Por: Jazmín Balaguer
La renuncia de Karen Abudinen, como Ministra de Tecnologías de la Información y Comunicación, por el escandalo del contrato con la unión temporal, Centro Poblados, en donde está comprometido un adelanto de 70 mil millones de pesos, se da tardíamente, y estará lejos de combatir realmente la corrupción.
Las autoridades tendrán que definir qué sucedió con ese dinero, si efectivamente esta representado en equipos e insumos como lo afirma ese consorcio, o si se encuentra en su poder de forma irregular. También deberá establecer, si las pólizas son fraudulentas, como todo parece indicar. Mientras eso ocurre, para la opinión pública hoy es un hecho, que se trata de corrupción, por lo que necesita explicaciones y responsables.
Cada día sin respuesta, afecta la gobernabilidad, credibilidad institucional, en últimas, el tejido social. Si bien es entendible para los colombianos, que es muy probable que la Ministra no fue quien se apropio del presupuesto, si demanda que haya un reconocimiento de su responsabilidad política, como administradora, veedora y protectora del mismo. Pero con ella ahí en el cargo, habiendo pasado más de dos meses, desde las primeras denuncias por incumplimiento y sobre esas sospechosas pólizas, y con una moción de censura encima, el mensaje que se envío, a pesar de las buenas medidas tomadas para recuperar ese adelanto, fue que era algo menor que no ameritaba su salida.
En un país con casi el 50% de población en la pobreza, una situación así, es totalmente intolerable, tanto, que si la Ministra no renunciaba, ya estaban rápidamente configurándose los votos necesarios, para sacar adelante la moción de censura en su contra. Para los congresistas era insostenible mantener el apoyo hacia ella, como hubiera sido en otro momento. Sólo por su salida, se pierde el impulso, provocando una falta de quórum que hizo caer ese mecanismo de control. No obstante, el daño quedó hecho a la imagen del Gobierno y al partido del mismo, algo nada conveniente en esta época preelectoral. Por lo que el sector opositor, no escatimó esfuerzos para volverlo un botín mediático, incluso ejerciendo como jueces sobre la hasta entonces, Ministra, para acusarla de robo. Un propósito más electoral, que efectivo contra la corrupción, por lo siguiente.
La Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, es tan compleja y excluyente, que el Estado en aras de perseguir la corrupción, termina estimulándola. Una terrible paradoja. Hay tal nivel de exigencia para operar los recursos públicos, que sólo los grupos de poder local terminan por cumplirlos, porque son quienes tienen el respaldo económico, y muchas veces, la versatilidad ética para ajustar las empresas bajo su dominio, de acuerdo al objeto del contrato. Esa burocracia estatal, elimina competencia, y acaba creando monopolios de contratación.
Es un secreto a voces, que existe un mercado negro de empresas y fundaciones, que se alquilan para ganar licitaciones, pagándoles un alto porcentaje del mismo. Tienen un objeto social tan amplio, que pueden presentarse para un proyecto vial, o para un programa de alimentos como el PAE.
Sucede todo el tiempo, y cumplen a medias, lo suficiente para que no haya un escandalo, y con estructuras dentro de las entidades oficiales que hacen lo propio. Ya que si bien, la Ley 80 incentiva a que se creen empresas sólo para licitar, pero con la infraestructura financiera necesaria, que las hace tener mejor puntuación, que empresas con larga trayectoria en el objeto del contrato, es imposible si no se cuanta con funcionarios públicos. Por ejemplo, para que no se haga algo tan simple, como verificar las pólizas de cumplimiento directamente en la entidad emisora, como sucedió en MinTIC.
En la carta de renuncia, la señora Abudinen deja entrever esos poderes políticos, detrás de estos entramados de corrupción, que conocen mejor la ley y la burocracia que cualquiera, situación que los ayuda a salir siempre adelante. Ella lanza esas pullas, quizás porque se sintió abandonada en este escandalo, ante su inminente salida, y las consecuencias que ello traerá para sus aspiraciones políticas, en la región del caribe. Ese mensaje subliminal, no genera confianza, y pareciera confirmar las sospechas que hay sobre su conocimiento en este asunto, o lo que hubiera sucedido con cualquier otro funcionario, en donde es posible que toleren un grado de corrupción, pero exigiendo cumplimiento, y con un fuerte control institucional. Lo que ella no tuvo, incentivando a que la corrupción se desbordara, y fuera muy evidente, porque ni avances en el proyecto hubo.
Esperemos que ahora, el Estado no le salga a deber a Centros Poblados, ante sus ambiciosas demandas por la caducidad del contrato, a razón de la mencionada póliza, ya que sus abogados alegan, que bajo jurisprudencia del Consejo de Estado, cuando esta situación se presenta, no es razón suficiente para tomar esa medida, y se debió dar tiempo para conseguir otra garantía.
Por lo pronto, esas empresas que conforman estos consorcios, estarán replegadas así como sucede con la criminalidad, cuando las autoridades dan fuertes golpes. Seguirán ahí aguardando que todo se calme, para estar nuevamente al acecho de licitaciones, o de la misma, ya que aun falta por ejecutarse la mayor parte de ese billonario presupuesto, en algo tan urgente como es aumentar el nivel de acceso a internet en el país, que ronda el 45% (Chile o Brasil el 90%). Recursos orientados al área rural, donde es más dramática la situación, 1 de cada 6 hogares cuentan con el servicio. El riesgo para ese proyecto estratégico, que permitiría avanzar en el desarrollo económico del país, aun no termina.
