Por: El Expediente
Hay un tipo de crisis presupuestal que no se anuncia con un contrato irregular ni con una cifra escandalosa de sobrecosto: se anuncia, simplemente, cuando llega el momento de pagar la nómina y el dinero no alcanza. Es exactamente lo que documenta el Libro de la Verdad —el informe que el gobierno de Abelardo de la Espriella presentó tras el proceso de empalme con la administración saliente de Gustavo Petro— sobre la Policía Nacional colombiana: un déficit crítico de $1,7 billones de pesos en gastos de personal para la vigencia 2026, un hallazgo que no había sido reportado públicamente hasta ahora y que se suma al deterioro operativo, ya conocido, del Ejército y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
El origen del hueco fiscal, según reconstruye el informe, no es un caso aislado de mala planeación puntual, sino la combinación de dos decisiones que, sumadas, generaron un desfase entre lo presupuestado y lo que la institución realmente necesitaba desembolsar. Por un lado, una actualización de los factores poblacionales y prestacionales de la Policía —es decir, un ajuste técnico en el cálculo de cuántos uniformados hay realmente y qué le corresponde pagarles en prestaciones— que no fue acompañada de la apropiación presupuestal correspondiente. Por otro, un incremento de personal no uniformado dentro de la institución, realizado sin que se hubieran considerado con suficiente rigor las implicaciones financieras que ese crecimiento tendría sobre la nómina total.
El resultado es una ecuación que no cuadra: la Policía Nacional entra a la vigencia 2026 con más personal y con obligaciones prestacionales recalculadas al alza, pero sin que la apropiación de recursos para gastos de personal se haya ajustado en la misma proporción. En el lenguaje llano que exige explicar esto a cualquier ciudadano: el gobierno saliente dejó comprometido el pago de más funcionarios y de mayores prestaciones de los que el presupuesto asignado para 2026 puede cubrir.
Este hallazgo no ocurre de manera aislada dentro del sector Defensa: se suma a un panorama que el propio Libro de la Verdad ya había documentado con crudeza para el Ejército Nacional —un déficit de $14 billones, con apenas 8 de 19 helicópteros MI-17 operativos y solo el 52% de la flota de la Fuerza Aeroespacial Colombiana disponible para volar— en un contexto donde, simultáneamente, el Clan del Golfo casi duplicó su pie de fuerza durante el gobierno de Petro. Que ahora se sume la Policía Nacional, con un déficit crítico propio de $1,7 billones específicamente en gastos de personal, confirma que el deterioro presupuestal de la fuerza pública colombiana no se limitó a una sola institución ni a la capacidad aérea militar: alcanzó también a la institución responsable de la seguridad ciudadana cotidiana en calles, barrios y carreteras de todo el país.
Un déficit de personal en la Policía Nacional no es, como podría parecer a primera vista, un simple problema de contabilidad interna. Se traduce, en la práctica, en el riesgo real de que la institución no pueda sostener sin sobresaltos el pago de salarios y prestaciones a decenas de miles de uniformados y personal administrativo durante el año, en un momento en que el país necesita, más que nunca, una fuerza policial estable y con la moral y las condiciones laborales garantizadas para enfrentar los mismos fenómenos de crecimiento del crimen organizado que el propio Libro de la Verdad documenta en paralelo. El gobierno de Abelardo de la Espriella hereda, entonces, no solo la tarea de reconstruir la capacidad operativa de las Fuerzas Militares, sino también la de resolver, con la urgencia que exige cualquier crisis de nómina, un hueco fiscal de $1,7 billones en la institución que, todos los días, tiene el primer contacto con la seguridad de los colombianos.
