Por: Duván Idarraga
El DANE publicó su reciente informe sobre el nivel del desempleo del país; en abril del 2025 lo ubica en el 8.8%, muy inferior al del año anterior del 10.6%; la actual, una cifra muy favorable. Sobre este tema es importante mencionar dos aspectos:
El primero, de acuerdo al mismo boletín del DANE, el sector oficial es el responsable de la creación de 235.000 empleos. Si bien aporta a la diminución de la cifra total de desempleo, desde el punto de vista de crecimiento y desarrollo económico es poco o nada lo que significa; lo contrario, la mayor burocracia representa más gasto público y mayor ineficiencia en el sector oficial.
Adicionalmente, gran parte de estos nuevos cargos obedecen a Contratos de Prestación de Servicio que se han disparado en este gobierno (durante el mismo, han firmado 229.128 contratos, un incremento del 51% y por un valor de $9.14 billones, según datos publicados por Daniel Briceño) y que se han utilizado por entidades como RTVC para un manejo totalmente politiquero, al renovarlos cada 3 meses.
El otro aspecto que hay que mencionar de este resultado publicado por el DANE, está relacionado con la tasa de informalidad de empleo en el país que pasó de abril del 24 del 56.1% al 57.7% en abril del 2025. En número, pasó de 12.735.000 colombianos informales en 2024 a 12.966.800 en 2025, 230.995 personas más; es decir, que si bien hay personas que perciben algún tipo de ingreso por una actividad laboral, no está formalizado en el sistema de seguridad social, lo que significa simplemente es una mayor precarización del empleo en Colombia.
Destaco esto último para recordar el estudio publicado por el Banco de la República el año pasado que determinó que la reforma laboral propuesta por el gobierno Petro podría significar la pérdida de al menos 450,000 empleos formales; tema que fue justificado por en su momento por el exministro Bonilla diciendo que el informe no decía que se perdieran empleos, simplemente que pasaban a ser informales, como si esta circunstancia no fuera lo suficientemente grave (como anécdota, dentro del equipo de investigadores del Banco, estaba su hijo).
Otro aspecto, que fue reconocido por la ex ministra de trabajo Gloria Álvarez, es que la reforma laboral propuesta por el gobierno no era para crear nuevos empleos; simplemente, para mejorar las condiciones laborales de los empleados actuales, en contra de la posibilidad de ofrecer nuevas alternativas para cientos de miles de colombianos que están esperando una oportunidad laboral formal.
Hace un par de días, la Comisión Cuarta del senado logró la aprobación de una reforma laboral con algunas modificaciones a lo que se había presentado por el gobierno; contó con el voto negativo de dos senadores del Centro Democrático, quienes no estuvieron de acuerdo en que todos estos aspectos aprobados cobijaran a las pequeñas y microempresas, dado el alto riesgo económico para estos segmentos ante el mayor incremento de los costos laborales.
Si bien es cierto varios de los aspectos aprobados en la Comisión Cuarta suenan interesantes y muy positivos para los trabajadores, hay que evaluar cuál puede ser el impacto en el corto y mediano plazo para la estabilidad de las empresas tener esos mayores costos laborales, calculados en hasta un 35% de alza.
Es claro que esta cifra afecta a todos los empresarios pero de manera más drástica a más del 90% de las empresas colombianas que están clasificadas en el rango de pequeña y micro. Se aprobó el incremento del recargo dominical y festivos de manera escalonada, subiendo al 80% a partir del primero de julio del 2025; el 90%, a partir del primero del julio del 2026 y el 100% a partir de primero de julio del 2027.
También se aprobó que la jornada nocturna iniciara a las 7 PM y no a las 9 PM como está hoy. Estos dos aspectos tendrán un impacto muy oneroso para todas las actividades económicas que realizan su labor en esas condiciones y que son intensivas en mano de obra como comercio, clínicas, empresas de vigilancia, hoteles, restaurantes, etc. ¿Cuántas de estas empresas podrán resistir esos mayores costos? La otra opción, lo van a trasladar al precio de sus productos y servicios incrementado la inflación. También se aprobó que los contratos a término fijo solo puedan celebrarse por periodos no mayores a 5 años; si bien es una figura que busca garantizar la estabilidad laboral, va en contra de las condiciones particulares de muchas empresas que por su esquema de negocios no pueden tener contratos a término indefinido.
Empresas de aseo, de vigilancia, por ejemplo, se afectarán. Otro de los artículos autorizados tiene que ver con la licencia para pedir citas médicas; considero que esto no es necesario, actualmente la legislación laboral garantiza ese derecho a todos los trabajadores. También se aprobó el pago de una prima adicional a la legal cuando la empresa crezca más del 4% al año.
Una propuesta que parece positiva pero, indiscutiblemente, un mayor costo laborar para los empresarios; que al igual al incremento de los recargos dominicales, implicará el cierre de muchas o el traslado al precio que paga el usuario o consumidor.
El cambio a los contratos de aprendizaje, es uno de los aspectos más onerosos para las empresas. Obliga al contrato laboral de tipo fijo para esta modalidad, lo que significa que los aprendices tendrán los mismos derechos laborales que cualquier empleado con experiencia. Es claro que las empresas optarán por contratar personas con experiencia en vez de los aprendices.
Al final, implicará que se cierran oportunidades para los aprendices. Es Claro que la reforma laboral aprobada está llena de buenas intenciones, pero se evidencia que está creada por políticos que nunca han tenido la posibilidad de generar empleo, de tener un negocio propio (pagando empleados con todos los beneficios, más impuestos nacionales y municipales) y que no está acorde a la realidad económica del país.
Mayores costos laborales van a significar la pérdida de empleos y el cierre de muchas empresas, especialmente del sector micro y pequeña, que son más del 90% del tejido empresarial del país. La plenaria del Senado debe corregir estos elementos y proponer mecanismos que disminuyan la excesiva carga laboral e impositiva para los empresarios y que redunden en la generación de empleo formal para cientos de miles de colombianos que hoy están en el sector informal.
Es la creación de empleo formal lo que apunta al desarrollo y crecimiento económico y social del país; hay que ayudarle a los empresarios, si a ellos les va bien, a Colombia le va bien. Nota: Un par de datos que inquietan y mucho: Déficit fiscal y endeudamiento.
Sobre lo primero, el dato a marzo ya es del 2.0% del PIB, la cifra más alta desde 2024. Lo más preocupante, analistas financieros dan sus proyecciones sobre el tema: El equipo económico del Banco de Bogotá apunta a que el déficit fiscal sería de $138,8 billones, lo que equivale al 7,8 % del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra solo vista en la historia del país durante la pandemia. ANIF lo estima en el 7.1%. Los dos datos peores que el de 2024 del 6.8%, absolutamente catastrófico. Mas grave, el gobierno nada que recorta radicalmente los gastos de funcionamiento.
El gobierno Petro sigue creciendo el endeudamiento total del sector público: En octubre del 2024 era de $992 billones; para abril de 2025 incrementó a $1.088 billones, subió en 6 meses $96 billones ( el 9,67%), pero sigue diciendo que fue el gobierno del Presidente Duque.
