Por: Saúl Hernández Bolívar
Una voz altiva cuando todos parecen muertos de miedo devuelve la esperanza y la ilusión. Todavía hay luz en la poterna y guardián en la heredad.
Sería muy grave que un general de las Fuerzas Armadas salga a decir por quién votar o por quién no hacerlo. Esa clara participación en política electoral está expresamente prohibida por la Constitución y debería acarrear sanciones graves.
Otra cosa es que un general, y más concretamente el comandante del Ejército, salga a encarar los agravios que un ciudadano profiere contra el honor militar, máxime cuando se trata de un ciudadano que estuvo alzado en armas contra el Estado y cuyos crímenes permanecen impunes.
Aún más, cuando se trata de un ciudadano que ostenta reconocimiento y visibilidad como senador de la República y como candidato a la Presidencia, y cuando tiene la osadía de aprovecharse de la muerte de siete soldados para hacer acusaciones temerarias sin pruebas y sin destinatario. Pura politiquería.
Si Gustavo Petro sabe de generales del Ejército que pertenecen a la nómina del Clan del Golfo, u otro grupo criminal, lo que le corresponde es denunciarlos ante los entes de control y, ojalá, con nombre propio ante la opinión pública, en vez de lanzar esas denuncias gaseosas que solo pretenden enturbiar el panorama institucional y pescar en río revuelto.
Hace bien el general Zapateiro al rechazar esas sórdidas afirmaciones que, sin sustento, no pasan de ser vulgares injurias e infames calumnias que ningún servidor público está obligado a soportar y mucho menos aquellos que exponen sus vidas para proteger a los demás colombianos, incluyendo a quienes tratan a los uniformados con odio y desdén.
Muchos oficiales han sido debidamente sancionados y han terminado en la cárcel cuando se les ha comprobado su participación en hechos delictivos que, sobra decirlo, no comprometen a la institución castrense porque no hacen parte de sus políticas. La responsabilidad penal, en este caso, sigue siendo individual; cosa que no podría afirmarse de quienes pertenecieron a una organización conformada expresamente para delinquir.
Tal vez, en gracia de discusión, podría aceptarse la opinión de que al general Zapateiro se le fue la mano al acotar que él nunca ha visto generales recibiendo dinero mal habido en bolsas de basura como el candidato Petro; mas ello tampoco constituye una participación en política sino una decidida defensa de la institución. Otra cosa es que muchos lo entiendan como un llamado a no votar por Petro, un delincuente.
Las Fuerzas Militares de Colombia no son deliberantes; sus miembros no pueden votar, ni siquiera opinar sobre política. A diferencia de muchos otros países, nuestros uniformados están castrados, son como ciudadanos de segunda, pero se pueden expresar a través de sus familias. ¿Eso es lo que pretendía Zapateiro?
La verdad es que sería absurdo que las familias de nuestros actuales uniformados, de los reservistas, de los veteranos —abuelos, padres, consortes, hijos, tíos, sobrinos, primos y demás—, voten por el candidato de la extrema izquierda, la opción política en la que militan sus enemigos más visibles: las Farc, el ELN, la Primera Línea… Son varios millones de votos potenciales que deberían tener muy claro por quién votar sin que haga falta que un general lo diga.
Nada de «Zapateiro a tus zapatos»; una voz altiva cuando todos parecen muertos de miedo devuelve la esperanza y la ilusión. Es prueba de que aún hay luz en la poterna y guardián en la heredad. Gracias, general. Y que se oiga su grito de batalla en toda Colombia: ¡AJÚA!
