Por: Alejandro Ramírez Londoño
La reciente decisión del gobierno Petro de rebajar el presupuesto de la rama judicial, en vindicta a la declaratoria de inexequibilidad del parágrafo 1o, artículo 19 de la reforma tributaria (ley 2277 de 2022) por parte de la Corte Constitucional, norma que prohibía la deducción de regalías de la base gravable del impuesto de renta a las empresas del sector exploración y explotación de recursos naturales no renovables (RNNR), nos recuerda la sabiduría de Voltaire “Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado”, pero ha tenido y traerá aún consecuencias más importantes para el país.
Habiendo tachado Petro esta sentencia como un retroceso, del análisis de la decisión de la Corte se advierte todo lo contrario, toda vez que dicha norma establecía una confiscación esto es, en palabras latas un “exprópiese” al mejor estilo del referente del primero, Hugo Chávez. El monto de la expropiación, según el portal de la presidencia se estimaba en cerca de 10 billones hasta el 2026. Monto que podría ser mayor si el mismo gobierno no proyectara en el escenario de la transición energética un desestímulo peor a la producción de energías fósiles en Colombia, cuyo principal perjudicado ECOPETROL empezó ya a decrecer en sus utilidades, mientras el presidente pretende incentivarlas para el gobierno de Venezuela y su Petrolera enlistada en la OFAC, PDVSA. Visto desde ese punto de vista, la Corte Constitucional evitó una expropiación esto es, quedó demostrada la importancia de la independencia de poderes establecida en la Constitución y en este caso la garantía institucional para los inversionistas de nuestro país. No podemos dejar de lado que la demanda a esta norma proviene de la Cámara de Representantes, específicamente de Carlos Edward Osorio Aguiar del Centro Democrático, a quien felicitamos por este importante logro.
Y de acuerdo a lo antes dicho, las consecuencias que le imprime esta decisión de la Corte Constitucional a los proyectos que se tramitan en otras ramas del poder público, como en la Cámara de Representantes lo ilegal en la reforma al sistema de salud como quiera que ya advirtió que le dio trámite de una ley ordinaria cuando se trata de una ley estatutaria, por lo que se calcula tampoco pasará este examen de Constitucionalidad. Trámite que enfrentará consecuencias en otros ámbitos del derecho, como el penal o el disciplinario, una vez el Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo dejó a la vista de todo el país que consiguió los votos a cambio de la participación en el gobierno de la que “disfrutan los congresistas de la coalición mientras hacen oposición al gobierno” tal como lo ratificó el Presidente de la República en posterior trino. La amenaza del retiro de las cuotas del partido Verde del gobierno si acaso traería un nuevo remezón en el gobierno (p.e. director del Dapre, director del SENA, presidente del ICETEX, entre otros) – cual sucedió de manera constante cuando se desempeñaba como alcalde de Bogotá – y de tajo un deslinde del partido verde cuya probabilidad proviene más de la amplia desfavorabilidad que ya muestra Gustavo Petro en las encuestas que no compra (desaprobación del 66% en la última encuesta Opinómetro Datexco).
Otro sector que ha sufrido consecuencias por las amenazas del gobierno es el de la construcción de infraestructura de concesiones viales, cuando manifestó Petro en un discurso que estudiaba la posibilidad de revertir algunas de ellas a la nación (p.e. La vía al Llano) o cuando recientemente manifestó su Ministro de Transporte que se aprestaba a revisar las condiciones contractuales de los contratos 4G o 5G, en contravía de lo dicho por Gustavo Petro en el último Congreso Nacional de la Infraestructura en Cartagena y que entendemos, entraña graves ilegalidades como lo advirtió en reciente entrevista la ex ministra Ángela María Orozco. No le importó al gobierno que dicho sector viene cosechando reconocimientos internacionales por el posicionamiento del país y la competitividad que aporta dicha infraestructura a su economía, pero todavía su gobierno no logra hacer la primera adjudicación de una vía carretera, férrea o fluvial. Sólo anuncios.
No menos graves son las amenazas del gobierno Petro al gremio de la producción agrícola y pecuaria. No se nos olvide que ha acosado al gremio de los cafeteros especialmente desde la elección de su Gerente, el huilense Germán Bahamón y así mismo a los propietarios de los predios rurales a quiene amenaza a través de un proyecto de decreto de “movilización y organización campesina por la reforma agraria” en su política de tierras – guerras?- al que la Procuraduría General de la Nación advirtió excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo. No en vano, no hay semana que no escuchemos de una ocupación ilegal de un predio, vías de hecho que vienen siendo repelidas por sus legítimos propietarios de la mano de la solidaridad de vecinos y fuerza pública en ejemplares Brigadas Solidarias Ganaderas.
Lo que queda claro de las constantes amenazas con las que pretende gobernar Gustavo Petro es que sólo afectan a todos los colombianos quienes, pese a las ilegalidades manifiestas en sus políticas, ven contra el sustento de sus familias el freno multimillonario que ya produjo en la inversión en los sectores de hidrocarburos, que en el primer semestre presentaba una caída del 27% en equipos de perforación; en la construcción de infraestructura, sector que encabezó las pérdidas de la economía nacional con una caída del 8% en el último reporte del DANE; o en el sector agrícola, el que entró en recesión desde el segundo semestre de este año y está a la espera de las cifras de producción cafetera; todo lo cual contribuye a una economía que amenaza recesión, fuera del mayor desempleo que ya se advierte con la propuesta de reforma laboral.
No se entiende cómo en un entorno económico gravemente afectado por las amenazas del gobierno nacional y ante el palpable aumento de la conflictividad social se disminuye el presupuesto de la rama judicial, en vez de proponer el retiro de los decretos que crean burocracia ineficiente como el Ministerio de la Igualdad con sus 5 viceministerios y 20 direcciones, o el programa de transferencias entre otros, para los jóvenes “por no matar”. Y menos, que siga insistiendo en flexibilizar la regla fiscal, lo cual se espera encuentre un freno institucional como el que esta semana le puso la Corte Constitucional.
