El ex magistrado y expresidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt Chaljub cuestiona a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia por no aceptar la recusación de una de sus magistradas, la doctora Myriam Ávila Roldán quien, a juicio del magistrado, como compañera suya en la Corte Constitucional estuvo presente en las discusiones y análisis de la posición que la Sala Plena de dicha Corporación adoptó respecto al caso y específicamente frente a la cuestionada acta 13 del 02 de marzo de 2015, la cual después de un tiempo quisieron alterar para prefabricar una prueba en su contra según el exmagistrado.
Dicha acta hoy reposa en la Corte Constitucional sin la firma del Secretario General ni del Presidente de la Corte, tal y como lo manifestó en su momento en el juicio seguido contra el ex magistrado la actual Secretaria General de la Corte Constitucional, Martha Sáchica de Moncaleano. Para Pretelt lo más grave es que la señora Ávila Roldán en su calidad de Procuradora Tercera Delegada para la Investigación Penal, fue designada como representante del Ministerio Público dentro del proceso contra el ex magistrado Pretelt Chaljub y como tal, se le remitió a ella copia de la totalidad del expediente.
Ello significa que tuvo pleno conocimiento del mismo y por lo tanto un juicio y predisposición frente al caso, vulnerándose así el derecho a un juez imparcial del ex presidente de la Corte Constitucional.
En casos como el de Armando Benedetti o Julián Bedoya se ha evidenciado cómo, a través de maniobras jurídicas y un presunto favorecimiento por parte de magistrados afectos al gobierno de turno, las decisiones en sus casos que los vinculan con multimillonarios desfalcos al fisco se han retrasado y dilatado, mientras tanto el caso de Jorge Pretelt, quien se declara víctima de una persecución política y judicial, sigue avanzando sin tener en cuenta elementos probatorios que impedirían la participación de Ávila y otros magistrados en el Caso Fidupetrol.
