Por: Alejandro Ramírez
Inicio esta columna presentando un sentido pésame a la familia del Dr Carlos Holmes Trujillo. La última semana, ésta grave pandemia arremetió ferozmente tanto en Colombia como en todas las latitudes del mundo salvo Israel, ejemplo a seguir para superar esta crisis sanitaria. Bien decía San Agustín, que “entre todos los milagros que pueden acontecer en esta vida, ninguno es tan grande como la vida misma” y es nuestro deber protegerla conservando las medidas de distanciamiento social, uso del tapabocas, limpieza y el lavado de manos. Pero el cuidado que exige el COVID de ninguna manera es un pretexto para evitar el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana, entre ellos la revocatoria de los mandatarios locales, prevista en nuestra Carta Constitucional.
Golpeados fuertemente por el coronavirus, así como por las medidas tomadas para evitar su propagación, en varias ciudades se inscribieron los comités ciudadanos para la revocatoria de alcaldes. En Medellín, Bogotá y Cali, la improvisación de medidas les ha pasado cuenta de cobro y en reciente sondeo, queda claro el deterioro de su imagen. Al ambivalente discurso de estos alcaldes, quienes autorizaron marchas en plena pandemia y al día siguiente anunciaron cierres, ahora denuncian la “mezquindad” de quienes promueven en contra de su mandato la revocatoria, olvidando que no hace mucho fueron ellos quienes promovieron un mecanismo de participación ciudadana con elevados costos para los colombianos, como fue la consulta anticorrupción y que para la alcaldesa de Bogotá en particular, sirvió como plataforma para su candidatura. Aún no entendemos cómo la alcaldía de Claudia López quiso adelantar la contratación para la semaforización de la capital en contravía de los pliegos tipo propuestas en la consulta anticorrupción.
Se les ha escuchado a los alcaldes argumentar razones de inconveniencia, por la gravedad de la pandemia, en oposición a la revocatoria. Pero queda demostrado, que lo realmente inconveniente es darle un compás de espera a la reactivación económica por tres años más, con fuertes presiones fiscales producto de la mermada actividad comercial como consecuencia de los cierres y en el contexto de una ola migratoria con devastadores efectos. No imaginamos que en medio de este complejo panorama continúen con sus polarizantes discursos, sus ataques a la fuerza pública y las contrataciones amañadas en medio de un año preelectoral. Mal hacen los burgomaestres utilizando sus redes para causar fuertes, pero pueriles polémicas: al alcalde de Medellín se le lee en su cuenta de Twitter que “Medellín ya no les pertenece” y a la alcaldesa de Bogota, publicando las fotos en sus vacaciones (viéndose obligada a terminarlas fugazmente) en medio del pico más alto de la pandemia, mientras aumentaba la ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo.
Así como Bogotá no tiene hoy 4000 UCIs, ni tenía capacitado al capital humano para operarlas, tampoco está comprobado que tenga la variante inglesa del COVID. Pero la inseguridad de la capital viene creciendo y son muchos, incluidos quienes votaron por la actual mandataria, los que empezaron a cuestionar su particular forma de administrar los asuntos de la capital. En Medellín, quienes contribuyeron a la elección del alcalde también han manifestado públicamente su conformidad con el movimiento de la revocatoria. Cuando anunció 1000 unidades de cuidado intensivo, a mediados de enero escasamente llegaba a 900.
Para finalizar, el argumento de los alcaldes de evitar gastos innecesarios en los mecanismos de participación ciudadana, cuando podrían dedicarlos a combatir el COVID, contrasta con las altas cifras que sus administraciones han dedicado a los contratos de publicidad para favorecer su imagen, aún en medio de la pandemia. Según la FLIP, entidades como Telemedellín presionan para evitar la publicación de temas negativos e impopulares para la actual administración, y en Bogotá, la alcaldesa que criticaba al anterior mandatario por la contratación en publicidad, señalando en ella “gastos absurdos para salir de su imagen negativa…” incurre en esa misma conducta, a través de entidades como ETB. Es previsible que estos contratos publicitarios de las administraciones de Medellín y Bogotá incrementen sus montos, asegurándose levantar la deteriorada imagen de ambos alcaldes, y evitar así el éxito de los movimientos por la revocatoria. Pueda ser que esta vez los ciudadanos participen masivamente como se exige en una iniciativa de este calado y eviten su fracaso. No se había visto un momento más difícil y exigente para la administración pública.
José Alejandro Ramírez L.
