Por: El Expediente
El petróleo y el gas siguen siendo, para la economía colombiana, mucho más que un sector productivo entre otros: son la fuente de una parte significativa de los ingresos fiscales del país, del flujo de divisas que sostiene la balanza de pagos, y del empleo formal en varias regiones que dependen casi exclusivamente de esa industria. Por eso el diagnóstico que documenta el Libro de la Verdad —el informe que el gobierno de Abelardo de la Espriella presentó tras el proceso de empalme con la administración saliente de Gustavo Petro— sobre el estado del sector Minas y Energía resulta tan preocupante: no describe un problema aislado, sino un deterioro simultáneo en dos frentes que se retroalimentan entre sí.
El primero es el de la seguridad operativa. Entre 2022 y 2025, el sector registró 6.273 bloqueos a operaciones de hidrocarburos en todo el país, una cifra 2,6 veces mayor a la registrada durante el cuatrienio anterior. Cada uno de esos bloqueos representa una interrupción directa de la actividad productiva, con el efecto en cadena que eso implica: menos producción, menos regalías para las regiones, menos empleo formal, y una señal cada vez más clara para cualquier inversionista de que operar en Colombia implica asumir un riesgo operativo que, en la práctica, se multiplicó por más de dos en apenas un periodo presidencial.
El segundo frente, y quizás el más determinante para el futuro fiscal del país, es el de la producción misma. Según documenta el informe, la producción petrolera colombiana cayó hasta su nivel más bajo en cinco años, mientras que las reservas de gas natural se redujeron un 16,8% en un solo año. No se trata de una fluctuación normal del mercado energético: es una tendencia sostenida que, combinada con el aumento de los bloqueos operativos, dibuja un panorama de reducción estructural de la capacidad productiva energética del país, justo en un momento en que Colombia necesita esos recursos más que nunca para financiar su transición energética y sostener sus finanzas públicas.
El propio balance sectorial, firmado por el ministro de Minas y Energía, añade contexto adicional sobre por qué el sector llegó a este punto: entre 2022 y 2026 se expidieron 333 normas dirigidas a restringir la actividad minera y energética, sumadas a la declaratoria de figuras como las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, los Territorios Campesinos Agroalimentarios y diversas reservas temporales que, en la práctica, suspendieron proyectos productivos focalizados. El resultado, según el propio informe, es una inestabilidad jurídica que ya se refleja directamente en la caída de la inversión del sector.
La otra cara de esta historia es la que ocupa el espacio que la producción legal dejó de cubrir: la extracción ilícita de oro por parte de estructuras criminales mueve, según el informe, más de 3.000 millones de dólares al año en Colombia, y ha afectado ya más de 80.000 hectáreas del territorio nacional, con un pasivo ambiental acumulado de $6,02 billones de pesos a cierre de 2025. Recuperar ese mercado para la economía formal, calcula el propio Ministerio, aumentaría en $6,1 billones el recaudo por impuestos y regalías —una cifra que ilustra, con crudeza, cuánto le cuesta al Estado colombiano no tener el control efectivo de sus propios recursos naturales.
El gobierno de Abelardo de la Espriella recibe, entonces, un sector energético atrapado en una tenaza: por un lado, una producción legal en caída sostenida, presionada por bloqueos que se multiplicaron y por un marco regulatorio que el propio informe describe como excesivamente restrictivo; por otro, una economía criminal paralela que crece precisamente en el espacio que la producción formal va dejando vacío. Resolver esa tenaza, sin sacrificar ni la seguridad energética del país ni la protección ambiental que en teoría motivó buena parte de esa regulación restrictiva, es, según reconoce el propio Libro de la Verdad, uno de los retos más complejos que hereda el nuevo gobierno.