Por: Leandro Ramos
El próximo 24 de noviembre, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) lanzará su nuevo Informe nacional (2020-2021). Una fuente valiosa de datos, análisis y recomendaciones relacionados con la economía, el Estado y la sociedad.
De alguna manera, estos informes ofrecen una plataforma política elaborada, con transformaciones estratégicas que necesita el país para pasar de una economía de sobrevivencia a otra de desarrollo productivo. Sus contenidos, por más de diez años, deberían haber guiado los planes de desarrollo nacional y local, así como la agenda legislativa, pero no es así –salvo alguna incidencia conceptual en la “política pública”.
Colombia sigue anclada en una gestión económica estado-céntrica. La reflexión consagrada en el país y las decisiones relevantes giran alrededor de la hacienda pública, las reformas tributarias, el salario mínimo, las privatizaciones, la última especulación econométrica. Rutinas que la pandemia profundizará, mientras reencaucha a los expertos de toda la vida.
Por esa ruta, el país nunca alcanzará crecimientos anuales sostenidos del PIB por encima del 5 %, mucho menos cercanos a los dos dígitos. Con mayor razón si no resuelve su grave problema de productividad. Este punto, largamente subrayado en los informes del CPC a partir de una reflexión internacional consolidada al respecto, apenas interesa en los círculos de decisión. El deterioro actual del debate político anegará aún más su espacio de examen; dada la izquierdización de buena parte del espectro político, volcado ahora hacia preceptos estatizantes y desentendido de las economías ilegales: “distribución de la riqueza”, “renta básica”, “garantía de derechos”, “sustitución de importaciones”, etc.
El actual Informe nacional de competitividad señala que la Productividad Total de los Factores (PTF): “acumuló en 2018 una caída de 16,6 % frente al año base (2000), por debajo del promedio de América Latina (-11.8 %) y de la OCDE (+2.1 %). Es notable cómo, en el mismo periodo, Tailandia aumentó su productividad en 28.2 % y China casi la duplicó (96.2 %). Ahora bien, Colombia creció en promedio 3.8 % en lo corrido del siglo. De la descomposición del crecimiento en los factores observables del producto –trabajo y capital– y su residuo, se tiene que 2 puntos porcentuales de la variación media en el periodo 2000-2018 se explican por el aporte del trabajo, y 2.8 por el del capital. Esto es, la PTF –indicador aproximado de la eficiencia en producción– no solamente no aportó al crecimiento de la economía, sino que, en promedio, restó un punto porcentual a la variación del PIB” –si bien el 2019 mostraría por primera vez, desde 2013, un punto porcentual positivo del PTF.
Es decir, el potencial del país para crear riqueza se esfuma en una quinta parte debido a la incapacidad nacional para producir más y mejores bienes y servicios con el capital y la fuerza laboral existente. Estas ineficiencias se encuentran dentro de las empresas, ancladas en sectores económicos y obstaculizando el libre juego de oportunidades de negocio. A su vez, derivan de los tradicionales problemas en materia de seguridad pública, imperio de la ley y recaudo tributario. Así como del déficit de infraestructura civil, energética, digital y de medios óptimos de transporte y logística; sobre todo lo cual el gobierno anterior divulgaba que estaba en plena “revolución”, casi resuelto.
Las fuentes de improductividad también se asocian al tipo de formación del capital humano (bajas competencias básicas, escasas de naturaleza técnica); a rasgos de la cultura ocupacional (informalidad, autoempleabilidad); a los altos costos regulatorios; y al agudo rezago tecnológico, en gran medida atribuible a los débiles o inútiles mecanismos de adopción o adaptación de los estándares internacionales de producción o gestión. Ni hablar de la conducción que tenemos en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, caracterizada por la falta de enfoque y la asignación inadecuada de recursos escasos, aunque pletórica de discurso.
El recurrente diagnóstico de improductividad obliga a pasar a otro nivel de visión y acción pública. No es suficiente hablar de “confianza inversionista”, “emprendimiento”, o “economías creativas”. Por su parte, el sector privado debería redefinir el tipo de interlocución que sostiene con la clase política y comunicar de otra manera sus concepciones sobre la conducción del Estado. Como burguesía, debe exigir que la agenda de desarrollo productivo que plantea sea resuelta por los gobiernos, al tiempo que como colectivo social crece y se revitaliza, bajo el único criterio del éxito económico legal. Al final, ganaríamos todos.
