Por: Jorge Enrique Pava Quiceno
Quienes hemos estado siguiendo el juicio contra Álvaro Uribe Vélez, no dejamos de sorprendernos por la forma grotesca como se desarrolla, y lo que se ha ido encontrando en un mundo de paradojas que explican el desespero de las presuntas víctimas y la impotencia de la fiscal del caso.
Hay que partir del principio de la presunción de inocencia, bajo el cual toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y de que es la Fiscalía General de la Nación, como ente acusador, quien tiene que probarle a un juez imparcial la culpabilidad del acusado “más allá de toda duda razonable”.
Para ello, la FGN cuenta con recursos suficientes para desarrollar investigaciones, recopilar pruebas, reunir evidencias y, bajo autorizaciones judiciales, recaudar el acervo probatorio que le permita hacer su trabajo. Se espera entonces que el fiscal llegue al juicio con el convencimiento íntimo de la culpabilidad del acusado, además del aporte de un cúmulo de pruebas que, al final de su práctica, no le dejen al juez ninguna duda sobre ella.
Es decir, en un juicio normal, la Fiscalía acusa, no por capricho ni motivos ajenos a una causa penal, sino con la seguridad de que sus pruebas y argumentos reúnen tal calidad, que el juez quede igualmente convencido de su teoría del caso.
Por su parte, el acusado tiene la oportunidad de defenderse en derecho, controvirtiendo las pruebas y aportando las suyas propias, para demostrarle al mismo juez que la argumentación de la Fiscalía carece de fuerza o validez y que, en consecuencia, debe ser absuelto. Se presenta entonces una controversia jurídica y legal entre el ente que acusa y la persona acusada, luego de la cual el juez, sopesados los argumentos de las partes, y alejado de “toda duda razonable” condena o absuelve.
Y es aquí donde se presenta la paradoja, pues en el desarrollo del juicio contra Álvaro Uribe Vélez, todas las pruebas testimoniales aportadas por la Fiscalía (quien lo acusa) y practicadas hasta ahora, conducen a su inocencia, ya que los interrogados niegan cualquier vínculo con él y, muchos de ellos, han terminado denunciando las actuaciones del senador Cepeda (supuesta víctima) como actor directo en la manipulación de testigos y otras acciones aberrantes. Ha terminado la FGN actuando en favor de su acusado.
¿Habrá entonces “dudas razonables” que obliguen al juez del caso a absolver al procesado? ¡Seguramente! ¡Y será Troya! Porque a los izquierdistas colombianos, encabezados por el presidente Petro, solo les sirve los fallos judiciales cuando los beneficia, les genera impunidad o les saca del medio a sus enemigos.
Y el petrismo no tiene un enemigo más grande que Álvaro Uribe Vélez. Tratarán de acabar con el mundo. ¡Lo veremos! -o- Ha sido tal la contundencia de esta paradoja, que las bodegas petristas están silenciadas, y ante este oscuro entramado que se va aclarando en el juicio, hasta terminarán tildando a la fiscal y a la juez de uribistas. ¡Para verdades, el tiempo!
