Por: Gustavo Rugeles – Director de El Expediente
Publicado el 24 de octubre de 2025
Tercera entrega del Especial El Expediente sobre la sanción OFAC.
Después de la desconexión financiera y el apagón digital, llega la pregunta inevitable:
¿puede el presidente de Colombia perder su voz en la red social donde se juega la política mundial?
LA PLATAFORMA Y LA LEY
Desde que X Corp. (antes Twitter Inc.) pasó a manos de Elon Musk, muchos creen que la red opera bajo un nuevo “paraguas de libertad de expresión”. Pero detrás del discurso libertario hay una pared infranqueable: la ley estadounidense.
X es una corporación registrada en California, bajo jurisdicción federal. Por tanto, está sujeta a la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) y a las sanciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Eso significa, en términos simples, que X es una “Persona de Estados Unidos” (U.S. Person). Y una “Persona de EE. UU.” no puede proporcionar bienes o servicios —ni siquiera digitales— a individuos o entidades incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).
Petro está ahí. Su nombre fue incluido bajo la Executive Order 14059 – Illicit Drug Trade, la misma que ha borrado de la esfera digital a docenas de funcionarios de Irán, Rusia y Venezuela.
LA LÍNEA FINA ENTRE LA LEY Y LA LIBERTAD
¿Significa esto que X debe cerrar su cuenta?
No automáticamente. Pero la obligación legal existe. La decisión final dependerá de cómo interprete la Sección 501.603 del Código de Regulaciones Federales (31 CFR), que exige a las empresas estadounidenses reportar relaciones o transacciones con personas sancionadas.
El problema para Musk es que Petro no es cualquier usuario: es un jefe de Estado. Cerrarle la cuenta equivaldría a un acto de censura diplomática global, pero mantenerla abierta podría considerarse violación de sanciones federales.
El dilema no es moral. Es jurídico. OFAC no distingue entre un narcotraficante, un oligarca ruso o un presidente latinoamericano: si está en la lista, está bloqueado.
LA POLÍTICA DEL SILENCIO PROGRAMADO
En casos similares, X ha optado por la “suspensión técnica”:
la cuenta sigue visible, pero el usuario no puede publicar, monetizar ni acceder a publicidad o verificación.
Es una forma elegante de cumplir la ley sin el ruido del cierre.
Sin embargo, en el entorno actual, la presión sobre X será brutal:
• Los bancos corresponsales de Musk, que procesan pagos de publicidad y suscripciones, exigirán demostrar cumplimiento OFAC.
• El Departamento del Tesoro puede solicitar a la plataforma un reporte de usuarios sancionados activos.
• Y los propios anunciantes (que también son U.S. Persons) evitarán aparecer en perfiles bloqueados por narcotráfico.
En la práctica, mantener abierta la cuenta de Petro podría exponer a X a multas millonarias y restricciones financieras.
EL ARGUMENTO QUE DIVIDIRÁ A OCCIDENTE
¿Es cerrar una cuenta de X una forma moderna de censura o una extensión natural de la ley?
¿Debe el derecho internacional proteger la voz de un presidente, aunque esté sancionado por narcotráfico?
¿Dónde termina la libertad de expresión y dónde empieza el cumplimiento financiero?
El debate está servido:
• Los defensores de Petro dirán que silenciarlo es un ataque político disfrazado de sanción.
• Los operadores de cumplimiento recordarán que la OFAC no discute narrativas, solo rastros financieros.
• Y los aliados de Musk advertirán que el riesgo no está en lo que Petro diga, sino en lo que el Tesoro pueda probar.
En la balanza, la libertad digital de un presidente sancionado choca de frente con la arquitectura legal del dólar.
🌐 EL PRECEDENTE PELIGROSO
Cerrar la cuenta de un presidente en ejercicio no sería un hecho inédito, pero sí devastador. En 2021, Twitter suspendió a Donald Trump por “incitar la violencia”.
En 2022, YouTube y Facebook bloquearon a funcionarios rusos bajo sanciones.
Ahora, el escenario se repite con un jefe de Estado latinoamericano incluido en la lista OFAC.
Si X decide cerrar la cuenta de Petro, no será por ideología, sino por compliance.
Y si no la cierra, lo hará el sistema financiero detrás de la plataforma: los procesadores de pago, las pasarelas de publicidad, los bancos.
El silencio puede llegar no por decreto, sino por asfixia.
EL DILEMA FINAL
Elon Musk se presenta como el defensor de la libertad digital, pero enfrenta su paradoja más grande: ¿puede proteger la voz de un presidente designado por narcotráfico sin desafiar a su propio gobierno?
¿Quién pesa más en el algoritmo de X: la Primera Enmienda o el Tesoro de Estados Unidos?
EL EXPEDIENTE SIGUE LA PISTA
El Expediente seguirá observando el pulso entre Washington, Silicon Valley y Bogotá. Porque esta vez no se trata solo de un presidente ni de política. Se trata de un hombre que podría dejar de existir en el mundo digital:
cuando su voz se apague no por censura, sino por cumplimiento bancario.
