Por: El Expediente
El general en retiro Jorge Andrés Zuluaga López asumió la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) el 11 de septiembre de 2026, dos días después de que el presidente Abelardo de la Espriella formalizara su nombramiento mediante el Decreto 1374. Su primera decisión al frente de la entidad fue designar al coronel Erich Siegert Cerezo como director de Gestión Institucional y luego pidió la renuncia protocolaria a varios funcionarios que apenas habían llegado a la cúpula de la DNI bajo el breve mandato encargado de Carlos Ríos, hoy director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exgerente de la campaña de Abelardo De La Espriella.
Cuatro personas que habían entrado a la DNI por gestión del propio Carlos Ríos salieron con la llegada de Zuluaga. Entre los retirados figuran los coroneles de la Policía Nacional Carlos Narváez, Giovanni Madarriaga y Eduardo Cruz, además de un cuarto integrante del mismo grupo.
El único que permaneció en el cargo, según las mismas fuentes, fue el coronel identificado como Jorge Ignacio Calixto Guaque, pese a que —de acuerdo con nuestras fuentes— no habría superado las pruebas de polígrafo exigidas para el ingreso a la entidad. Su permanencia se explicaría, según la misma fuente, por su cercanía con el propio general Zuluaga.
El perfil de Zuluaga no llega libre de antecedentes públicos. En 2014, mientras dirigía la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (Citec), fue relevado del cargo junto con el entonces jefe de Inteligencia del Ejército, general Mauricio Ricardo Zúñiga, después de que se conociera el escándalo de la llamada Operación Andrómeda: una central de inteligencia militar montada bajo la fachada de un restaurante y un negocio de servicios informáticos en el barrio Galerías de Bogotá, señalada de interceptar de forma ilegal las comunicaciones de periodistas, opositores políticos y negociadores del proceso de paz con las Farc en La Habana.
Zuluaga siempre ha negado responsabilidad en hechos irregulares y ha sostenido que las labores de su unidad se limitaban a contrarrestar comunicaciones de estructuras guerrilleras. El caso, sin embargo, sigue abierto: en octubre de 2024 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) compulsó copias a la Fiscalía para que se le investigara, junto con otros altos oficiales, dentro del Caso 06, que examina la supuesta persecución contra integrantes de la Unión Patriótica.
Esas mismas fuentes describen además el primer contacto de Zuluaga con la entidad en términos poco favorables: aseguran que, en su primera visita, el general preguntó prioritariamente por los cargos de mayor jerarquía y por los salarios y contratos mas cuantiosos, mientras trámites y firmas urgentes quedaban en segundo plano. La DNI maneja un presupuesto de $177 mil millones de pesos.
La controversia por el manejo de la DNI no nace con este cambio de gobierno. La entidad estuvo dirigida durante buena parte del cuatrienio anterior por exintegrantes del M-19, y ha sido señalada en más de una ocasión por nombramientos cuestionados.
Lo que las fuentes de El Expediente plantean ahora es que el recambio impulsado por Zuluaga no representa necesariamente una depuración técnica de la entidad, sino la sustitución de un grupo por otro, con al menos un funcionario —el coronel que no habría superado el polígrafo— que permanece en el cargo por razones de cercanía personal antes que de idoneidad. Lo que se dice al interior de la DNI es que el general Jorge Andrés Zuluaga no quiere tener a personal de la Policía Nacional ni a nadie que haya llegado de la mano de Carlos Ríos en su equipo de trabajo.
