Una fuente con acceso directo a las oficinas de la Sociedad de Activos Especiales reveló a El Expediente que el lunes 1 de junio, un día después de la derrota electoral del Pacto Histórico en la primera vuelta, funcionarios de esa entidad recibieron instrucciones precisas orientadas a conseguir votos para la segunda vuelta del 21 de junio.
Según la fuente, en esa reunión se ordenó elaborar un listado de bienes rurales — tanto extintos como en proceso de extinción de dominio — para adelantar trabajo de campo en el Magdalena Medio con líderes de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
La instrucción habría sido explícita: entregar tierras a cambio de votos, sin importar las consecuencias jurídicas. «Después se mirará qué se devuelve y cómo se solucionan los problemas que se creen», habría dicho uno de los funcionarios presentes, según la misma fuente.
En el ámbito urbano, la orden habría incluido elaborar un listado de inmuebles atractivos en las principales ciudades del país — casas, apartamentos y oficinas en zonas como La Cabrera en Bogotá — para ponerlos a disposición de políticos y líderes influyentes a cambio de su apoyo electoral.
Los bienes administrados por la SAE son activos producto de procesos de extinción de dominio, en su mayoría vinculados al narcotráfico y la criminalidad organizada. Su uso para fines electorales constituiría una violación directa de la ley de extinción de dominio y del Código Electoral colombiano.
El Expediente protege la identidad de la fuente y mantiene abierta la posibilidad de que la SAE o el gobierno nacional respondan a estas afirmaciones.
