Por: Gustavo Rugeles – El Expediente
En octubre de 2025, el gobierno de Donald Trump tomó la inesperada decisión de incluir al exembajador Armando Benedetti en la lista de sancionados de la OFAC (conocida popularmente como Lista Clinton) . Este movimiento, parte de una acción más amplia contra el presidente Gustavo Petro y su círculo cercano, congeló de inmediato cualquier activo de Benedetti bajo jurisdicción estadounidense y prohibió a entidades o personas de EE.UU. realizar transacciones con él.
La medida causó perplejidad: Camilo Benedetti, hermano de Armando, había sido años atrás representante de los negocios del Trump Organization en Colombia. Resulta irónico que, tras esa relación comercial, sea Trump quien ahora golpea a Benedetti con sanciones financieras desde Washington. En palabras del Departamento del Tesoro, “el Presidente Trump está tomando acciones enérgicas… no toleraremos el tráfico de drogas”.
Más allá de las acusaciones formales de vínculos con el narcotráfico y corrupción en la campaña de Petro, para muchos en Colombia la inclusión de Benedetti en la Lista Clinton tuvo un tinte revanchista y político. El propio Armando Benedetti reaccionó airadamente, negando tener nexos con el narcotráfico y tildando la sanción de injusta y motivada por su defensa del presidente Petro. La perplejidad radica en que, quien antes tejió lazos con la familia Trump, ahora se ve arrinconado por las sanciones impuestas desde la Casa Blanca de Trump.
Conexiones con Trump: de aliado a blanco de sanciones
Las conexiones entre los Benedetti y los círculos de poder de EE.UU. se remontan a la década pasada. Camilo Ernesto Benedetti, hermano de Armando, cultivó una estrecha relación comercial con el imperio Trump. Fue conocido como “el representante de negocios de Donald Trump en Colombia”, actuando como facilitador de proyectos inmobiliarios y de lujo .
De hecho, en 2010 Camilo Benedetti coordinó un encuentro en la Casa de Nariño entre Donald Trump Jr. y el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos, con miras a negocios en el país. En 2010, Camilo Benedetti (centro) facilitó un encuentro entre Donald Trump Jr. (izq.) y el presidente Juan Manuel Santos (der.) en la Casa de Nariño. Aquella relación Trump-Benedetti, sin embargo, “no terminó bien” según reportes de prensa . Años más tarde, el viraje es dramático: el mismo Camilo que fue socio local de Trump observa cómo la administración Trump incluye a su propio hermano en la Lista Clinton, situación que pocos hubieran anticipado.
No es la única conexión de alto nivel en la órbita de los Benedetti. Reportes señalan que Camilo y Armando Benedetti también han sido cercanos al círculo de los Clinton en EE.UU., incluyendo al empresario Frank Giustra, ligado a investigaciones de alto perfil en el caso Jeffrey Epstein. Esta dualidad de alianzas –por un lado con la familia Trump y por otro con allegados a los Clinton– añade un matiz casi novelesco al caso. Irónicamente, la sanción que hoy los afecta lleva el apodo de “Lista Clinton” (por ser creada durante el gobierno de Bill Clinton), lo que subraya la paradoja: antiguos conocidos de los Clinton terminan en la Lista Clinton, por obra de un presidente Trump. La caída en desgracia de Benedetti bajo la mano de Trump ha desatado especulaciones en Bogotá sobre si viejas rencillas o informaciones privilegiadas desde esos círculos pudieron haber influido en su designación en la lista negra.
De Panamá a Miami: la huella offshore de Camilo Benedetti
La trama offshore de los hermanos Benedetti continúa. La historia financiera de Camilo Benedetti revela un patrón de maniobras offshore y transnacionales que hoy adquieren nueva relevancia. Su nombre apareció en los famosos Papeles de Panamá, la filtración masiva de documentos de Mossack Fonseca sobre ocultamiento de activos.
De acuerdo con una investigación estadounidense, Camilo utilizó los servicios de Mossack Fonseca para crear una “oficina virtual” que hiciera parecer que su compañía tenía presencia física en cierto país, todo ello con el objetivo de “proteger activos o minimizar impuestos” . En otras palabras, se valió de estructuras offshore para darle a sus negocios una fachada internacional y beneficios tributarios, exactamente el tipo de estrategia expuesta por Panama Papers. Esta revelación conecta directamente a Camilo con prácticas comunes de evasión o elusión sofisticada, estableciendo su huella offshore en Panamá.
Simultáneamente, Camilo ha mantenido operaciones en Florida, epicentro de muchos capitales latinoamericanos. Fundó en 2016 la empresa Force Improvement LLC en el estado de Florida (EE.UU.), con la cual incursionó como contratista de suministros militares para las Fuerzas Armadas de Colombia .
Bajo esa figura, Camilo Benedetti –junto a socios locales– logró contratos por al menos $26 mil millones de pesos colombianos (unos 7 millones de dólares) con el Ejército y el Ministerio de Defensa . Esos contratos incluían la venta de simuladores de entrenamiento, paracaídas, granadas y otros pertrechos a las fuerzas militares, a través de la sucursal colombiana de Force Improvement LLC . Llamó la atención que una empresa constituida offshore en Florida terminara abasteciendo desde granadas hasta termómetros al Ejército colombiano, evidenciando la enorme amplitud del objeto social con el que operaba. No en vano, las autoridades de control en Colombia pusieron la lupa sobre estos negocios: la Contraloría General abrió una investigación por presuntos sobrecostos e irregularidades en al menos 6 contratos adjudicados a la firma de Camilo y sus aliados. No se sabe en qué terminaron las pesquisas.
La ruta offshore del caso Benedetti une Panamá con Miami en un solo trazo. De las sociedades opacas creadas vía Mossack Fonseca para ocultar o disfrazar activos, pasaron a la creación de compañías en Florida empleadas para hacer negocios con el Estado colombiano.
Miami, hogar de la firma Diaz Reus que hoy defiende a Armando, fue también el centro de operaciones financieras de Camilo. Esta huella transnacional sugiere que los Benedetti diversificaron jurisdicciones para sus movimientos: Panamá les dio el blindaje corporativo y Miami el acceso al mercado global y bancario en dólares. Tales maniobras, si bien pueden enmarcarse en la legalidad formal, denotan una sofisticación financiera que hoy levanta suspicacias. Cada nueva pieza que sale a la luz –desde fotos en la Casa de Nariño con Trump Jr. hasta registros en los Panama Papers– refuerza la imagen de una trama offshore familiar que ahora está bajo escrutinio internacional.
Un “U.S. Person” bajo la lupa: riesgo regulatorio para Camilo
Aunque Camilo Benedetti no ha sido designado por la OFAC ni enfrenta cargos penales en EE.UU., su situación tras la sanción a Armando es sumamente delicada. Camilo ostenta la calidad de “U.S. Person” (persona sujeta a la jurisdicción de EE.UU., presumiblemente por tener residencia o negocios en Florida), lo que lo obliga a cumplir estrictamente con las regulaciones de sanciones. En la práctica, esto significa que Camilo no puede proporcionar fondos, bienes o servicios que beneficien directa o indirectamente a su hermano Armando sin incurrir él mismo en violaciones serias. Las normas de OFAC son claras al respecto: cualquier ciudadano o entidad estadounidense que facilite transacciones con un sancionado se expone a multas de hasta 1 millón de dólares e incluso cargos criminales. En otras palabras, si Camilo, intencional o inadvertidamente, actúa como puente financiero para Armando, podría ser considerado un “facilitador material” –una etiqueta peligrosa que podría acarrearle su propia inclusión en la lista negra.
Los bancos y el mundo financiero tampoco harán distinciones sutiles. Las entidades globales, temerosas de sanciones secundarias, tienden a tratar a familiares cercanos de un sancionado como clientes de alto riesgo. De hecho, grandes bancos internacionales suelen congelar o cerrar cuentas preventivamente ante la sospecha de que puedan ser utilizadas para evadir sanciones, y puede que esto esté ocurriendo ya.
Para Camilo Benedetti, esto augura un panorama complejo: aunque él no esté formalmente en la lista OFAC, podría encontrar sus cuentas sometidas a un escrutinio extremo, transferencias bloqueadas y relaciones bancarias terminadas por simple “riesgo reputacional”. En Colombia, la Superintendencia Financiera ya ha ordenado en otros casos congelar cualquier cuenta relacionada con personajes OFAC, y es probable que cualquier vínculo financiero entre los hermanos quede bajo la lupa a nivel local
La diferencia jurídica entre Armando y Camilo es visible –uno es un “SDN” (Specially Designated National) sancionado, el otro un ciudadano libre–, pero a ojos de las autoridades financieras esa distinción podría desdibujarse. OFAC muy seguramente tiene a Camilo Benedetti en su radar, monitoreando si actúa como canal alterno para los recursos de Armando. Es un caso clásico donde la presunción de “socio silencioso” o testaferro ronda: cualquier movimiento inusual de Camilo podría ser interpretado como intento de eludir las sanciones. Así, Camilo camina en un terreno minado regulatoriamente; su exposición a OFAC es real pese a no estar sancionado, y cada paso en falso podría arrastrarlo al mismo abismo financiero que hoy enfrenta su hermano.
Armando Benedetti: aislamiento financiero y batalla legal
Para Armando Benedetti, la designación en la Lista Clinton ha significado caer en una suerte de ostracismo financiero instantáneo. Todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense –cuentas bancarias, propiedades, inversiones– quedaron congelados de inmediato . Sus tarjetas de crédito internacionales dejaron de funcionar de la noche a la mañana, y cualquier empresa o persona en EE.UU. tiene prohibido hacer negocios con él bajo severas penas legales.
Esta sanción equivaldría al “patrón oro” de las represalias financieras: un castigo sin necesidad de juicio previo, sustentado en informes de inteligencia de la DEA y decidido desde el Tesoro estadounidense. No importa que Benedetti no haya sido vencido en un tribunal; la Lista Clinton es auto-ejecutable y de efecto fulminante, comparable a una “muerte financiera civil” donde el sancionado queda aislado incluso si insiste en su inocencia.
El impacto para Armando ha sido también político y personal. Siendo en ese momento Ministro del Interior de Colombia, su inclusión en la lista supuso un escándalo sin precedentes (es la primera vez que un alto funcionario colombiano en ejercicio, incluso un Presidente, es sancionado de este modo). Benedetti se ha visto forzado a concentrar todos sus esfuerzos en su defensa, contratando una costosa representación legal en EE.UU. para intentar salir del listado. Ha trascendido que más de 1 millón de dólares costará el abogado que llevará su caso: el exfiscal Michael Diaz Jr., socio director de la firma Diaz Reus International en Miami, experto en sanciones OFAC. Diaz Jr. –quien ha llevado casos de alto perfil vinculados a corrupción y lavado en América Latina– encabeza ahora la batalla legal de Benedetti ante el Departamento del Tesoro, buscando probar que su inclusión fue un error o logró “un cambio de comportamiento” que justifique su remoción .
Sin embargo, la empresa no será fácil ni rápida. Procesos similares de exclusión de la Lista Clinton suelen tomar años de litigio y cooperación con las autoridades.
Pero cooperar aquí significaría irse contra Petro y su entorno. Para el sancionado Armando Benedetti la clave de su estrategia de defensa podría pasar por revelar el uso de los $15.000 millones que él mismo confesó haber conseguido para la campaña presidencial de Gustavo Petro. Al documentar el origen, destino y gestión de esos fondos —y al demostrar que no terminaron beneficiando directamente al narcotráfico o a su persona—, podría intentar negociar con la Office of Foreign Assets Control (OFAC) que se le considere un “cambio de comportamiento” o se le otorgue una licencia especial que le permita salir de la lista. En ese escenario, la revelación de estos monto se convertiría en una moneda de cambio: él entrega pruebas de financiamiento irregular y, a cambio, espera recuperar el acceso al sistema financiero global y limpiar su nombre ante Washington.
Mientras tanto, Benedetti permanece en una suerte de limbo: no puede mover sus recursos libremente, ha visto evaporarse su acceso al sistema financiero global y carga con el estigma internacional de estar asociado al narcotráfico. Sus propias declaraciones reflejan la gravedad de su situación: “Me pusieron en la lista sin yo haberlos atacado… ningún colombiano se cree el cuento de que soy narcotraficante”, clamó en redes, denunciando una “persecución política sin precedentes”. En un giro amargo del destino, quien fuera operador político influyente ahora se encuentra aislado y acorralado, dependiendo de un costoso litigio en tribunales estadounidenses y del devenir geopolítico entre Bogotá y Washington.
En síntesis, el caso de los hermanos Benedetti ejemplifica la implacable dureza de las sanciones financieras de EE.UU. y expone las intrincadas conexiones entre el poder político colombiano y las redes offshore internacionales. Armando Benedetti enfrenta un calvario financiero y legal, mientras que Camilo Benedetti –aunque libre de sanciones– camina en la cuerda floja, observado de cerca por quienes vigilan que la Lista Clinton no pueda ser burlada. La trama que va desde los Panama Papers hasta las sanciones de Trump es un recordatorio de que, en la era de la globalización, las acciones ocultas en Panamá pueden tener repercusiones devastadoras en Miami y Washington. Los Benedetti lo están aprendiendo por la vía más difícil, bajo la luz implacable de la OFAC y con la sombra de sus decisiones pasadas alcanzándolos internacionalmente.
P.D. El Expediente estará atento a los movimientos legales y financieros de Benedetti, especialmente a cualquier intento de usar la verdad sobre los $15.000 millones como llave de salida del bloqueo más temido del sistema financiero mundial
