Por: El Expediente
Hay una diferencia fundamental entre gastar dinero público y invertirlo: la primera exige solamente ejecutar un presupuesto, la segunda exige, además, poder demostrar qué cambió gracias a ese gasto. El Ministerio de Salud y Protección Social del gobierno de Gustavo Petro, según documenta el Libro de la Verdad tras el proceso de empalme con la administración de Abelardo de la Espriella, financió durante cuatro años consecutivos uno de sus programas más emblemáticos de atención primaria sin poder ofrecer, al final de ese periodo, evidencia verificable de sus resultados.
El programa en cuestión son los Equipos Básicos en Salud: grupos interdisciplinarios conformados por médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, odontólogos, psicólogos y trabajadores sociales, entre otros profesionales, vinculados a las Empresas Sociales del Estado con la misión de llevar atención primaria —promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención básica— directamente a los territorios, con especial énfasis en las zonas rurales y apartadas donde el sistema de salud tradicional llega con más dificultad. Fue, sin duda, una de las apuestas centrales del gobierno saliente para avanzar, por vía administrativa, en componentes de su reforma a la salud mientras esta seguía su trámite, todavía incompleto, en el Congreso de la República.
Entre el último trimestre de 2022 y junio de 2026 se asignaron más de $6,8 billones de pesos a financiar estos equipos en todo el país. Es una cifra que, por sí sola, representaría una de las apuestas de inversión social más ambiciosas del cuatrienio. El problema, documentado con precisión por el Libro de la Verdad, es que hasta la fecha de corte del informe, la Superintendencia Nacional de Salud no se había pronunciado sobre la ejecución y el uso real de esos recursos, y no existe, en paralelo, ninguna evaluación formal sobre el impacto que estos equipos produjeron efectivamente en la atención de los colombianos que se suponía debían beneficiar.
El informe lo resume con una frase que no necesita adorno adicional: el gobierno saliente puede decir cuánto gastó, pero no puede decir en qué cambió la vida de la gente. Es, en esencia, la diferencia entre un indicador de gasto y un indicador de resultado, y en este caso específico, Colombia cuenta únicamente con el primero. Un programa de $6,8 billones sin seguimiento verificable en su ejecución ni indicadores de impacto medibles no constituye, en sentido estricto, una política pública evaluable: es, como lo describe el propio informe, una caja de gasto sostenida en el tiempo sin el control ni la rendición de cuentas que cualquier inversión de esta magnitud debería tener incorporados desde su diseño.
La contradicción se vuelve más difícil de digerir cuando se compara con la realidad que enfrentaron los colombianos, de manera simultánea, en el resto del sistema de salud durante ese mismo periodo: retrasos significativos en la prestación de servicios, incumplimientos recurrentes en la entrega de medicamentos, y pasivos acumulados pendientes de pago a EPS, IPS y proveedores de medicamentos e insumos médicos, varios de los cuales, como ya ha documentado este mismo informe en otros hallazgos, llegaron a acumular patrimonios negativos de cientos de miles de millones de pesos. Mientras ese sistema se desangraba financieramente frente a los ojos de millones de pacientes colombianos, el Ministerio comprometía billones de pesos adicionales en un programa paralelo sin verificar, en ningún momento durante cuatro años, si ese gasto estaba efectivamente mejorando la salud de alguien.
El nuevo gobierno hereda, entonces, no solamente la responsabilidad de decidir el futuro de los Equipos Básicos en Salud como estrategia de atención primaria, sino la tarea más urgente de reconstruir, desde cero, un sistema de evaluación de impacto que permita responder la pregunta más básica que cualquier programa de salud pública debería poder contestar: no cuánto costó, sino a cuántas personas realmente ayudó, y de qué manera concreta y verificable mejoró su acceso a la salud.