Por: Francisco Muñoz
Los colombianos soñamos con ver pronto al galeón San José en su museo, expuesto en su majestuosidad arqueológica e histórica en un espacio donde se respire orden, profesionalismo, decoro y respeto, donde se aprecie, valore y enaltezca con orgullo la singularidad de este magnífico bien de interés cultural de la humanidad, un recinto donde conoceremos las razones que justifican el color de nuestra piel, el porqué de nuestra lengua y cultura, un lugar que sin duda, nos revelará el porqué somos lo que somos.
Pero ese sueño debe esperar a que la razón encuentre oportunidad de alzar su voz, aunque para ello urge que la justicia despierte de su letargo y siente en el banquillo a los responsables del pésimo manejo que se ha dado a este legado.
Así que mientras tanto, toca seguir luchando para que la pesadilla termine, pues todo lo que ha generado el galeón San José hasta ahora, son solo montones de expedientes dignos de ser expuestos en el museo del crimen.
Históricamente, los representantes del Estado han dado un terrible manejo al tema del galeón San José. El gobierno actual posa de “cauteloso” como si ignorara las consecuencias de sus actos. Procede convencido de que la “solución final” que se cráneo Santos con sus amigos, es la menos costosa para el país. Nos avergüenza verlo cohonestar con el falaz discurso y abrazar delincuentes intentando como un necio “evadir” responsabilidades. Y lo peor es que, mientras desenreda la maraña en que se metió, deja irresponsablemente expuesto nuestro patrimonio, olvidando su verdadera obligación que es velar por el manejo, salvaguarda y protección del bien de interés cultural y no el dejarlo a merced de quien lo quiera expoliar.
Ahora surgen pruebas de que el contexto arqueológico del galeón San José fue violado, este es un hecho con fundamento técnico, está probado científicamente, lo único que falta es determinar el volumen que ha podido ser saqueado; así lo demostró un perito en arqueología submarina de profundidad, vinculado a la Universidad de Southampton en Inglaterra, el pasado 2 de diciembre de 2020. Ver: https://youtu.be/IYVl5kD65uY
En consecuencia de lo anterior, el pasado 21 de enero de 2021 formulamos denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por la Violación del contexto arqueológico del galeón San José; Abuso de función pública; Asociación para la comisión de un delito contra la administración pública; Favorecimiento; Conspiración; y Prevaricato por omisión.
En la misma se lee:
“Así mismo solicitar al Ente Investigador se determine el nivel de responsabilidad penal en que hayan podido incurrir las entidades y personas que ESTRUCTURARON, ACOMPAÑARON Y PARTICIPARON DIRECTA E INDIRECTAMENTE EN DICHA EXPLORACIÓN…”
[…]
“Se reitera que se denuncia a las personas y entidades involucradas en la operación realizada por la motonave noruega “Seabed Prince”, tanto, a las
relacionadas en la estructuración de la resolución 0304-2016-md-dimar– subdemar-alit del 13 de mayo de 2016, expedida por la dirección general marítima DIMAR, así como de quienes la ejecutaron o se vieron involucrados directa e indirectamente con dicha exploración, sin determinar fecha y tiempo exacto”
Entre otras personas fueron denunciados: Juan Manuel Santos Calderón, Mariana Garcés Córdoba, Juan Manuel Vargas Ayala, Ernesto Montenegro Pérez, Pablo Emilio Romero Rojas, Carlos Rómulo del Cairo Hurtado, José Luis Fuentes Casadiego, Ross Kevin Hyett, Oliver Plunkett.
Entre otras entidades: Ministerio de Cultura, Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), Armada Nacional, Dirección General Marítima (DIMAR), Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG.(MACS), Universidad Externado de Colombia, la compañía norteamericana Woods Hole Oceanograpich Institution (WHOI), la empresa noruega SWIRE SEABED AS propietaria de la embarcación “SEABED PRINCE”, la compañía norteamericana Ocean Infinity, la empresa Puerto Mamonal S.A. -Sociedad portuaria-, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” (INVEMAR), el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), la Capitanía de Puerto de Cartagena de Indias, la agencia marítima ISACOL.
Igualmente, el pasado 27 de enero de 2021 presentamos solicitud de medidas cautelares ante el Consejo de Estado, en la que se les manifestó expresamente:
“…¡que han podido o pueden, estarse robando el Galeón San José y su contenido, con la posible connivencia de las autoridades competentes o su omisión, por no haber ejercido estas al parecer el control, inspección y vigilancia para proteger el pecio, pese a ser esta su obligación!”
Entre las medidas cautelares están:
“Solicitar, de manera inmediata, a la señora vicepresidente de la República, Martha Lucía Ramírez, encargada por el jefe de Estado de decidir sobre toda la gestión pública relativa al galeón San José…
Certificar como autoridad pública delegada por el jefe de Estado acerca del estado de indivisibilidad del Galeón San José, o en otras palabras, de las circunstancias y alcances de las que ha sido objeto, de las actividades que se han ejecutado para vigilar la zona del contexto arqueológico con el fin de impedir que este o sus partes sean saqueadas o hurtadas, incluyendo fechas, horas e instrumentos, nombres de entidades y servidores públicos, personas particulares, si las hay, embarcaciones, equipos, etc. Entregar evidencias periciales del contenido de la certificación sobre el estado de indivisibilidad del pecio.
b) La manifestación contundente de que el Galeón San José no ha sido objeto de ninguna intrusión y, por tanto, este no ha sufrido saqueo o hurto alguno o de sus piezas, a la luz de los hechos denunciados ante la Fiscalía General de la Nación. Afirmación que deberá ser contrastada mediante la inmediata verificación del estado actual del pecio.
c) En caso contrario, que la Señora Vicepresidente informe de las respectivas quejas disciplinarias y fiscales, y denuncias penales, así como a adoptar las decisiones contractuales contra los presuntos responsables de alterar el contexto arqueológico del galeón San José o su indivisibilidad, enviando copia de estas a ese despacho y al Comité que luego se indica, para lo que corresponda.
d) Igualmente, que se establezca, ejecute y reporte al Consejo de Estado un plan de seguridad física para descartar que la situación descrita en los hechos se siga presentando.
e) Del mismo modo, que se establezca una efectiva y hermética cadena de custodia, sobre toda la información relacionada con las operaciones de exploración realizadas en 2015 vinculadas con el hallazgo denunciado, así como de toda la información relacionada con la operación de exploración adelantada entre el 17 de mayo y el 1 de junio de 2016 y que la misma se entregue al Consejo de Estado y al Comité mencionado, para lo que corresponda.
f) Poner en conocimiento de autoridades académicas y científicas independientes de las partes que rindan dictamen al país y al mundo de EN QUÉ MEDIDA FUE VIOLADO EL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO DEL PECIO DEL GALEÓN SAN JOSÉ. Así mismo, remitir un ejemplar de estos documentos e información a su despacho y al referido Comité, para lo pertinente.
Dado que no se comprende la inexplicable obstinación gubernamental de insistir a todo trance en adelantar la expedición arqueológica del galeón San José con los principales presuntos responsables de la violación del contexto arqueológico que se ha denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, en forma respetuosa y comedida le solicito, ante la gravedad de la situación y sus irreparables consecuencias, decretar las siguientes medidas cautelares de urgencia:
Ordenar la cancelación de la APP MC APP 001 2018 por su quebrantamiento sistemático de las leyes correspondientes conforme a la demanda y en especial a los hechos observados en el informe de la Procuraduría Delegada de la Vigilancia Preventiva de la Función Pública en el informe radicado el 3 de agosto de 2018 ante el despacho del Procurador General de la Nación; copia del cual se allegó al Magistrado Ponente el pasado 30 de noviembre de 2020…
Ordenar la inmediata estructuración y puesta en marcha de la expedición arqueológica del galeón San José, dada su condición de Bien de Interés Cultural el cual goza de una protección constitucional reforzada y de acuerdo con la Resolución 0983 de 20 de mayo de 2010 del Ministerio de Cultura, donde se indica con total claridad, que las situaciones jurídicas en curso, discusión o litigio, no afectan ni condicionan la salvaguarda, protección o manejo del Bien de Interés Cultural.
Conformar cuanto antes un Comité de Vigilancia y acompañamiento, integrado por la PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; la RED UNIVERSITARIA DE PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO, compuesta por Arqueólogos y especialistas multidisciplinarios, pertenecientes a la Universidad de los Andes, Universidad del Norte, Universidad de Antioquia, Universidad de Caldas, Universidad de Cartagena, Universidad del Cauca, Universidad del Magdalena, Universidad del Atlántico, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; así como la VEEDURÍA NACIONAL PARA EL CONTROL SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO DE COLOMBIA -VNPCS, y otras personas e instituciones que su despacho estime, con el fin de ejercer control, seguimiento e inspección a las actividades que despliegue el poder ejecutivo y las respectivas autoridades; con el sano objetivo de servir de garantes de la efectiva protección del Galeón San José y su contenido.”
Finalmente, no queda más que esperar que las diligentes pesquisas de la Fiscalía General de la Nación lleven a los responsables de todo este desastre a dar razón de su conducta.
Mientras tanto, el futuro del galeón San José queda en manos del Consejo de Estado.
