todo esto se ampara en la atmósfera de caos promovida desde el discurso de un «estado permanente constituyente». Y con la patente que hay que entregarle el subsuelo de la nación a las comunidades “ancestrales”.
Mientras se ataca a la minería formal, la ilegal se fortalece. La eventual confiscación de estos títulos mineros afectará de manera directa a cientos de miles de personas que viven legalmente de la gema: mineros y sus familias, toda la cadena de explotación artesanal e industrial, el comercio formal y cientos de familias que viven de la talla y el pulido. Todo este ecosistema legal, que ha trabajado por la formalidad, desaparecería de tajo, dejando el campo libre a las estructuras ilegales que el gobierno dice combatir, pero que en la práctica se benefician de su política.
Corolario: El reciente ataque terrorista al Batallón Simón Bolívar en Tunja demuestra cómo se está ejecutando el fortalecimiento de los grupos ilegales en contravía de la ciudadanía y de las empresas boyacenses.