Por: Gustavo Rugeles, director de El Expediente
15 de septiembre de 2025
El Expediente revela un nuevo ángulo en el irregular nombramiento de la magistrada María Leonor Oviedo Pinto, designada para resolver la apelación de la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En 2014, durante el paro judicial, denuncias por corrupción y fraude al fisco por más de $1.000 millones llegaron a los despachos del fiscal Eduardo Montealegre y el vicefiscal Jorge Perdomo, señalando a Oviedo Pinto —entonces Fiscal 13 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá— como “la fiscal millonaria”.
Estos hechos, reportados por Colprensa y republicados por Equipo Nizkor, resurgen hoy ante su rol en un caso de alta trascendencia, cuestionando su imparcialidad y legitimidad.
Las denuncias, que datan de 2007 y se extendían hasta 2014, acusan a Oviedo Pinto de bloquear procesos judiciales desde su rol como fiscal y juez, manejar recursos de manera amañada y recusas por parcialidad en órdenes de detención.
Ver: Fiscal en la lupa por aparente fraude y corrupción
https://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/jueces8.html
Se cuestionan consignaciones de $14 a $200 millones en entidades financieras, compras de inmuebles en Tocaima (Cundinamarca) y Pasto (Nariño) —incluyendo un predio de 1.000 m² en Tequeste Country Club que no figuraba en su declaración de renta—, acciones en Ecopetrol, depósitos en la Cooperativa de Justicia, viajes a Europa y la financiación de estudios de su hijo en el continente.
Todos estos gastos se atribuían solo a su salario judicial y docencia en la Universidad Los Libertadores, lo que generó dudas sobre su origen.Además, involucraban a familiares: Jesús Amparo Oviedo, magistrada del Tribunal de Cundinamarca, y Gloria Oviedo, con señalamientos de “amigos poderosos y peligrosos” en Pasto.
Una denuncia del 26 de agosto de 2014 llegó directamente a Montealegre, alegando que Oviedo Pinto manipulaba procesos para extender detenciones. En 2018, su postulación a magistrada de la Corte Suprema fue criticada por un proceso abierto por peculado en el despacho del magistrado Luis Enrique Bustos, y por trabajar con abogados de afectados en casos que investigó.
Hoy, como magistrada provisional sin méritos (reprobó concursos en 2013, 2018 y 2022, violando la Ley 270 de 1996, Arts. 164, 165), Oviedo Pinto integra la Sala Penal 19 para la apelación de Uribe, con un plazo hasta el 10 de octubre de 2025 (Acuerdo PCSJA25-12326).
Estas denuncias pasadas, no resueltas públicamente, plantean dudas sobre su idoneidad, especialmente ante el estándar de la Corte Interamericana (Reverón Trujillo vs. Venezuela, 2009), que exige integridad y mérito para independencia judicial.
El Expediente ratifica: el nombramiento de Oviedo Pinto agrava el vicio estructural del proceso contra Uribe, sumándose a irregularidad de la sentencia de la jueza Sandra Heredia (C-537/2016).
