Por: Mayor General (RP) William René Salamanca Ramírez
Uno de los mensajes más conmovedores que he visto en televisión es el protagonizado por el astro del fútbol argentino Lionel Messi, en su calidad de embajador de la Unicef, mediante el cual revela que 19.000 niños menores de cinco años mueren cada 24 horas por causas evitables.
“Ellos no tienen que morir, pero mueren”, afirma con voz lánguida el reciente ganador de su séptimo Balón de Oro, tras recordar que fallecen por no contar con suficiente comida, agua potable o medicinas. “Mueren, porque son invisibles para el mundo, porque nacieron en la pobreza extrema”.
Hoy, en la conmemoración del Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, es una fecha más que acertada para reiterar que, así como ellos no tienen que morir a tan corta edad, tampoco debería ocurrirle a ningún otro ser humano por no tener acceso a un sistema de salud digno.
En un mundo con 7800 millones de habitantes, cerca de la mitad no tiene acceso a los servicios integrales de salud pública, según la Organización Mundial de la Salud. De ellos, 100 millones viven en condiciones de miseria, lo que les impide pagar un seguro.
A esta dramática realidad se suma la falta de 18 millones de profesionales de la salud para atender la creciente demanda mundial en temas relacionados con enfermedades de todo tipo.
Por eso, con la creación y celebración del Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, las Naciones Unidas buscan que todas las personas, en cualquier lugar del planeta, tengan acceso a servicios de salud de calidad y asequibles, como una prioridad para el desarrollo. Ello implica accesibilidad a centros de salud y hospitales que, a su vez, cuenten con profesionales suficientes que puedan encargarse de la demanda, con unos horarios y condiciones de trabajo dignos, y que los pacientes tengan acceso a los medicamentos necesarios para sanar o curar sus enfermedades.
El lema de este año es “No dejes atrás la salud de nadie: invierte en sistemas de salud para todos”, el cual está dirigido a los gobiernos y Estados, que son los responsables de garantizar el acceso a sistemas de salud de calidad y sostenibles. A ellos, la ONU, los insta a tomar decisiones inteligentes para asegurar la salud y el bienestar de todos.
El mismo llamado es válido en el caso colombiano, donde más de 2,4 millones de personas no tienen acceso al sistema de salud y donde la mayoría de los 47,6 millones de afilados deben someterse a largas esperas para una cita médica, la carencia de medicamentos, la falta de camas y la negación de tratamientos y cirugías.
Ante las protuberantes fallas de nuestro sistema de salud, prácticamente la única salvación para los enfermos ha sido la acción de tutela, el mecanismo de protección constitucional más utilizado por los colombianos desde su inclusión en la Carta Política en 1991.
Según estudios de la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Salud, en 2018 se interpusieron 207.734 tutelas contra el sistema nacional de salud; en 2020, 81.899, y en los primeros cinco meses de este año, 30.164, principalmente en Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá y Atlántico.
La oficina de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias de la Supersalud ha recibido en los últimos tres años 2,3 millones de reclamos, de los cuales 658 mil fueron instaurados por adultos mayores y 142 mil por pacientes con enfermedades de alto costo, con un incremento de insatisfacción del 13 por ciento en 2020.
Es un imperativo que en la actual campaña electoral los distintos candidatos le digan al país cómo vamos a avanzar para alcanzar la Cobertura Sanitaria Universal, que implica que todas las personas y comunidades reciban los servicios de salud necesarios, sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos e incluyan desde la promoción, la prevención y el tratamiento, hasta la rehabilitación y los cuidados paliativos.
Una reforma integral de la salud no da espera, que pasa por una profunda transformación de la Ley 100 de 1993, que solucione problemas estructurales de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), incluida la desaparición de las inviables y el pago de deudas millonarias a los centros de atención de todo el país que, según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, en el primer semestre de 2021 las moras ascendieron a 12,7 billones de pesos.
Es indispensable escuchar a las agremiaciones médicas, las asociaciones científicas y la ciudadanía en general, para devolverle a la salud su condición de derecho fundamental y no de negocio en el que parece haberse convertido.
Es urgente que el Ministerio de Salud y las Secretarías departamentales, municipales y distritales recuperen su poder rector sobre las EPS, se desarrolle un plan integral de medicina preventiva y se mejoren sustancialmente las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, contratados bajo esquemas francamente deplorables, que los lleva a atender a los pacientes a las carreras y hasta a formular los mismos medicamentes de siempre.
Conozco de primera mano las quejas silenciosas de médicos que se sienten acosados por un sistema que coarta su libre albedrío para escoger las ayudas diagnósticas necesarias a la hora de atender a sus pacientes, limitaciones para el uso de medicamentos, engorroso papeleo, demoras en el pago de sus salarios y hasta amenazas de despido si no se ajustan a las exigencias de muchos auditores.
Problemas estructurales, como la condición de desnutrición crónica que padecen más de 560 mil niños colombianos menores de cinco años, en especial indígenas, y las crecientes afecciones mentales, sumadas a las enfermedades más comunes, como las isquemias del corazón, cerebrovasculares, de vías respiratorias e hipertensivas, y las que arrojan la violencia cotidiana, reclaman un sistema de salud eficiente, libre de corrupción y malos manejos administrativos.
Sea esta la oportunidad para felicitar a todos los médicos de Colombia, cuyo día universal se celebró el pasado 3 de diciembre. Su labor sacrificada ha sido determinante para salvar miles de vidas en medio de esta pandemia.
En concordancia con Lionel Messi, nuestro mensaje final es un solo: ellos, nuestros niños, no tienen que morir, ni ningún colombiano debe perder la vida por causas evitables o debilidades de nuestro sistema de salud.
