Por: El Expediente
El puerto de Buenaventura, principal acceso marítimo de Colombia por el Pacífico, está bajo escrutinio por señalamientos que trascienden el narcotráfico y el contrabando tradicional. Investigaciones preliminares y conversaciones con personas cercanas al tema indican que allí opera un esquema de evasión tributaria y triangulación internacional, vinculado a figuras políticas, empresarios y funcionarios públicos, con potenciales consecuencias para el comercio exterior del país y sus relaciones con Estados Unidos.
Laura Sarabia y el carrusel de las notarías revelado por El Expediente
Mientras el presidente Gustavo Petro marcaba distancia del gobierno de Iván Duque, Laura Sarabia habría fortalecido alianzas con sectores afines a este para preservar su influencia en el sistema notarial colombiano.
Entre los casos destacados, revelados por El Expediente el 26 de febrero, están los nombramientos en notarías de Bogotá: la compañera del coronel Feria, ligado al Dapre y al incidente del polígrafo a la niñera Marelbys Meza, ocupa la Notaría Catorce; Indira Lorena Álvarez Marrugo, exabogada del Dapre, está en la Notaría Segunda; Daniela Andrade Valencia, pareja de Jaime Ramírez —presunto colaborador cercano de Sarabia—, recibió la Notaría 36; y Jacobo Alejandro González, exsocio de Mauricio Pava, abogado de Petro y compañero de Sarabia, fue designado en la Notaría 76.
Además, antes de asumir como canciller, Sarabia habría autorizado notarías para Diego y Alejandro, excompañeros del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
Contrabando técnico en la zona franca
En Buenaventura, el contrabando no se reduce a la entrada de mercancías sin tributar. Una práctica identificada consiste en declarar exportaciones ficticias: productos registrados como enviados desde la zona franca que nunca salen del país y reingresan al mercado interno sin pagar impuestos.
Otra modalidad implica presentar mercancías extranjeras como producidas en Colombia, aprovechando beneficios del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, aunque gran parte de su fabricación ocurre en Asia, principalmente China.
Este “contrabando técnico” depende de la coordinación entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para alterar registros, y la Policía, para facilitar el movimiento físico.
En el sector siderúrgico, empresas colombianas importarían materia prima a bajo costo desde Asia mediante la zona franca, procesándola para venderla a precios altos en el mercado interno, mientras defienden aranceles proteccionistas.
Estados Unidos sigue de cerca estas operaciones, según contactos familiarizados con temas aduaneros y del Departamento del Tesoro.
La triangulación de mercancías entre Colombia, China y EE.UU. podría complicar la revisión del TLC, solicitada por el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, bajo instrucción de Petro. También existe el riesgo de que Colombia pierda la certificación en la lucha contra el narcotráfico, lo que implicaría sanciones económicas y diplomáticas.
El esquema estaría conectado a una red que incluye a Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo” y señalado como zar del contrabando, junto a políticos del Valle del Cauca y empresarios cercanos al gobierno. Petro ha exigido a la Fiscalía investigar por qué Buenaventura exporta cocaína y contrabando en lugar de comida, pero los señalamientos tocan a su entorno más próximo.
Los indicios apuntan a que el contrabando en Buenaventura y el carrusel de las notarías forman parte de un mismo entramado de corrupción en Colombia. Las notarías, asignadas a personas cercanas al poder, podrían estar siendo utilizadas para crear negocios ficticios y legalizar dineros provenientes de actividades ilícitas, incluyendo las ganancias del contrabando técnico.
Fecha: 11 de marzo de 2025
