Por: Maria Fernanda Cabal
El pasado 6 de enero la red social Twitter, seguida por Facebook y sus plataformas, incluida Instagram, incurrieron en el caso más grave de censura visto en los últimos tiempos.
Las grandes plataformas tecnológicas hicieron lo que creíamos impensable: bloquearon los mensajes del presidente Donald Trump, que disuadían a los manifestantes en el Capitolio de Estados Unidos para que mantuvieran la calma, restringiendo sus tweets y su mensaje en video, a pesar de que en estos hacía un llamado a sus partidarios a respetar la ley y el orden, y a regresar a sus casas.
Esto no le importó a las Bigtech, que aprovecharon la oportunidad para censurar al presidente norteamericano por atreverse a exponer las innumerables irregularidades que se han denunciado sobre las elecciones presidenciales en su país.
No satisfechos con bloquear sus mensajes, Twitter procedió a bloquear la cuenta de Trump, amenazando con suspenderla de manera permanente; hecho que se cumplió posteriormente, el 8 de enero. Facebook se sumó a la persecución prohibiendo el acceso del Presidente a sus plataformas de manera indefinida.
La censura de la que fue víctima Trump fue rechazada por líderes políticos de todo el mundo. Personalidades tan disímiles como Jair Bolsonaro, Ángela Merkel y Andrés Manuel López Obrador, desde orillas ideológicas distintas, coincidieron en sus critica a la forma de proceder de las grandes redes sociales, advirtiendo el peligroso precedente que supone para la libertad de expresión.
Merkel señaló la medida como «problemática» por ser una clara limitación «al derecho fundamental a la libre expresión» de su colega norteamericano; en esa misma línea, el activista ruso Alexei Navalny usó la misma red social para manifestar su rechazo, describiéndolo como «un acto inaceptable de censura».
En medio de la preocupación que la medida ha generado, la persecución de las Bigtech contra el presidente estadounidense es solo la punta del iceberg. La “cacería de brujas” en contra del pensamiento conservador en las redes sociales, que se ha intensificado en los últimos días, tocó también las cuentas de miles de usuarios y el bloqueo de los contenidos publicados. Las grandes redes sociales, que no movieron un dedo para contener los motines y la ola de violencia aupada por Antifa y el movimiento Black Lives Matter, en distintos puntos de los Estados Unidos, que costó incluso vidas humanas, ahora están empecinadas en restringir las libertades de todos aquellos que no comulgamos con la agenda progresista y globalista de sus propietarios.
Hoy las redes sociales son el foro público por excelencia, el escenario donde los ciudadanos ejercen sus libertades políticas, mucho más cuando una pandemia nos tiene girando alrededor de los dispositivos electrónicos. Por eso, censurar a los ciudadanos en éstas plataformas, equivale a cerrarles la boca y obligarlos a quedarse en casa, sin ningún contacto con el mundo que los rodea.
Dichas restricciones no pueden escudarse en el “cambio de políticas” de las empresas privadas, en favor de sus intereses económicos y pasando por encima de los derechos de sus usuarios.
Quienes rechazamos que el Estado censure y coarte la libertad de los ciudadanos, debemos manifestarnos activamente en contra de ésta nueva modalidad de represión proveniente del sector privado. Sí bien es cierto que el mercado reaccionó ante éstos hechos, ofreciendo nuevas alternativas para los usuarios de redes y castigando a los censuradores con la caída del valor de sus acciones en la bolsa, esto no es suficiente.
Hoy, más que nunca, se hace necesario un marco regulatorio mínimo que ponga límites al bloqueo de usuarios en redes sociales y acabe de una buena vez con la censura ideológica en la que han incurrido las grandes plataformas.
Es hora de seguir el ejemplo de Polonia, que en éste momento está tramitando una ley que protege a todos los usuarios de redes sociales para garantizar su derecho constitucional a la libre expresión.
El proyecto busca, por un lado, que los usuarios tengan derecho a apelar los bloqueos, las prohibiciones y la eliminación de contenidos a través de un proceso digital expedito; y por otro, que las redes sociales no puedan bloquear usuarios o publicaciones si no se están violando las disposiciones de la legislación penal de Polonia.
Avanzar en ese sentido contribuiría al debido proceso, que debe garantizarse tanto en lo público, como en lo privado; ofrecería un marco claro para las normas comunitarias de las plataformas y permitiría que las Bigtech no permanezcan exentas de respetar la libre expresión y el libre acceso a la información de sus usuarios.
El debate está abierto.
