Por: El Expediente
Cada jornada de la Operación Cristo Rey, en el centro de Cali, se sigue desde un Puesto de Mando Unificado. Quien lo dirige operativamente es Juanita Cataño, secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. El alcalde Alejandro Eder le fijó a su gabinete un plazo de 30 días para mostrar resultados en unas 20 manzanas, entre las calles 12 y 15 y las carreras 10 y 15, donde se juntan los sectores de San Pascual, Sucre, San Bosco y El Calvario. Desde este año esa zona tiene nombre de barrio: el Concejo, mediante el Acuerdo 0636 de 2026, la reconoció como Ciudad Paraíso. Los frentes de obra de infraestructura trabajarán de forma continua hasta finales de octubre. Las rutas de atención social no tienen fecha de cierre.
«La Operación Cristo Rey continúa en el centro de Cali, en Ciudad Paraíso», dijo Cataño. La secretaria sostiene que seguridad y desarrollo urbano avanzan juntos y que el operativo tiene dos frentes de obra de infraestructura en marcha. Eder, el 29 de septiembre, dijo que la operación «va avanzando muy bien», que «se vienen más» intervenciones y que su administración impulsa «una gran transformación de lo que era conocido como el Calvario». Un boletín de la Alcaldía resumió su mensaje en un titular: «El centro de Cali tiene alcalde».
El punto de partida fue la Operación Iron. Según el presidente Abelardo de la Espriella, se anunció la noche del 23 de septiembre, pero su planeación había empezado unos 20 días antes. En la madrugada del 24, más de 1.200 uniformados de la Policía, el Ejército y la Fiscalía entraron a El Calvario, San Pascual y Sucre, con helicópteros y drones de apoyo. El mandatario estuvo en la zona con el alcalde y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro; en el operativo participó también el ministro de Defensa, Jorge Mora López. «En este gobierno se acabaron las ollas en Cali», dijo. Eder declaró que el centro «no puede estar en manos del crimen».
Las cifras de esa jornada, que se extendió a seis comunas del centro y el oriente de la ciudad, vienen de las autoridades. La Fiscalía reportó 103 allanamientos y 85 capturas, 73 por orden judicial y 12 en flagrancia, contra siete estructuras: La Torre, La Luna, Los Pascua, Los del Hueco, Las Palmas, La 30 y Los Buitres. Les atribuye homicidios, hurtos y venta de estupefacientes, y los cargos que plantea incluyen concierto para delinquir. Otros balances oficiales hablan de más de 80 detenidos. Entre lo incautado hay una granada de fragmentación, 118 cartuchos, cuatro armas de fuego, 25 celulares, unos 6,5 kilos de drogas y más de 14 millones de pesos. Las capturas están en proceso de legalización ante jueces de control de garantías, que decidirán la responsabilidad de cada uno. Todo lo que vino después, la intervención física, social y de control del territorio, se coordina desde el Puesto de Mando que Cataño dirige operativamente.
Su recorrido explica buena parte del método. Cataño es caleña. En un perfil que publicó el diario Occidente en 2023, cuando era precandidata a la Alcaldía, contó que se independizó a los 18 años y que trabajó como telemercaderista, vendedora y mesera. Es comunicadora social, especialista en Gestión Pública y magíster en Desarrollo Territorial, Participación Ciudadana y Gobierno. Fue diputada de la Asamblea del Valle, donde, según ese perfil, ejerció control político sobre la gobernación. En 2023 aspiró a la Alcaldía de Cali con Cambio Radical. Luego se sumó al equipo de Eder, para el que fue durante unos dos años y medio asesora de despacho.
Desde ese cargo se encargó de los consejos ciudadanos «Cali, tu voz cuenta», reuniones de gobierno en las comunas: cada 15 días, los sábados, el alcalde y su gabinete oyen a los vecinos. Quien quiere intervenir se inscribe antes. Las peticiones se consolidan, se remiten por oficio a cada secretaría y una herramienta calcula el porcentaje de solicitudes que resuelve cada dependencia. En 2024, a Caliescribe, Cataño resumió su trabajo con una frase: «Presencia en los territorios, esa es la frase que hoy encierra y describe mi asesoría». Dijo que la premisa había sido «responder y con la verdad y no mentir, ni ilusionar a los caleños». A Semana le explicó que la campaña «Volvamos a mi Cali bella» buscaba fortalecer el sentido colectivo de mejorar el barrio y, con él, la credibilidad en la ejecución de los recursos públicos. Dijo también que en cada consejo «siempre llegamos con una respuesta», aun cuando algunas peticiones no sean viables.
Es, en esencia, el mismo oficio que ejerce hoy en el centro: llevar a las entidades al territorio y rendir cuentas de lo que se hace. Asumió la Secretaría a mediados de este año. En una entrevista con El País, publicada en julio, dijo que su dependencia maneja un presupuesto cercano a 35.000 millones de pesos y enumeró los avances de la administración: más de 60 instituciones educativas intervenidas, tres hospitales públicos en construcción, 380 de los 1.700 kilómetros de malla vial en recuperación, con una meta de 800 al final del mandato, y más de 600 artesanos del Pacífico beneficiados. Entre sus retos mencionó la decisión de un tribunal sobre los organismos de participación y el fortalecimiento de las juntas de acción comunal y las juntas administradoras locales. Sobre las promesas dijo: «Nosotros no podemos salir a prometer cosas que sabemos que no vamos a cumplir». Y sobre su futuro: «Me gustaría ser alcaldesa de Cali algún día». El mandato de Eder termina el 31 de diciembre de 2027.
El Calvario ya había pasado por sus manos antes de que la operación tuviera nombre. En septiembre de 2025, la Secretaría de Participación Ciudadana participó, junto con la UAESP, la EDRU, las secretarías de Seguridad y de Bienestar Social, Ciudad Limpia y la Policía, en una jornada de cuatro días en los alrededores del búnker de la Fiscalía. Recogieron residuos, lavaron y pintaron muros, sensibilizaron a unas 150 personas sobre el manejo de basuras y modernizaron 20 luminarias con tecnología LED. Un comerciante del sector, Diego Carabalí, dijo entonces que los comerciantes estaban «muy agradecidos» con la administración. Fue una intervención de limpieza e iluminación sobre la misma zona.
La zona tiene una historia larga de planes. El Plan Parcial El Calvario se adoptó en 2007, el de El Hoyo y El Piloto ese mismo año, y el de San Pascual en 2013. En junio de 2014 se adoptó el de la Ciudadela de la Justicia, y ese año se firmó el contrato con el promotor privado de El Calvario. En diciembre de 2017, la entonces Empresa Municipal de Renovación Urbana cerró la compra de 164 predios por unos 41.000 millones de pesos, según El Tiempo. Metrocali aportó 20.300 millones y el promotor privado, 28.000 millones. La inversión total en El Calvario se calculaba entonces en unos 350.000 millones. Para San Pascual, donde la empresa había hecho ofertas a los dueños e inquilinos de 136 de 432 predios, se hablaba de un proyecto de 660.000 millones, con una alianza de 35 constructoras del Valle. La construcción en El Calvario debía empezar en el primer semestre de 2018. Los vecinos llevaban casi nueve años oyendo del proyecto, durante las administraciones de Jorge Iván Ospina, Rodrigo Guerrero y Maurice Armitage.
En esos años se demolió buena parte de lo comprado, pero las dos piezas centrales, el centro comercial y la estación del sistema de transporte masivo, siguen sin construirse ocho años después. Y las demoliciones tuvieron un costo social que la ciudad conoció de primera mano. En octubre de 2018, El País documentó que al derribar inquilinatos y casas de expendio la población en situación de calle quedó sin techo y se dispersó hacia San Bosco, San Pascual, Junín, Guayaquil, Belalcázar, Obrero y hasta el borde del Distrito de Aguablanca. Una vecina de San Pascual, Karen Hurtado, contó que nadie quería arrendar una pieza a quien viniera de El Calvario y que no hubo trabajo social con la comunidad. El entonces secretario de Bienestar Social, Esaúd Urrutia, reconoció que la dispersión hacía más difícil y más cara la atención, que antes se podía concentrar en tres barrios. Cali tenía unas 6.000 personas en situación de calle y, según los Samaritanos de la Calle, el 95 % consumía sustancias psicoactivas. Es el antecedente con el que conviene medir lo que ocurre hoy. En los comunicados de la Alcaldía que pudimos consultar no hay cifras de cuántas personas ha atendido la ruta social de Cristo Rey ni de adónde han ido los habitantes de calle del sector.
En 2020 empezó la venta de Paraíso Central: en su primera etapa, 650 apartamentos de 48 metros cuadrados, a menos de 160 millones de pesos, con subsidios de Mi Casa Ya o de cajas de compensación, según Blu Radio. El proyecto de El Calvario se reactivó el 31 de marzo de 2026, según las diapositivas de la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana (EDRU), y la interventoría ya fue adjudicada.
Cuatro meses después llegó un hecho que ninguna planeación había previsto. El 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 dejó en Cali 153 muertos, 1.657 heridos y daños en 9.090 viviendas y edificios, según el reporte de la ciudad. Hubo colapsos en 46 sitios y a fines de agosto se habían retirado más de 39.000 toneladas de escombros. Eder estimó la reconstrucción en unos 10 billones de pesos. El 6 de octubre, la Alcaldía había visitado 4.000 de los 14.000 inmuebles que debe inspeccionar, tenía 60 edificaciones señaladas para demolición y había entregado ayudas a casi 9.000 familias. Los primeros cinco predios que se derriban en el marco de Cristo Rey, en estado crítico por la amenaza de colapso, son consecuencia del sismo.
El trabajo en las 20 manzanas cruza varias dependencias, y el Puesto de Mando que dirige Cataño las reúne. La Secretaría de Seguridad y Justicia, a cargo de Javier Garcés, caracterizó en septiembre las 20 cuadras: qué negocios hay, dónde se concentran los habitantes de calle, qué predios están ocupados de manera indebida, qué falla en infraestructura y servicios públicos y cómo se manejan las basuras. El propósito, dijo Garcés, es «contar con una lectura integral y actualizada del territorio»; la subsecretaria Natalia Zuluaga agregó que se trata de fortalecer la presencia institucional. La Alcaldía reportó 250 armas blancas incautadas en la primera semana del Plan Desarme. La Secretaría de Infraestructura reconstruye las bases y sub-bases, y coloca nueva mezcla asfáltica, en la carrera 11 entre las calles 12 y 13, junto a la nueva sede de la Fiscalía, y en la calle 12 entre las carreras 10 y 15: corredores que llevaban más de 30 años sin mantenimiento. Las cuadrillas trabajan de día y de noche, con acompañamiento de la Policía y coordinación con Emcali para las redes. La Secretaría de Desarrollo Económico censa y acompaña a los comerciantes tradicionales, entre ellos el gremio de las mueblerías, que fue durante años la vocación del corredor, junto con el calzado y el vestuario. La EDRU y la Secretaría de Vivienda adelantan la compra de predios. Hay presencia institucional frente a las bodegas informales de reciclaje y una ruta social para las personas en situación de calle, con atención en salud y restitución de derechos. El conjunto suma más de 45.000 metros cuadrados de nuevo espacio público, un corredor de murales sobre la calle 12, fachadas renovadas y alumbrado modernizado.
Detrás del operativo viene lo más grande. La Estación Central del MIO, que las diapositivas de la EDRU llaman Terminal Central, ocupa 30.000 metros cuadrados entre las carreras 10 y 12 y las calles 13 y 15, según las diapositivas, con plataformas de abordaje, urbanismo y paisajismo, un edificio administrativo de Metro Cali S.A., vías e intercambiadores, servicios públicos, señalización, control operacional e integración con los vehículos de ladera. Las diapositivas calculan en 89.000 millones de pesos la inversión en obras e interventoría. Portafolio, que informó en abril sobre la estación, habló de 107.000 millones, que incluyen 6.900 millones de interventoría y 17.500 millones de predios. La construcción comenzó: el alcalde lo confirmó en una visita a la zona el 6 de octubre. El plazo es de 18 meses, dos de preconstrucción y 16 de ejecución, de modo que, si el cronograma se cumple, terminaría entre febrero y abril de 2028. El proyecto abarca unas 5,87 hectáreas con espacios públicos y comerciales y, según las proyecciones oficiales, la estación movilizaría más de 90.000 pasajeros al día. Cali no tiene metro: lo que se construye es una estación del MIO, el sistema de transporte masivo que gestiona Metro Cali S.A.
Integrado a ella se proyecta el centro comercial Idilio, de Canales Desarrolladores y su socio local Concretesa, con una inversión privada de unos 400.000 millones de pesos, 53.500 metros cuadrados construidos, 26.648 de área comercial, 144 locales y entrega prevista para finales de 2028. Portafolio precisó en abril que sus inversionistas no estaban definidos y que el proyecto estaba en ronda de inversión. El plan parcial contempla 800 viviendas, de las cuales 331 ya fueron entregadas y están habitadas. Las diapositivas anotan también una subestación de energía en el centro con una inversión de 90.000 millones. La futura llegada del tren de cercanías del Valle, un proyecto de 23 kilómetros y 21 estaciones entre Cali y Jamundí con un costo proyectado de 12 billones de pesos, es otra de las expectativas de transporte de la ciudad; las fuentes consultadas no precisan qué estación tendría en el centro y su cofinanciación dependía, según informaron medios en 2025, de un convenio con la Nación.
La Estación Central es una de las diez obras que la EDRU llama «proyectos estratégicos detonantes» para 2024-2027. La lista incluye el proyecto habitacional Fiorente en El Hoyo y El Piloto, el búnker de la Fiscalía, la manzana 203 de usos complementarios, la estación, la segunda torre de Paraíso Central, la subestación de energía, los proyectos Ágora y Amara en San Pascual, la manzana 167 y el mejoramiento de la estación de Policía Fray Damián. En San Pascual, Ágora, de 210 apartamentos, comenzó obras en abril de 2025, tiene un avance del 60 % y empezará a entregar en diciembre de 2026. Amara, de unos 900 apartamentos, tenía el cerramiento en ejecución y el inicio de obras anunciado para mayo de 2026. En la manzana 167 se proyectan 800 apartamentos, en etapa de adquisición predial, y la manzana 169 está destinada a espacio público. El plan de El Hoyo y El Piloto prevé 420 apartamentos, tiene 21 predios adquiridos y gestiones pendientes ante Emcali y Catastro. El Plan Parcial Sucre abarca 15,35 hectáreas brutas y 9,30 útiles, con unas 8.300 viviendas, 14.843 metros cuadrados de espacio público y 174.466 de comercio y servicios.
El búnker de la Fiscalía, que hace parte del Plan Parcial Ciudadela de la Justicia, tiene 48.760 metros cuadrados y una inversión de 476.000 millones de pesos. Las diapositivas registran un 12 % ejecutado en 2024 y la obra construida al 100 % en noviembre de 2025. El nuevo CAD, de 35.000 metros cuadrados, costaría unos 250.000 millones y aportaría 2.600 metros cuadrados de espacio público. Su modelo de negocio está en evaluación con una banca de inversión.
Fuera de El Calvario, la EDRU trabaja en el centro histórico. El Plan Especial de Manejo y Protección abarca 57 manzanas, un área de influencia de 35.338 metros cuadrados, 2,7 kilómetros de vías y unos 32.000 metros cuadrados de andenes y vías, con componentes urbano, patrimonial, ambiental, social, de redes de servicios públicos y de paisajismo. El costo de obra proyectado es de 126.000 millones de pesos. El proyecto de la Plaza de Cayzedo se radicó el 29 de septiembre ante el Ministerio de las Culturas. La propuesta aumenta el área dura de 8.606 a 8.953 metros cuadrados y reduce la blanda de 2.554 a 2.207. En el barrio Obrero, la segunda etapa del recorrido patrimonial del complejo musical y dancístico, con espacio público, paisajismo, mobiliario y subterranización de redes secas y húmedas, tiene una inversión proyectada de 39.000 millones. Eder dijo el 29 de septiembre que la recuperación incluye también las zonas alrededor de la Fiscalía, el barrio Obrero y la plaza.
Queda lo que no se puede medir todavía. Los resultados de seguridad se conocen por comunicados de las propias autoridades, y no hay verificación independiente de ellos. Los 30 días vencen a finales de octubre, y la administración de Eder termina el 31 de diciembre de 2027, antes que la estación y mucho antes que el centro comercial. Las rutas sociales siguen abiertas, sin cifras públicas. La vara con que podrá medirse la gestión de Cataño es la que ella misma usó como asesora: qué porcentaje de lo prometido se cumple.
Hay una fecha concreta. En diciembre, Ágora, el primer proyecto del Plan Parcial San Pascual, debe empezar a entregar sus 210 apartamentos. Ese plan se adoptó en 2013.