Elsa Noguera no esperó a que el tema se pudriera. Con apenas tres semanas al frente del Ministerio de Transporte, la barranquillera frenó tres cámaras nuevas en la Vía al Mar —las que habrían llevado a siete puntos de fotodetección entre Barranquilla y Cartagena— y el presidente Abelardo De La Espriella le dio, el pasado 23 de agosto, el respaldo que le faltaba: revisar todas las fotomultas del país. Lo que empezó como un exceso local en un corredor turístico se convirtió, en menos de una semana, en una orden nacional contra un negocio que durante casi dos décadas se disfrazó de seguridad vial y que, en buena parte del territorio, terminó en manos de operadores privados que se quedan con un porcentaje alto —a veces mayoritario— del recaudo.
La instrucción presidencial fue explícita: «revise a fondo el funcionamiento y la legalidad de todas las fotomultas en el territorio nacional», escribió De La Espriella, y remató con una frase que ya circula como consigna del nuevo Gobierno: esos mecanismos deben servir para proteger la vida, no para convertirse en una trampa contra el ciudadano ni en un negocio a costa de su bolsillo. El Ministerio de Transporte, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte, va a examinar autorización, justificación técnica, señalización, límites de velocidad y concentración de dispositivos en cada corredor del país. Noguera lo dijo sin rodeos: «donde encontremos abusos o irregularidades o incumplimientos, actuaremos con la contundencia que corresponde». No habrá un desmonte a ciegas, pero tampoco se dejarán aparatos instalados solo porque ya están ahí o porque alguien los necesita para cobrar.
El dato es difícil de ignorar. Entre 2021 y 2025 las muertes por siniestros viales en Colombia subieron cerca del 20 por ciento —de 7.300 a 8.700—, mientras se autorizaban 670 cámaras nuevas en el mismo periodo. Más cámaras, más muertos: la correlación inversa a la que en teoría debería producir un sistema diseñado para salvar vidas. Solo en el Atlántico, donde Noguera dio el primer golpe, las víctimas por siniestros viales aumentaron 20 por ciento entre 2024 y 2025, según cifras del propio Instituto de Tránsito departamental —la misma entidad que defendió la instalación de las cámaras ahora suspendidas alegando estudios técnicos de accidentalidad.
Detrás de buena parte de las cámaras del país hay un mismo apellido corporativo: Quipux S.A.S., firma antioqueña fundada por el empresario Hugo Zuluaga, fallecido en abril de 2026 en un accidente en Punta Cana. Zuluaga construyó su negocio importando —inicialmente desde Rusia— los primeros equipos de fotodetección y ofreciéndolos a alcaldías y gobernaciones bajo un esquema en el que el municipio prácticamente no arriesgaba inversión: la empresa ponía la tecnología y se quedaba con un porcentaje del recaudo, que en algunos contratos llegó al 20 o 30 por ciento del valor de cada comparendo pagado. En Medellín, un concejal denunció en su momento que si el infractor pagaba dentro de los primeros tres días —cuando la multa baja a la mitad—, ese dinero cubría exactamente lo que le correspondía a Quipux, sin que un solo peso llegara a la Secretaría de Movilidad. La Alcaldía de Medellín terminó rompiendo el contrato; hoy es la única gran ciudad del país donde el sistema de fotomultas no opera bajo ese modelo de recaudo privado.
El patrón se repite en el resto del territorio. En Popayán, el Concejo Municipal denunció en noviembre de 2025 que el contrato entre Quipux y la empresa de telecomunicaciones local EMTEL concentra el ingreso generado en las vías de la ciudad mientras la semaforización y la seguridad vial siguen sin resolverse; el contrato fue entregado durante la administración del exalcalde César Cristian Gómez Castro, hoy investigado por la Corte Suprema de Justicia por presunto contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. En Rionegro, el mismo esquema con Quipux fue calificado por concejales como «leonino». En todos los casos, la estructura es idéntica: el municipio pone la infraestructura vial, el desgaste político y el costo social del malestar ciudadano; el operador privado se lleva la mayor tajada del recaudo.
En el departamento donde Noguera dio la primera estocada, el sistema está concesionado hasta septiembre de 2029 a la Unión Temporal Movilidad Digital Atlántico, integrada por Quipux (70 por ciento) y Engimar Consulting S.A.S. (30 por ciento). Del dinero que entra por las fotomultas, la unión temporal se queda con el 38 por ciento, el Instituto de Tránsito del Atlántico con el 45 y el Simit con el 10. Las tres cámaras que la ministra mandó a suspender en la Vía al Mar —previstas para la entrada de Playa Mendoza, el Sombrero Vueltiao y el Volcán del Totumo— no eran un capricho técnico: eran obligación contractual de esa misma concesión.
La capital, con cerca de 88 cámaras activas según la Agencia Nacional de Seguridad Vial —la mayor concentración del país—, sostiene que no tiene concesión privada para imponer comparendos, porque un agente valida cada foto antes de expedir la multa. Pero el negocio, aun sin concesión formal, tampoco es enteramente público: la Secretaría de Movilidad le pagó a la ETB 8.489 millones de pesos por 25 cámaras, y en el Concejo de Bogotá ya se señala un sobrecosto de 1.535 millones frente al precio de fábrica de los equipos Hikvision y Neural Labs utilizados. De los 81 dispositivos instalados en la ciudad, 35 están suspendidos; el costo de mantenimiento subió 172 por ciento y el de calibración se disparó 981 por ciento entre 2022 y 2025. Pese a esas cifras, la Alcaldía de Carlos Fernando Galán insiste en ampliar el sistema: 41 cámaras nuevas ya autorizadas, 18 de ellas en NQS, Las Américas y El Dorado, listas para empezar a multar el 12 de septiembre. El secretario de Movilidad, Orlando Ortiz, las llama «cámaras salvavidas». El propio ministro del Interior, Rodrigo Lara, no usó eufemismos: calificó las 41 cámaras nuevas como «un abuso con los bogotanos».
El recaudo bogotano habla por sí solo: de 6.700 millones de pesos en 2020 a más de 250.000 millones en 2024; en cinco años, la cifra acumulada supera los 552.000 millones de pesos. Las localidades de Suba, Kennedy, Engativá, Puente Aranda y Barrios Unidos concentran, a la vez, el mayor recaudo y la mayor siniestralidad vial de la ciudad en lo corrido de 2026 —una coincidencia que debería, en teoría, ser la prueba de que el sistema funciona, pero que tanto el Concejo como el propio Gobierno nacional ponen hoy en duda.
El golpe de la nueva ministra no llega en el vacío. La administración anterior ya había abierto una investigación sobre 7,5 millones de comparendos por fotodetección en todo el país. De esos, 1,58 millones fueron efectivamente pagados —más de 1,05 billones de pesos recaudados—, mientras 5,83 millones deberían revocarse de oficio por irregularidades. Doce organismos de tránsito arrancaron a operar sin concepto técnico previo, siete lo hicieron con autorizaciones expedidas a nombre de terceros, y 18 consiguieron el papeleo después de haber empezado a multar. Cali concentra 2,7 millones de esos comparendos cuestionados; Medellín, más de 717.000; Bogotá, cerca de 294.000; Barranquilla, más de 131.000.
Noguera hereda ese expediente completo y ahora lo cruza con una revisión física de cada cámara y de quién se queda con la plata que produce.
Queda por verse cuántas cámaras caen, qué pasa con el billón de pesos ya cobrado bajo comparendos que la propia investigación anterior recomienda revocar, si la Alcaldía de Bogotá acepta congelar las 18 cámaras que arrancan el 12 de septiembre, y cómo —o si— se reescriben las concesiones que hoy le entregan a operadores privados como Quipux hasta cuatro de cada diez pesos recaudados. El mensaje del nuevo Gobierno, en todo caso, ya quedó puesto sobre la mesa: la ministra de Transporte le metió la mano a un engranaje que durante casi veinte años funcionó como caja registradora en la carretera colombiana. Si Noguera cumple lo que anunció, Quipux y los demás operadores del negocio van a tener que explicar, cámara por cámara, para qué sirve cada lente y a quién le llega el cheque.