Por: Francisco Muñoz
El pasado domingo 13 de septiembre de 2020, dentro del ciclo internacional de conferencias: “TODA LA VERDAD SOBRE EL GALEÓN SAN JOSÉ”, que adelanta la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia (VNPCS), en el canal de YouTube “SALVEMOS AL GALEÓN”, se presentó: “La versión de Sea Search Armada (SSA)”, la cual estuvo a cargo de las cabezas de esta compañía norteamericana, en la que se mostraron evidencias inéditas de haber sido descubierto el galeón San José en 1982, por parte de los profesionales que participaron en esa expedición. En dicha presentación se dijo:
“Desafortunadamente, según las imágenes publicadas de este supuesto hallazgo de 2015, es obvio que este sitio arqueológico ha sido violado, no está intacto. Ya que los cañones están completamente visibles y los otros artículos expuestos […] sin esa cubierta de limo. [Por tanto] es imposible saber qué ha sido saqueado y en qué medida ha sido afectado el campo arqueológico”.
Lo anterior confirma lo dicho por el diario ABC de España, publicado el 7 de diciembre de 2015: “LO QUE LOS ARQUEÓLOGOS DESCUBREN EN LAS FOTOS DEL GALEÓN SAN JOSÉ”
https://www.abc.es/cultura/abci-arqueologos-descubren-fotos-galeon-san-jose-201512070925_noticia.html
Las imágenes del hallazgo son elocuentes. Es imposible que elementos de un naufragio con más de tres siglos en el fondo del mar aparezcan descubiertos, sin la natural mortaja de sedimento que debe cubrirlas. ¿Por qué un hecho de esta gravedad ha permanecido oculto a la opinión pública colombiana? ¿Quiénes son los responsables de esta violación arqueológica?
Para responder a la primera de estas preguntas, hay que decir que esta realidad fue discutida en su momento por verdaderos arqueólogos subacuáticos, como lo confirma el citado artículo del ABC. Incluso, cualquier persona aficionada al buceo sabe que los objetos en el fondo del mar son cubiertos a través del tiempo por partículas sedimentarias, y mientras mayor sea ese período de tiempo, mayor será la sedimentación que los cubra. Característica que es mucho más evidente en zonas marinas afectadas por desembocaduras de ríos, como lo es en la que fue hallado el galeón San José, donde la pluma del río Magdalena es el principal generador de sedimentación.
Lo anterior nos lleva a la enunciada segunda pregunta: ¿quiénes son los responsables de esta violación arqueológica? Pues no pueden ser otros que todos aquellos que estuvieron involucrados en el proceso de exploración. En primer lugar, la Armada Nacional, por medio de la Dirección General Marítima (DIMAR); el Ministerio de Cultura; el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia (ICANH); la Universidad del Externado; la firma de papel de neopiratas y arqueogánsteres Maritime Archaeological Consultants (MAC); y la supuesta entidad sin ánimo de lucro norteamericana llamada Woods Hole Oceanographic Institution (WOHI), (la que aparentemente cobró más de tres millones de dólares por su “desinteresado apoyo” al proyecto), entre otros.
¿Cómo pueden las propias autoridades responsables de la preservación del patrimonio de la nación cohonestar en semejante delito? Posibles respuestas: (1) porque están involucradas en la trama de expolio que se fraguó contra el patrimonio de los colombianos; (2) porque no tienen la menor idea de cómo se realiza una exploración no intrusiva y mucho menos cómo se investiga científicamente y se interviene técnicamente un contexto arqueológico subacuático; (3) porque son sumisos ante los poderosos y prefieren callar ante la evidente corrupción para mantener el puesto; (4) porque no respetan las leyes en especial lo consignado en el numeral 1 del artículo 4 de la ley 1675 de 2013, donde, entre otras cosas relacionadas con la etapa de “exploración”, dice: “…no se realice sobre dichos bienes intervención, alteración o modificación de sus condiciones físicas ni del contexto en que se hallen…”; (5) todas las anteriores.
¿Actuarán los entes de control sobre estos hechos? Por supuesto que si, pero no para castigar los responsables de los enunciados delitos, lo harán sólo para perseguir a quienes se atrevieron a destapar la criminal trama de expolio, para seguir facilitándoles las cosas a sus patrones políticos, y para empapelar a quienes levantan la voz en defensa del interés general. Pues a fin de cuentas, no son más que el temible brazo de la corrupción. Luego, se oirá el coro de apoyo de la rama judicial, quienes se encargarán de retorcer hasta donde sea necesario el ordenamiento jurídico para no cumplir con su función y más bien condenar a quienes osaron señalar el delito, pues a fin de cuentas, la impunidad en este país ha sido la eterna ramera de la corrupción.
