Por: Jorge Cárdenas
Lo que resultaba impensable hace unos cuantos años ahora es parte de nuestra realidad.
No es por ser opositor – porque de hecho voté por Juan Manuel Santos en 2010- pero todo lo sucedido con los acuerdos de La Habana ha estado salpicado de irregularidades que solo han dejado de ser ilegales porque contaron con la complacencia de las cortes de nuestro país que los avalaron pese a que el pueblo por mayoría no les dio una aprobación que siempre se dijo sería fundamental para su implementación.
Antes de los acuerdos el 99% de la población colombiana coincidía en que el enemigo común eran las FARC y los grupos delincuenciales que camuflan su accionar en una supuesta lucha social que nunca ha existido y de la que no hay la más mínima evidencia.
El 4 de febrero del 2008 millones de colombianos marchamos gritando “NO MAS FARC”. Era un grito cerrado y sentido que reflejaba el hastío generalizado por la situación de violencia que vivía el país desde hacía décadas.
Los secuestros, las matanzas, el narcotráfico, el reclutamiento forzado de menores, las violaciones sistemáticas, en fin, todo lo que reúnen esos grupos armados que nada hacen por la población civil más que abusarla, asesinarla y usarla como pretexto habían rebosado la paciencia de todo el país.
Los lideres de esos delincuentes, como Timochenko, grababan videos amenazantes desde las selvas de Colombia o de Venezuela; nuevo fortín de criminales amparados por la dictadura de Chávez y su cartel de los soles; mientras sus bloques atentaban contra las poblaciones más vulnerables y sus redes urbanas hacían lo propio en las ciudades.
En teoría todos los partidos políticos, aún los de izquierda, desaprobaban esas acciones y se mostraban solidarios con las victimas (aunque algunos no hicieran públicos esos reclamos).
La UP (Unión Patriótica) partido político de las FARC en los 80s fue prácticamente exterminado por los paramilitares en aparente confabulación con las fuerzas armadas y el apoyo de políticos y empresarios que temían la, hasta entonces, utópica llegada de la guerrilla al poder. Acto absolutamente reprochable pero que se podía entender dada la violencia y la criminalidad mostrada por sus camaradas en el monte y los mimetizados entre la población de las ciudades a las que atacaban.
La alianza democrática M-19, partido político gestado a raíz de la desmovilización del grupo “guerrillero” del mismo nombre ha tenido una notable participación en política pese a haber tenido claros vínculos con Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente y desde su creación ha visto en las urnas el reflejo de un apoyo a sus políticas; muy distinto a lo que muestra el Partido FARC. Quizá por eso Santos les regaló las curules. El jugador de póker sabía que el pueblo no apoyaría de la misma manera a un grupo claramente narcoterrorista.
Sin embargo, en la práctica hemos sido testigos del carrusel de la contratación gestado por el Polo Democrático que fue creado por antiguos miembros del partido M19. El discurso anticorrupción no se aplica para ellos.
Aunque la justicia de nuestro país siempre se ha caracterizado por su lentitud se presumía que los jueces, desde la Corte Suprema hasta el juez municipal del poblado más pequeño, defendían las instituciones y reconocían en esos grupos armados al enemigo común ante el cual no se podía claudicar.
Las tomas a poblaciones con la posterior captura de policías y militares condenados a pasar años en campos de concentración en la mitad de alguna selva bajo las peores condiciones eran totalmente repudiadas. No se escuchaba a nadie que apoyara esas acciones y mucho menos que quisiera compartir la mesa con sus gestores.
El atentado al Club El Nogal en Bogotá, no fue solo un acto cobarde sino un símbolo de que las FARC estaban golpeando al corazón de la alta sociedad capitalina. Fue la muestra de que el terror también les podía llegar a quienes dirigían el país y que eran los enemigos naturales de delincuentes que decían ser parte del pueblo oprimido por esa elite. Nunca se esperaría que llegaran a compartir en sus manteles unos y otros en medio de whisky y canapés.
Desde el gobierno de Andrés Pastrana se puso de moda la manilla con la bandera colombiana y en el gobierno de Uribe y su “Vive Colombia, viaja por ella”, se saludaba a los soldados que custodiaban las carreteras levantándoles el dedo pulgar como muestra de aprobación. Verlos por el camino daba una sensación de seguridad, protección y confianza que parecían perdidas para ese entonces.
Ahora nuestras fuerzas militares y de policía son vistas por algunos, azuzados por los simpatizantes de esos grupos insurgentes, como enemigos que solo buscan matar y violar.
Ha sido tan efectiva la campaña de la izquierda contra las instituciones que han conseguido que los que han cometido múltiples crímenes de manera sistemática estén ahora en la posición de juzgar a quienes los perseguían y están vengándose de manera certera.
No importa (para algunos) que sigan delinquiendo en la selva, traficando de la mano de carteles nacionales y extranjeros, que sigan asesinando policías y militares, que intimiden a la población y la sigan extorsionando. Crímenes tan abominables como el carro bomba a la escuela de oficiales pasan de agache mientras exponen a los 4 vientos la violación a una menor, prostituida por su madre, por parte de unos soldados. No se les da el mismo peso a unos que a otros.
Es que todo cambió con los acuerdos. El país quedó dividido entre quienes nos oponíamos a la impunidad gratuita a esos criminales; a las curules regaladas en una clara violación a la democracia, a la amnistía de quienes han cometido cientos de crímenes amparados por una supuesta insurrección que nunca existió porque carecía de algo fundamental para tener ese carácter, apoyo popular; y quienes compraron la historia inventada por Santos de la verdad, la justicia y la reparación que las víctimas no han podido ni podrán ver.
Los lideres de las FARC hicieron el mejor negocio de sus vidas. Algo que ni en sus mejores sueños iban a conseguir antes del 7 de agosto de 2010. Se borraron sus prontuarios, tienen sillas en el congreso y sus supuestos enemigos ahora los invitan a su casa a departir mientras confabulan contra quienes los perseguían como los criminales que son.
Algunos políticos, empezando por el mismo expresidente Santos, salieron del closet de la simpatía por esos delincuentes. Muy seguramente por contratos y réditos que ganarán por ese apoyo. Ahora se les ve en la sala de sus casas departiendo y confabulando porque la estantería se les puede caer y perderían lo conseguido.
Algunos jueces, sobre todo de las altas cortes, parecen trabajar para defender la impunidad de los que han contravenido el código penal de principio a fin.
Cada día vemos como se destapan más enredos que involucran a unos y a otros y que apuntan a la aniquilación del enemigo común para ellos, Álvaro Uribe Vélez, y lo que él significa.
Al paso que vamos la insurgencia va a ser el Uribismo y cualquier vertiente que no comulgue con la izquierda proclive a legitimar a delincuentes convertidos en políticos ni con jueces que entregan la ley a cambio de contratos dudosos.
No se trata de que las cosas tengan que ser iguales por toda la eternidad pero, si revisamos la historia de nuestro país nos daremos cuenta de que le estamos entregando sus riendas al más perverso enemigo de la sociedad colombiana y que, una vez en el poder, podrán reinar a sus anchas hasta cuando ellos quieran porque, a diferencia de quienes los han combatido que deben hacerlo guardando respeto por la ley, ellos no le han guardado el más mínimo asomo y no lo harán jamás.
