Por: Gustavo Rugeles – Director de El Expediente
Publicado el 25 de octubre de 2025
La sanción OFAC a Gustavo Petro no solo congeló cuentas: congeló un proyecto político. El Pacto Histórico, que soñó con la reelección ideológica del petrismo, entra en campaña presidencial con un fardo radioactivo. Cada precandidato carga un nivel distinto de exposición: unos por negocios, otros por cercanía, y todos por la sombra de la designación.
Washington no ve aspirantes; ve una red de facilitación (material support). El Pacto Histórico, como estructura, opera ahora como un agente de facto del SDN Petro, y será tratado como tal. No son «potenciales» facilitadores; son el aparato logístico del sancionado.
GUSTAVO BOLÍVAR: EL PRODUCTOR DE LA POBREZA
El libreto de su vida se volvió su condena.
Gustavo Bolívar, exsenador y guionista de telenovelas sobre narcos y prostíbulos, es el rostro más visible del petrismo electoral. Durante años se presentó como símbolo de “decencia” política, pero sus finanzas personales cuentan otra historia.
Registros públicos del estado de Florida muestran cinco empresas a su nombre: Four Notes LLC, Once Upon a Time Films LLC, El Tatuaje LLC, Three Trees Films LLC y Manos Limpias USA Inc. —todas creadas entre 2015 y 2019, incluso mientras era congresista—. También figura como copropietario de un apartamento de 130 metros en Miami-Dade, compartido con su pareja y su hijo (Los Irreverentes, 2019).
Lo ‘legal’ se terminó. Bajo el régimen OFAC, esas estructuras son activos bloqueados en potencia. No son ‘vehículos de inversión’; son fachadas en riesgo de decomiso que cualquier banco en EE.UU. debe reportar.
La relación económica y política es pública. Por tanto, el Tesoro ya aplica la ‘OFAC 50 Percent Rule’. Esas empresas se presumen propiedad del sancionado hasta que Bolívar demuestre lo contrario ante un juez federal. Sus activos en EE.UU. son su talón de Aquiles financiero.
En lenguaje de compliance: Bolívar no es un ‘riesgo’. Es un blanco de cumplimiento (compliance target). Es el heredero más embargado del sancionado.
Lo de Petro y Bolívar no es solo una alianza política; es una devoción personal. «Yo a Petro lo amo», dijo Bolívar en entrevista pública (Semana, 2022).
Lo ‘legal’ se terminó. Bajo el régimen OFAC, esa devoción y esas estructuras son activos bloqueados en potencia. No son ‘vehículos de inversión’; son fachadas en riesgo de decomiso que cualquier banco en EE.UU. debe reportar.
Esa confesión pública, sumada a la simbiosis política y económica, es lo que activa la presunción de la ‘OFAC 50 Percent Rule’. La regla no requiere que Bolívar esté designado; requiere que el SDN (Petro) ‘posea o controle indirectamente’ el 50% o más de la entidad.
En la práctica, el Tesoro ya no ve esas empresas como ‘de Bolívar’; las ve como activos ‘proxy’ bajo el control fáctico del sancionado. La carga de probar ante un juez federal que Petro no tiene control sobre esos fondos recae 100% en Bolívar. Sus activos en EE.UU. son su talón de Aquiles financiero.
IVÁN CEPEDA: EL DIPLOMÁTICO DE LAS SOMBRAS
El pasado incómodo de Iván Cepeda se llama Raúl Reyes. En 2008, los computadores incautados al jefe de las FARC incluyeron mensajes que mencionaban contactos con Cepeda.
En Colombia el caso se archivó, pero en EE. UU. las FARC seguían siendo una Organización Terrorista Extranjera (FTO); eso bastó para que el Departamento de Estado registrara el nombre dentro de sus revisiones de seguridad consular, bajo la Ley de Inmigración § 212(a)(3)(B) que evalúa vínculos con grupos terroristas.
Años después, Cepeda visitó en EE. UU. a exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso y “Don Berna”, según reportes públicos y autorizaciones judiciales. En 2020, el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart envió una carta al entonces fiscal general William Barr pidiendo investigar si Cepeda había manipulado testigos o actuado como agente no registrado (FARA).
No hay constancia de que Washington haya abierto un proceso penal, aunque es bastante probable, pero el efecto práctico es claro: Cepeda figura en bases de control consular y de riesgo reputacional.
Con Petro hoy designado OFAC, su nombre entra automáticamente en la categoría de “enhanced due diligence”: interlocutor sensible por contactos previos con actores FTO y cercanía con un SDN.
En política, Cepeda sigue siendo el ideólogo del Pacto Histórico; en cumplimiento internacional, es un interlocutor de riesgo. No está sancionado, pero su margen de movimiento en EE. UU. se estrechó: no hay castigo, pero sí alerta.
En política local, Cepeda se vuelve el intelectual del barco hundido. Su carrera diplomática en Occidente está terminada: interlocutor quemado.
DANIEL QUINTERO, EN JAQUE
Exalcalde de Medellín y paria internacional.
Quintero no solo carga 43 imputaciones fiscales y disciplinarias en Colombia. Su visa estadounidense fue revocada por el Departamento de Estado, un acto reservado bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones, que Washington usa para designar públicamente a funcionarios extranjeros por «corrupción significativa».
Esta no es una alerta; es una sentencia de facto del gobierno de EE. UU. El detonante: sus escándalos en EPM, que escalaron de problema local a alerta federal. La investigación por la venta irregular de Afinia, que incluye acusaciones de un soborno de 8 millones de dólares, no solo atrajo a la DEA y FinCEN por el uso de fachadas en Panamá y Miami.
Ese escándalo activó alertas paralelas de alto nivel que ahora convergen con la sanción a Petro:
- Alerta FinCEN (Lavado de Activos): El supuesto soborno de 8 MM USD es un «delito predicado» de lavado. FinCEN recibe SARs (Reportes de Actividad Sospechosa) sobre cualquier fondo vinculado a él, rastreando cómo el dinero de la corrupción de EPM ingresó al sistema de EE. UU.
- Alerta DOJ (Iniciativa de Kleptocracia): La revocación de la visa 7031(c) pone a Quintero en el radar de la Iniciativa de Recuperación de Activos de Kleptocracia del Departamento de Justicia. Ya no solo buscan probar el soborno; buscan decomisar los activos comprados con él.
- Alerta FCPA (Ley de Prácticas Corruptas): Si alguna empresa con nexos en EE. UU. (como las que usan servidores de Amazon o software de Microsoft) pagó o facilitó los sobornos, el DOJ puede actuar contra ellas por violar la FCPA.
El golpe OFAC a Petro completa el círculo. La investigación de corrupción (DOJ/FinCEN) ahora se fusiona con la de seguridad nacional (OFAC). Sus ‘empresas fachada’ ya no son solo un ‘riesgo de lavado’; son activos tóxicos que violan la FCPA y ahora sirven de plataforma para un SDN (Petro).
Su aspiración es inviable. Es el ‘tecnócrata del sancionado’, y sus socios tecnológicos internacionales ya están cortando lazos para no contaminarse.
CAROLINA CORCHO Y SUSANA MUHAMAD: LAS HEREDERAS IDEOLÓGICAS
Ambas representan el “petrismo de doctrina”. Corcho, exministra de Salud, promotora de la estatización del sistema, ha criticado abiertamente a EE. UU. por su “modelo mercantilista”. Muhamad, ministra de Ambiente, es la vocera global de la “transición justa” y mantiene vínculos con ONGs europeas que se han mostrado hostiles a Washington.
Su arma no es financiera, es retórica, y eso también tiene costo. Su retórica antiestadounidense ya no es una opinión política; es la propaganda oficial de un SDN.
Aunque no poseen vínculos financieros en EE. UU., su participación en foros BRICS y de cooperación con China las colocan bajo la etiqueta de “activistas políticamente expuestas” (PPE).
No necesitan ser sancionadas. Están aisladas diplomáticamente. Ningún funcionario del FMI, el Banco Mundial o el Departamento de Estado puede reunirse con ellas sin activar un reporte de cumplimiento. Son la cara del Estado paria.
En términos electorales, heredan la causa moral del petrismo, pero no su maquinaria.
GLORIA FLÓREZ Y CAMILO ROMERO: LOS SOBREVIVIENTES
Flórez, congresista cercana a Petro desde los tiempos del M-19, ha sido su escudo en el Congreso. Sin embargo, carece de base electoral propia.
Romero, exgoberndor de Nariño, es el único que podría intentar reinventar la izquierda “sin Petro”, pero su pasado en el Pacto lo condena.
Ambos intentarán vender una imagen de renovación, pero ante los ojos de los reguladores internacionales, cualquier firma, correo o cuenta compartida con la Presidencia los convierte en “proximidad de riesgo”.
Conclusión: el Pacto Histórico es un campo minado
La campaña presidencial del petrismo está atrapada entre las leyes del Tesoro y la pérdida de legitimidad. Cada candidato que use la imagen, el discurso o los canales de Petro activa alertas automáticas de compliance. No es una posibilidad, es una certeza.
Esto trascendió la reputación. Es parálisis operativa. Los bancos, las plataformas de pago (Visa, Mastercard) y las agencias de publicidad digital (Google, Meta) están obligadas a suspender cuentas electorales si detectan financiamiento o patrocinio cruzado con el sancionado.
El Pacto Histórico deja de ser un movimiento político. Es una organización bajo investigación financiera internacional. Petro ya no compite: contamina. El petrismo se convirtió en una lepra financiera. Tocarlo es quedar manchado. Y en la era OFAC, esa mancha no se borra.
