Por: Juan José Gómez
Recuerdo que hace tiempos se usaba un refrán que afirmaba con cierta dosis de cinismo, “piensa mal y acertarás”, el mismo que no he vuelto a escuchar ni a leer, pero que encuentro ahora utilizable dada la extraña y sin antecedentes conocida situación que vive nuestro país, con un presidente que pregona a los cuatro vientos que se le quiere dar un “golpe blando o de estado”, intentando así defenderse de una acusación hecha a su campaña, no a él, por el Consejo Nacional Electoral, CNE, de haber vulnerado la Constitución (artículos 109, concordante con el 265) y la ley Ley 996 de 2005, con motivo de haberse comprobado que hubo un considerable violación de los topes máximos de financiación de dicha campaña adelantada en el 2022.
Sostiene el señor Petro, en airados términos y empleando insultos inaceptables contra los magistrados del CNE, que la correspondiente y legal investigación que debe adelantarse para establecer si la violación implica sanción a los responsables o si se les absuelve de dicha responsabilidad si a ello hay motivo, es un golpe de estado, blando según el término usado por el mandatario, como si fuera posible que una institución como el CNE, tan respetable como las cortes o como la presidencia de la República, cumpliendo con el deber que le asigna la mismísima Carta Magna, puede dar un golpe de estado, es decir, ¿qué nueve magistrados en el cumplimiento de su deber constitucional, actuando corporativamente (así haya dos de ellos que votaron en contra de la decisión mayoritaria) cometan una acción tan violenta y de gravísimas consecuencias como es violar la ley de leyes, que es el fundamento mismo de la nación?
¡Sencillamente absurdo! Hasta donde alcanza mi conocimiento sobre el señor Petro, él durante toda su vida pública, después de su vinculación a la guerrilla del M-19 ha vivido siempre de cuenta del estado, desempeñando roles de funcionario diplomático o consular, congresista de ambas cámaras, alcalde de Bogotá y actualmente presidente de la República. Significa esto que es conocedor de la Constitución (se ha manifestado muy orgulloso de haber sido militante de la Anapo, el partido político que sucedió a la guerrilla del M-19 después de su reintegración a la legalidad), colectividad esta que tuvo una nutrida presencia en la constituyente que expidió la Carta de 1991 que hoy nos rige y, por otra parte, durante muchos años fue representante a la Cámara y Senador, por lo cual tuvo que haber participado en la expedición de la ley 996 del 2005.
De manera que no existe posibilidad alguna de que ignore 1) que Colombia es un Estado Social de Derecho,2) que existe una ley expedida por un congreso de la cual era miembro, misma que el votó o se abstuvo de hacerlo, pero que necesariamente conoce y porque le obliga como a todo colombiano tiene que respetarla y acatarla, y 3) que cuando al posesionarse de la presidencia juró que cumpliría la Constitución y las leyes de la República y que, este solemnísimo juramento va acompañado de una severa advertencia, según la cual en caso de que lo incumpla, “Dios y la Patria”, o el pueblo, “se lo demanden”.
En consecuencia, no puede aceptarse, bajo ningún pretexto, que ahora quiera utilizar el falso argumento de una conspiración en su contra, o como el lo dice y repite hasta el cansancio, de un “golpe blando”, para defender a su campaña electoral, repito que no a él, de una acusación probada con documentos fehacientes de haber sobrepasado unos topes de financiación de la misma.
Es verdad que como presidente de Colombia él es titular de un fuero que le otorga la misma Constitución, que lo protege de ser investigado en las condiciones aplicables a otros colombianos, puesto que solo tiene un juez natural que es el congreso, inicialmente por intermedio de una comisión legal de la Cámara de Representantes denominada de Investigación y Acusaciones, luego por el pleno de dicha Cámara y posteriormente por el Senado.
En otra clase de juicio, el presidente debe responderle finalmente a la Corte Suprema de Justicia, pero ese no es el caso actual. Establecido lo anterior, queda entonces preguntarse ¿qué es lo que pretende el señor Gustavo Petro al tratar de enredar una investigación por completo legal de su campaña presidencial. desacreditando a los magistrados del CNE que después de varios meses de recoger pruebas y de estudiar a la luz del derecho los testimonios adquiridos y de obtener un reconocimiento pleno del Consejo de Estado de su facultad de investigar y de su obligación de hacerlo, finalmente decidieron ordenar la investigación formal, actuando siempre con sujeción a estrictas normas constitucionales y legales?
La respuesta obvia es defenderse, pero resulta que al presidente no lo están acusando, sino a su campaña y si de esa investigación eventualmente resulta una responsabilidad del entonces candidato y hoy presidente, pues es claro que el CNE, después de sancionar a los miembros de la campaña sobre los cuales tiene potestad, tendrá que pasarle todo a la tan conocida por inoperante comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde justamente el señor Petro tiene varios copartidarios y amigos que, es de esperar, harán lo posible y lo imposible por absolverlo rápidamente, aun corriendo el riesgo que puede darse de prevaricar.
Queda entonces completamente claro que quien aparentemente está en camino de cometer un golpe de estado contra la institucionalidad colombiana, es el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, al vulnerar ostensiblemente normas constitucionales y legales de obligatoria aceptación e inexcusable cumplimiento para quien es el jefe del Estado y del Gobierno y primera autoridad administrativa de la nación, en un intento de evitar una investigación legal que atañe solo a su campaña electoral, con el agravante de que lo hace en términos inaceptables para un demócrata y menos para el Primer Magistrado de la nación, símbolo de la unidad nacional. Esa actitud está creando un peligroso estado que puede derivar en confrontación civil, al hacer llamamientos en apariencia pacíficos pero en el fondo susceptibles de convertirse en violentos, de conformar asambleas populares y regionales que se ocupen de defenderlo y de sostener sus pretensiones, llamando también a jóvenes de diferente educación y cultura, entre los cuales posiblemente se encuentran los antiguos integrantes de la terrorista Primera Línea de ingrata recordación y varios grupos de indígenas colombianos altamente manipulables y por consiguiente de gran peligrosidad.
Los anteriores hechos deben constituirse en motivos de profunda y lógica reflexión para los colombianos pensantes, pues lo que peligra es nada más ni nada menos lo poco que queda de la tranquilidad de las familias de nuestro país, las cuales ya han estado sufriendo considerablemente por temas tales como la pobreza creciente, la carestía de los productos de la canasta familiar, el desempleo, las vicisitudes de las entidades prestadoras del servicio de salud , la escasez de los remedios indispensables, las novedades nada positivas que se están presentando en materia de la educación de los hijos en diversos niveles y sobre todo, la maldita corrupción que campea en las dependencias de la administración pública que, unida a la excesiva tolerancia que casi puede mirarse como complicidad que se tiene con los grupos terroristas y de crímenes comunes en una enorme porción del territorio patrio, son como un cáncer mortal que carcome el alma nacional.
Por eso, es necesario que pensemos en que llegó la hora de un verdadero y concertado cambio para demostrar nuestra fe en la Patria que nos hermana y en hacer lo que sea necesario dentro de la institucionalidad para terminar con tanta desigualdad como es la de esta sociedad a la que pertenecemos. Los invito a que pidamos al Dios Todopoderoso y Eterno que por siglos ha protegido a los colombianos de las desgracias y miserias que atraviesan países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, que como en los remotos tiempos bíblicos suscite una persona o un grupo de personas que con honestidad se preocupen por el bienestar de los niños y los adultos de los estratos mas pobres de nuestra sociedad para que, con previa comprobación de sus reales intenciones, le demos el apoyo popular mayoritario a la cruzada que debe emprender por la reconstrucción de nuestra Colombia. ¡Si nos unimos de verdad y con firmeza, lo podremos lograr!
