El miércoles 26 de agosto, desde el Palacio de San Carlos, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el desmonte definitivo de la Paz Total —la política bandera del gobierno de Gustavo Petro— y firmó, en el mismo acto, la reactivación de las extradiciones a Estados Unidos de cinco negociadores vinculados al Clan del Golfo, al ELN y a disidencias de las antiguas FARC. Entre los beneficiados que pierden esa protección está Gabriel Yepes Mejía, alias HH, junto con diez miembros del grupo Comuneros del Sur, a quienes el gobierno anterior les había suspendido las órdenes de captura como parte de los diálogos.
El argumento presidencial fue el mismo que había anticipado desde antes de posesionarse: la Paz Total permitió que estructuras criminales obtuvieran beneficios judiciales y acceso a mecanismos de diálogo sin entregar resultados verificables ni aportes reales a la paz. Quien demuestre voluntad auténtica de dejar la violencia, dijo De la Espriella, tendrá un Estado dispuesto a actuar dentro de la Constitución y la ley; quien persista en el crimen organizado, el terrorismo o el narcotráfico enfrentará toda la capacidad legítima de la fuerza pública y el peso de la justicia. Sin concesiones.
Ya lo había dicho antes, pero ahora lo firmó. Desde su primer discurso como presidente electo, en el Batallón Pichincha de Cali, De la Espriella había bautizado el viraje como «la Era del Tigre»: el cierre del diálogo político con quienes su gobierno clasifica ahora como narcoterroristas. «La opción del diálogo está completamente agotada», dijo entonces. El balance que le deja Petro es contundente: en cuatro años de Paz Total, ningún grupo armado —ni siquiera Comuneros del Sur, el caso más avanzado— firmó un acuerdo de paz. Todos, en cambio, crecieron en número de hombres, presencia territorial y control de rentas ilegales. El académico Eduardo Pizarro Leongómez, uno de los estudiosos más reconocidos del conflicto armado colombiano, calificó ese balance con una sola cifra: cero.
La Paz Total no fue una promesa de campaña sin sustento jurídico: se formalizó mediante la Ley 2272 de 2022, y su apuesta —a diferencia de los procesos de paz anteriores, concentrados en un solo actor armado, como el acuerdo de 2016 con las FARC— fue negociar simultáneamente con casi todas las estructuras armadas del país al mismo tiempo. Ese «ecosistema de diálogos paralelos», como lo describió el propio gobierno saliente, terminó suspendiendo órdenes de captura, otorgando ceses al fuego y abriendo espacios de interlocución a organizaciones que el nuevo gobierno describe hoy como beneficiarias de impunidad, concesiones inaceptables y, en algunas zonas, entrega territorial de facto.
De la Espriella ya había designado, desde julio, un equipo encargado de desmontar la política y revisar uno por uno los acuerdos, beneficios, ceses al fuego y levantamientos de órdenes de captura heredados del gobierno Petro. También eliminó la figura del alto comisionado para la Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz —las dos instancias que sostenían administrativamente la arquitectura de los diálogos— y anunció la creación de un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, que articula a la Fuerza Pública con autoridades locales en las principales ciudades del país.
El desmonte tiene, además, un telón de fondo que empezó a tejerse meses antes en Washington. Desde marzo de 2026, cuando The New York Times reveló que al menos dos fiscalías federales de Estados Unidos —en Manhattan y Brooklyn— investigan al propio Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico, la política de negociación con grupos armados quedó marcada por esa sospecha, que el gobierno saliente nunca logró despejar. Según reportó la agencia AP citando fuentes cercanas a la pesquisa, parte de la investigación indaga si funcionarios del entorno de Petro solicitaron sobornos a narcotraficantes recluidos en la cárcel La Picota a cambio de la promesa de no ser extraditados a Estados Unidos: el mismo mecanismo de extradición que la Paz Total permitía suspender. Un documento revisado por AP añade que Petro fue designado «objetivo prioritario» de la DEA. El presidente colombiano ha negado cualquier vínculo: «nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante», escribió en su momento en X.
A esa investigación penal se sumó, en octubre de 2025, la decisión del Departamento de Estado de no certificar a Colombia en la lucha antidrogas, junto con sanciones directas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) contra cuatro ciudadanos colombianos por su presunta participación en el tráfico ilícito global de drogas: el propio Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti. El documento oficial del Departamento de Estado señala que el narcotráfico y el narcoterrorismo continúan alimentando la violencia, la corrupción y la inestabilidad en Colombia, y representan un desafío significativo para la seguridad regional e internacional.
Una política de negociación con grupos armados que nunca produjo un acuerdo firmado, y un presidente saliente bajo investigación penal en Estados Unidos por presuntos vínculos con las mismas estructuras que esa política buscaba desmovilizar: ese es el escenario en el que De la Espriella decide no solo desmontar la Paz Total, sino hacerlo con extradiciones firmadas el mismo día del anuncio. El mensaje, según reconoció el propio mandatario, también tenía un destinatario externo: Estados Unidos y los demás aliados de Colombia en la lucha contra el crimen transnacional.
El anuncio no está exento de retos jurídicos. Analistas como Nicolás Mayorga, profesor de la Universidad de La Sabana y quien hizo parte del equipo de la Jurisdicción Especial para la Paz, señalan que la Paz Total nunca constituyó un compromiso internacional autónomo del Estado colombiano, lo que le da a De la Espriella un margen de maniobra jurídico mayor del que algunos anticipaban. Persisten, sin embargo, preguntas sobre la protección de los derechos de las víctimas y sobre el futuro de procesos que, como el de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en Putumayo, ya habían avanzado hacia una desmovilización parcial: cerca de 100 personas que, según el negociador Armando Novoa, habían dejado la violencia.
Dos preguntas siguen abiertas: si la investigación contra Petro en Estados Unidos avanza hacia una imputación formal, y qué margen de negociación diplomática conserva el expresidente frente a un gobierno que, en su primer mes, ya desmontó la política que él construyó durante cuatro años.