Por: El Expediente
El Ministerio de Igualdad y Equidad fue una de las creaciones institucionales más simbólicas del gobierno de Gustavo Petro: una nueva cartera diseñada para canalizar la política social hacia poblaciones históricamente excluidas, con la entonces vicepresidenta Francia Márquez al frente. Cuatro años después, ese mismo ministerio termina el gobierno en liquidación, y el Libro de la Verdad —el informe que el gobierno de Abelardo de la Espriella presentó al país tras el proceso de empalme— documenta, en al menos tres hallazgos distintos, un patrón consistente: dinero comprometido en cantidades masivas, sin que exista evidencia clara de que ese dinero se haya traducido en pagos reales, en resultados verificables o, en algunos casos, sin siquiera el respaldo documental que la ley exige para mover recursos públicos de un lado a otro.
Casi dos billones comprometidos, cero pagos registrados
El hallazgo más grave, por su magnitud, es también el más difícil de explicar con una sola frase: durante tres vigencias fiscales seguidas —2023, 2024 y 2025—, el Ministerio de Igualdad comprometió $1,77 billones de pesos en el rubro FonIgualdad, equivalentes al 87,8% de los $2,01 billones que tenía apropiados para ese fondo. La cifra en sí misma no sería alarmante si se tratara de un proyecto de ejecución lenta pero real. Lo que documenta el Libro de la Verdad es otra cosa: en ningún momento de ese periodo de tres años se registró una sola obligación ni un solo pago en el sistema SIIF, la plataforma oficial donde el Estado colombiano registra sus movimientos financieros. No es un retraso puntual, señala el informe: es un patrón sostenido de compromiso contable sin ejecución real, repetido año tras año por la misma administración.
El mismo patrón se replica, casi de manera idéntica, en otro rubro de inversión del ministerio, identificado como C-4603, destinado a Actores Diferenciales bajo el Sistema Nacional de Igualdad. Ahí también el dinero aparecía comprometido cerca del 100%, mientras que la obligación real —es decir, el dinero efectivamente destinado a un pago concreto— apenas alcanzaba el 13,1% en 2024, y se movía entre el 5,2% y el 7,9% en 2025.
Lo más inquietante llegó en 2025, cuando el propio gobierno saliente trasladó de forma masiva la apropiación de FonIgualdad hacia esos subproyectos de Actores Diferenciales, sin que exista, según el reporte disponible para el Equipo Élite, un acto administrativo identificado que respalde ese traslado. En términos simples: se movieron cerca de $669.000 millones de un fondo a otro sin el papel que la ley exige para justificar ese tipo de movimiento, reduciendo a cero la apropiación inicial de FonIgualdad, que originalmente era de $669.053 millones.
Para abril de 2026, con la entidad ya formalmente en liquidación, varios rubros seguían en 0% de ejecución: FonIgualdad, con $245.889 millones sin ejecutar; el Fondo No Es Hora de Callar, con $2.051 millones; y otras transferencias pendientes de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional. El desorden no se limita a lo que nunca se ejecutó: en medio de la liquidación, casi la mitad del patrimonio del fideicomiso que administraba estos recursos —$653.133 millones— tiene una opinión contable con salvedades, es decir, los propios auditores no pueden dar fe plena de esas cifras, y otro 48% —$641.828 millones— aparece registrado como «pendiente de aplicación o giro efectivo», sin que se sepa, a esta fecha, cuándo llegará ese dinero ni a quién.
$140.910 millones a una empresa de personal temporal, calificados como «Estado Crítico»
El segundo hallazgo tiene nombre propio y una gravedad distinta, porque no se trata de dinero que nunca se movió, sino de dinero que sí se pagó, pero sin que exista evidencia de para qué sirvió realmente. A través de cuatro contratos —identificados como EGA-001-2025, EGA-002-2025, EGA-003-2025 y FSB-035-2026—, FONIGUALDAD le pagó a la empresa de servicios temporales LABORANDO SAS un total de $140.910.903.849, sin que existan soportes que acrediten que el personal suministrado en misión efectivamente contribuyó al cumplimiento de la finalidad del fondo.
Este esquema no pasó inadvertido para la oposición política mientras ocurría: fue denunciado por la senadora Paloma Valencia, quien señaló que estos contratos habrían sido utilizados de forma presuntamente clientelista, coincidiendo con época de campaña electoral. Pero el hallazgo dejó de ser una simple denuncia política cuando la Contraloría General de la República lo revisó de forma independiente: el ente de control emitió una advertencia ordinaria y calificó el monto en riesgo —los mismos $140.910 millones— como Estado Crítico, la categoría más grave dentro de su escala de evaluación de riesgo fiscal. Destinar esa cantidad de dinero a personal temporal, sin poder demostrar que contribuyó al objeto del fondo, y bajo señalamientos de uso político en plena contienda electoral, es, según describe el propio Libro de la Verdad, evidencia de que el gobierno saliente permitió, o toleró, que el presupuesto destinado a la política de igualdad del país terminara financiando estructuras ajenas a su propósito original.
Contratos por $68.000 millones firmados en plena liquidación
El tercer hallazgo ocurre ya en la fase final de vida del ministerio, cuando debería estar cerrando operaciones, no abriendo nuevos compromisos. El Equipo Élite Anticorrupción encontró que, durante el proceso de liquidación, FONIGUALDAD continuaba adelantando procesos contractuales por un valor superior a $68.000 millones. Entre los contratistas vinculados a esos procesos figuraban la Corporación Prosperitas y la empresa TSG The IT Experts, esta última con vínculos adicionales a otras entidades del gobierno nacional, según el examen documental realizado.
La coincidencia entre estos procesos y la etapa de liquidación del ministerio llevó al Equipo Élite a considerar que correspondía a los organismos de control verificar la legalidad, la pertinencia y la justificación real de comprometer semejante cantidad de recursos del erario en una entidad que, por definición, ya no debería estar generando nuevos compromisos de largo plazo. El caso fue trasladado a la Procuraduría General de la Nación para que evaluara las actuaciones disciplinarias que considerara pertinentes.
Lo que queda: un ministerio cerrado y una herencia sin resolver
El Ministerio de Igualdad y Equidad ya no existe como tal. Sus funciones fueron absorbidas por el Ministerio del Interior, mediante el Decreto 0626 de 2026, que asumió dos viceministerios y cuatro direcciones de la entidad liquidada, sin que ese traslado viniera acompañado de un ajuste presupuestal ni de planta de personal correspondiente. Lo que hereda el nuevo gobierno, entonces, no es solo una entidad cerrada: es un fideicomiso con cerca de $2 billones de pesos en un estado contable que ni siquiera sus propios auditores pueden validar con certeza, un contrato de $140.910 millones calificado como Estado Crítico por la Contraloría, y un patrón de contratación que, según documenta el Equipo Élite, se mantuvo activo hasta los últimos días de vida de la entidad.
Para las poblaciones diferenciales del país —indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales, comunidades LGBTIQ+, entre otras— que eran, en teoría, la razón de ser de este ministerio, el balance que deja el Libro de la Verdad es doloroso en su simpleza: casi $2 billones de pesos destinados a construir una política de igualdad real que, según toda la evidencia documentada durante el empalme, nunca terminó de bajar del papel a la vida de las personas que debía beneficiar.
