Los asociados de Coosalud, presentes en 11 departamentos, denuncian que la intervención de la Superintendencia de Economía Solidaria está desmantelando su cooperativa. Las denuncias allegadas a este medio de comunicación se centran en los interventores designados y su relación con políticos y contratistas del departamento de Córdoba.
El primer interventor, José Gregorio Esmeral, señalado por presuntos vínculos con casos de corrupción en la construcción y sin experiencia en cooperativas, contrató a personas de su círculo sin preparación, pagó apartamentos y servicios públicos, finalizó contratos de asociados y suspendió servicios. Su gestión fue tan deficiente que, a los tres meses, tras menos de diez días de ser nombrado administrador por un año, fue removido.
Solange Ariza, su reemplazo, también carece de experiencia en cooperativas. No ha resuelto los problemas ni restablecido los servicios, lo que ha llevado a una retirada masiva de asociados que dejan de pagar aportes, agravando la crisis de Coosalud.
En Montería, se señala a una congresista local y a un experimentado contratista como figuras clave detrás de la intervención. Se comenta que la revisora fiscal de Coosalud, quien también habría trabajado en Coopservir, tiene un rol central. Además, el nombre de Never Mejía Matute, asociado en redes a escándalos como el carrusel de la contratación y a Purísima, Córdoba, genera sospechas.
Los asociados exigen a la Superintendencia de Economía Solidaria un interventor con experiencia en cooperativas o una comisión especial de acompañamiento. La desconfianza crece, y la salida de asociados amenaza la sostenibilidad de Coosalud, mientras persisten las dudas sobre la transparencia de la intervención. ¿La intervención de coosalud es parte del paquete de mermelada o sobornos al congreso de la república para garantizar las votaciones de sus reformas? ¿Se le entregó con salud a un grupo político a cambio de los votos a las reformas?