Por: El Expediente
Cuando Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022, prometió ser el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia y transformar el país desde sus cimientos. Cuatro años después, termina su mandato con una desaprobación superior al 60%, con su nombre en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos junto a los de su esposa, su hijo y su ministro del Interior, y con una cadena de escándalos que ningún gobierno colombiano reciente había acumulado en tan poco tiempo.
Este no es un recuento de opiniones. Es un recuento de hechos verificados, documentos judiciales, sanciones internacionales y primicias periodísticas, en su mayoría publicadas primero por El Expediente. Los datos hablan solos.
I. LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE LA CAMPAÑA
El escándalo empezó antes de que Petro tomara posesión. En junio de 2023, Armando Benedetti, entonces embajador en Venezuela, amenazó públicamente a Laura Sarabia alardeando de saber quién financió la campaña. El Expediente publicó en primicia lo que Benedetti no dijo: ese dinero venía de Venezuela, enviado por el gobierno de Nicolás Maduro a través del Clan Torres, la red de empresarios costeños que sirvió de puente financiero entre Caracas y el Pacto Histórico. Benedetti ya se lo había contado a la DEA antes de perder su visa a Estados Unidos.
En julio de 2023, Nicolás Petro aceptó ante un juez haber recibido sumas millonarias del ex narco Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca durante la campaña presidencial. Declaró que parte del dinero fue para la campaña y parte se la apropió. Quedó planteado que confesaría todo sobre 27 personas relacionadas con la financiación, incluyendo a la primera dama Verónica Alcocer.
En noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral sancionó formalmente a los directivos de la campaña presidencial de 2022 por violación de topes electorales y financiación prohibida. Petro calificó a los magistrados de hacer parte de la oposición y de intentar un «golpe blando».
II. EL ESCÁNDALO DE LA UNGRD: EL MAYOR SAQUEO DEL GOBIERNO
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD se convirtió en la caja de los sobornos del gobierno Petro. El caso estalló en octubre de 2023 con la revelación de contratos fraudulentos para la compra de carrotanques en La Guajira. Lo que vino después superó cualquier precedente.
Los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, fueron enviados a detención preventiva señalados de haber liderado una organización criminal que entre 2023 y 2024 desvió más de 612.000 millones de pesos para pagar sobornos a congresistas a cambio de respaldo legislativo a las iniciativas del Ejecutivo.
Olmedo López, exdirector de la UNGRD, se comprometió a declarar en 23 procesos relacionados con el escándalo. Ofreció disculpas públicas en wayuunaiki a las comunidades de La Guajira. Los presidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle fueron detenidos. El exdirector del DAPRE Carlos Ramón González huyó a Nicaragua, donde obtuvo protección política mientras Interpol libró una circular roja en su contra.
El 20 de mayo de 2026, Olmedo López se declaró culpable de concierto para delinquir y peculado.
El Expediente había revelado en primicia el cónclave de la UNGRD, identificando y anticopando absolutamente todos los nombres de los protagonistas del escándalo meses antes que cualquier otro medio de comunicación.
III. LAS SANCIONES OFAC: EL PRESIDENTE EN LA LISTA NEGRA DEL NARCO
El 24 de octubre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al presidente Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás y al ministro Armando Benedetti en la Lista SDN de la OFAC, la llamada Lista Clinton, bajo la categoría de drogas ilícitas. Es la primera vez en la historia que un presidente en ejercicio de una democracia latinoamericana recibe esa sanción. El secretario del Tesoro Scott Bessent la justificó señalando que bajo el gobierno de Petro la producción de cocaína en Colombia había alcanzado niveles históricos.
El Expediente publicó un especial de más de catorce entregas sobre las consecuencias de esa sanción.
Las tarjetas de crédito y débito de los sancionados fueron bloqueadas globalmente por Visa y Mastercard. Las pólizas de salud, vida y vehículo fueron canceladas. Los créditos hipotecarios entraron en mora automática. Ningún abogado puede cobrar honorarios a un sancionado sin una licencia especial de la OFAC emitida desde Washington.
El contrato Saab Gripen, 17 billones de pesos para renovar la flota de la Fuerza Aérea, quedó muerto antes de firmarse. Los aviones incorporan tecnología ITAR que requiere autorización del Departamento de Estado estadounidense, autorización que es automáticamente inviable con el presidente en la lista SDN. La firma de abogados Brigard Urrutia asesoró el contrato sabiendo que el presidente estaba sancionado, sin auditar la exposición a sanciones.
Leonardo Helicopters suspendió el soporte al helicóptero presidencial FAC-0008 por disposiciones regulatorias recientes en Estados Unidos. Petro ordenó vender el helicóptero.Scotiabank terminó operando para un designado OFAC.
Ecopetrol y su presidente Ricardo Roa enfrentan el riesgo de arrastrar a la empresa petrolera más grande del país al colapso regulatorio internacional.
Cuando Sura le canceló la póliza a Benedetti, el ministro salió a denunciar discriminación y culpó a la reforma de salud. El Expediente reveló la verdad: fue la sanción OFAC. Sura cumplió con sus reaseguradoras internacionales.
La primera dama Verónica Alcocer fue fotografiada en Estocolmo por el diario sueco Expressen con evidente capacidad económica pese a estar sancionada. A su lado: Manuel Grau Pujadas, empresario catalán-colombiano que recibió ciudadanía colombiana exprés desde Presidencia, fue nombrado en la junta de la empresa estatal CISA y participó en el contrato de basuras de Bogotá.
El Expediente documentó que operaba como facilitador logístico y financiero de una designada OFAC, lo que bajo la Orden Ejecutiva 14059 constituye facilitación prohibida.Colombia quedó al borde de la Lista Gris del GAFI.
La UIAF, la unidad de inteligencia financiera del país, quedó bajo sospecha global de haber sido usada políticamente. Los archivos de Calarcá comprometen a Petro, Francia Márquez y la seguridad nacional de Estados Unidos.
IV. NICOLÁS PETRO Y EL DINERO DE LOS NARCOS
El hijo mayor del presidente fue detenido en 2024. Su exesposa Day Vásquez colaboró con la justicia aportando chats y audios que documentaron el flujo de dinero entre narcos y la campaña presidencial. Nicolás aceptó haber recibido recursos de Santander Lopesierra, el Hombre Marlboro, y de Gabriel Hilsaca, empresario con vínculos con estructuras criminales del Caribe colombiano.
V. LAURA SARABIA Y EL MALETÍN
En enero de 2023 estalló el escándalo del maletín de dinero en efectivo robado en la casa de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete. La niñera Marelbys Meza fue señalada como sospechosa. Se organizó un operativo de inteligencia ilegal para recuperar el dinero, con participación del coronel Óscar Dávila, quien murió en circunstancias no del todo aclaradas.
La Procuraduría abrió indagación. Sarabia continuó en el gobierno y fue ascendida como jefa de la campaña electoral del petrismo para 2026.
VI. EL PACTO DE LA PICOTA
El hermano del presidente, Juan Fernando Petro, firmó el llamado Pacto de la Picota con presos del Cartel de Medellín. El Expediente publicó en primicia la confesión y los detalles del acuerdo. Juan Fernando también aceptó que la campaña ganó un millón y medio de votos gracias a gestiones en las cárceles del país con narcotraficantes.
VII. BENEDETTI: DE EMBAJADOR A SANCIONADO
El exembajador y exministro del Interior Armando Benedetti es el hilo que conecta todos los escándalos del gobierno Petro. Fue el arquitecto de la financiación de la campaña, el negociador de los apoyos políticos en el Congreso, el hombre que le contó a la DEA los secretos del financiamiento venezolano, y terminó sancionado por la OFAC junto al presidente que él mismo puso en el poder.
El Expediente documentó en primicia su rol en la UNGRD, su llamada para favorecer a Centros Poblados y el entramado de su testaferro Euclides Torres.
VIII. FRANCIA MÁRQUEZ: LUJO, CONTRATOS Y POLICÍA
El Expediente publicó en primicia que la vicepresidenta vive en un condominio de la exclusiva zona de DAPA, Valle del Cauca, propiedad del empresario Hember Moreno Patiño, representante legal de Metrovia SAS, empresa que financió con $105 millones a 13 candidatos del Pacto Histórico, incluyendo a Iván Cepeda, Roy Barreras y María José Pizarro, y que tiene $10.000 millones en contratos con el Estado.
El Expediente también reveló que Yernei Pinillo, novio de Márquez, fue vinculado a la Policía Nacional tras un curso de apenas 8 meses, sin que quedara claro si cumplía el requisito de título universitario. La vicepresidenta ya había intentado intervenir antes en favor de su jefe de seguridad, un coronel destituido por vínculos con el narcotráfico.
IX. LA PAZ TOTAL: UN FRACASO DOCUMENTADO
La política estrella del gobierno Petro terminó financiando a los mismos grupos que debía desmantelar. Según la confesión de Olmedo López, la representante Karen Martínez habría mediado en la financiación de grupos armados como el ELN a través de contratos de la UNGRD en Arauca.
La Nueva Marquetalia asesinó al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025, mientras el gobierno negociaba con ellos la paz.
El Expediente identificó en primicia a los autores intelectuales 48 horas después del atentado, antes que la Fiscalía, la Policía y todos los medios del país.
La Fiscalía tardó nueve meses en llegar a la misma conclusión y ordenar la captura de los siete jefes responsables.
El Expediente también reveló en primicia que la UNP había negado el esquema de seguridad solicitado por Uribe Turbay semanas antes del magnicidio.
X. PETRO EN MANTA: 72 HORAS SIN EXPLICAR
El 24 de mayo de 2025, Petro pasó 72 horas en una casa de playa en Manta, Ecuador, a 15 kilómetros de donde operaba alias Fito, jefe de Los Choneros, capturado un mes después. Agentes de inteligencia ecuatoriana no pudieron verificar con quién se reunió el mandatario. Autos con vidrios polarizados entraban y salían con visitantes sin identificar. El ministro del Interior de Ecuador declaró que no podía asegurar ni descartar que Fito hubiera estado presente. Petro dijo que escribió un libro.
XI. PETRO Y CEPEDA EN LA MIRA DE NUEVA YORK
En enero de 2026, El Expediente publicó en primicia que el indictment contra Maduro, basado en su alianza con las FARC, genera un terremoto político con epicentro en la Casa de Nariño. En marzo, las fiscalías de Nueva York tienen a Petro en la mira del narco.
El Expediente reveló la conexión entre el expediente contra Maduro y la protección que Petro y Cepeda brindaron al régimen venezolano y a las estructuras guerrilleras que Washington califica de narcoterroristas.
XII. EL NEO-DAS: LA CAPTURA DEL ESTADO
En enero de 2026, el gobierno expidió los Decretos 0019 y 0020 autorizando la creación de 6.870 nuevos cargos en la UNP con un costo de $740.000 millones. El Expediente documentó que la medida, presentada como modernización, centraliza en el gobierno el control directo sobre los esquemas de seguridad de magistrados, políticos de oposición, periodistas, empresarios y jueces.
XIII. RICARDO ROA Y ECOPETROL
La Fiscalía anunció que presentará cargos de corrupción contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien manejó las finanzas de la campaña presidencial de Petro en 2022. Los fiscales dicen tener evidencia de que ayudó a la campaña a exceder ilegalmente los límites de gasto. También será procesado por tráfico de influencias: los fiscales dicen que Roa direccionó contratos de Ecopetrol hacia una empresa cuyos dueños le vendieron un apartamento de lujo en Bogotá a precio de descuento.
XIV. LA DEUDA Y EL DESPLOME ECONÓMICO
El Expediente documentó con datos del Banco de la República que la deuda pública total de Colombia creció 36.07% durante el gobierno Petro, mientras la inversión extranjera directa cayó 31.7%. El gobierno recompró bonos de deuda a precio bajo y emitió nuevos bonos a mayor precio, pagando más interés por el mismo monto. Convirtió deuda de largo plazo en deuda de corto plazo a través de operaciones con derivados por USD 10.000 millones. Economistas consultados por El Expediente señalaron que esas operaciones acercan al país a situaciones vividas en Argentina y Grecia.
XV. EL FRAUDE ELECTORAL QUE PETRO NO PUEDE PROBAR
A siete días de la primera vuelta del 31 de mayo de 2026, Petro insiste en que habrá fraude electoral sin presentar ninguna prueba. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó rectificar sus afirmaciones sobre supuesto fraude en 2014, 2022 y 2026. Petro respondió redoblando los señalamientos y llamando a la ciudadanía a «cuidar el voto». Es el presidente en ejercicio sembrando duda sobre la legitimidad de las elecciones a una semana de los comicios.
XVII. LAS OLLAS COMUNITARIAS DE LA GUAJIRA: $61.000 MILLONES DESVIADOS
El Expediente reveló en primicia el escándalo de las ollas comunitarias en La Guajira: $61.000 millones asignados para alimentar a las comunidades más pobres del departamento fueron desviados a través de una red de contratistas que nunca entregaron los alimentos prometidos. El caso estalló cuando comunidades wayuu denunciaron que los recursos habían desaparecido sin que llegara ni una sola olla. La Contraloría y la Fiscalía abrieron investigaciones. Los niños de La Guajira siguieron sin comer.
XVIII. EL CARRUSEL DE NOTARÍAS
El Expediente investigó el carrusel de notarías del gobierno Petro: una red de nombramientos irregulares que premió a aliados políticos con cargos de alta rentabilidad económica. En el centro del esquema aparecieron Laura Sarabia y Mauricio Pava. Las notarías en Colombia manejan recursos millonarios por concepto de escrituras, registros y trámites. Su asignación discrecional por parte del gobierno se convirtió en una herramienta de pago político documentada por este medio.
XIX. EL ICBF Y EL CARTEL DE $860 MILLONES EN LA GUAJIRA
El Expediente reveló que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar enfrenta investigaciones simultáneas de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría por un cartel de contratistas y un desfalco de $860 millones en programas de alimentación para niños de La Guajira. Tres entidades de control investigando el mismo caso al mismo tiempo es un indicador de la magnitud del problema. Los recursos estaban destinados a los menores más vulnerables del país.
XX. EL CONCURSO 27 DE LA RAMA JUDICIAL: IA PARA ELIMINAR CANDIDATOS
El Expediente publicó en tres entregas la investigación sobre el Concurso 27 de la Rama Judicial: el Estado pagó $75.000 millones para formar jueces, cambió las reglas del examen dos meses antes de su realización, eliminó cerca de mil candidatos con preguntas de origen desconocido y utilizó inteligencia artificial para descalificar aspirantes. La investigación tocó el corazón del sistema judicial colombiano en pleno año electoral, cuando la composición de los juzgados define el destino de los procesos más sensibles del país.
XXI. LA JUEZA SIN MÉRITOS QUE FALLÓ CONTRA URIBE
El Expediente reveló que la jueza Sandra Heredia, quien emitió el polémico fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, llegó al cargo sin haber aprobado los exámenes de mérito del Concurso 27 de la Rama Judicial. La revelación cuestionó la legitimidad del fallo y abrió un debate sobre la independencia del poder judicial bajo el gobierno Petro. Un fallo de esta trascendencia política, emitido por una jueza que no superó los filtros de mérito establecidos por la propia Rama, es un dato que el país tenía derecho a conocer.
XXII. ALIAS CACO: PETRO SE TRANSPORTÓ EN AVIONES DE UN NARCOTRAFICANTE
El Expediente documentó que Gustavo Petro se transportó en los aviones de alias Caco, un narcotraficante que posteriormente se entregó a las autoridades de Estados Unidos. Los registros mostraron pagos de las campañas presidenciales de Petro en 2018 y 2022 vinculados a esa misma empresa. Fotografías oficiales de la primera dama Verónica Alcocer y de Nicolás Petro aparecen en eventos de la empresa del narcotraficante. El caso se suma al patrón documentado de vínculos entre el entorno de Petro y estructuras criminales.
XXIII. MEMO FANTASMA Y LOS NEGOCIOS EN LA ALCALDÍA DE PETRO
El Expediente investigó los negocios del narco paramilitar alias Memo Fantasma, señalado de haber iniciado su carrera criminal en la organización de Pablo Escobar y de haber sido mano derecha de alias Macaco en el Bloque Central Bolívar, con la alcaldía de Bogotá cuando Petro era mandatario de la ciudad. El cuñado de Petro, Carlos Alberto Gutiérrez, aparece en esa red de negocios. Memo Fantasma, el cuñado y el entonces director de Transmilenio tenían proyectos comunes durante la administración Petro en Bogotá.
XXIV. LUMINATE Y LA CAPTURA DEL ECOSISTEMA INFORMATIVO
El Expediente investigó la llegada a Colombia de la Fundación Luminate, financiada por el multimillonario Pierre Omidyar, de la mano del gobierno Petro, Francia Márquez, Roy Barreras y el exdirector de Human Rights Watch José Miguel Vivanco. La fundación invirtió USD 3 millones en la región entre 2020 y 2023 para proyectos de control del ecosistema informativo digital. El Expediente documentó el patrón: organizaciones financiadas por Luminate y Open Society que operan en Colombia con agenda política alineada con el gobierno Petro, cuestionando medios independientes y promoviendo narrativas afines al Pacto Histórico.
XXV. EL TRIBUNAL ORDENA A PETRO RECTIFICAR: IGNORÓ LA ORDEN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al presidente Petro rectificar públicamente sus afirmaciones sobre fraude electoral en las elecciones de 2014, 2022 y 2026. La orden fue categórica: el mandatario había hecho afirmaciones graves sin ningún soporte probatorio. Petro no rectificó. Por el contrario, redobló los señalamientos en redes sociales y llamó a la ciudadanía a movilizarse para «cuidar el voto». Es la primera vez en la historia reciente de Colombia que un presidente en ejercicio desacata abiertamente una orden judicial mientras siembra duda sobre la legitimidad de las elecciones que él mismo convocó.
XXVI. LAS FISCALÍAS DE NUEVA YORK MIRAN A PETRO
En marzo de 2026, El Expediente publicó que las fiscalías del Distrito Sur de Nueva York tienen a Petro en la mira del narco. La investigación se enmarca en el expediente contra Nicolás Maduro, que certifica la alianza entre el régimen venezolano y las FARC para producir y transportar cocaína hacia Estados Unidos. Petro aparece en ese ecosistema como el gobernante que protegió a las FARC disidentes a través de la paz total, que defendió al régimen venezolano ante la comunidad internacional y que fue finalmente sancionado por la OFAC bajo la misma orden ejecutiva que apunta al narcotráfico transnacional.
XXVII. EL LINAJE DE IVÁN CEPEDA: 145 AÑOS EN EL PODER
El Expediente publicó en tres entregas la investigación sobre el linaje político de Iván Cepeda Castro: su familia lleva 145 años en las estructuras del Estado colombiano bajo el eje de la masonería y el comunismo. Su abuela Aurita Chadid, su abuelo Gustavo Castro, sus padres con el Partido Comunista, su padre Manuel Cepeda Vargas asesinado siendo senador de la UP. El Expediente documentó los vínculos familiares con la masonería, el comunismo y las FARC en una serie que se convirtió en la más compartida del año en redes sociales. El candidato que se presenta como opositor al establecimiento pertenece a uno de los linajes políticos más arraigados en la historia del país.
XXVIII. LA PAUTA DE CEPEDA CON RECURSOS DEL ESTADO
El Expediente reveló que la pauta digital de Iván Cepeda en Meta estaría siendo pagada con recursos del Estado. La investigación documentó el flujo de recursos públicos hacia la campaña del candidato del Pacto Histórico a través de contratos y pagos que involucran entidades del gobierno. En plena campaña electoral, el candidato oficial usaría el aparato del Estado como plataforma de financiación publicitaria.
XXIX. EL CAMBIO DE MANDO EN LA POLICÍA Y LA SEGURIDAD ELECTORAL
El Expediente publicó en primicia el cambio de mando en la Policía Nacional, con la salida del general Sanabria y la llegada del general Salamanca, antes de cualquier anuncio oficial. El relevo ocurrió en un momento crítico: a meses de las elecciones presidenciales, con amenazas documentadas contra candidatos y con el gobierno bajo investigación por el caso UNGRD. El Expediente también investigó y alertó sobre el megacontrato de la UNP con una empresa intervenida por el SAE para monopolizar la seguridad de candidatos, defensores de derechos humanos y periodistas en plena ola de amenazas de las disidencias FARC.
XXX. EL GOBIERNO QUE PERSIGUIÓ A SU PROPIA PRENSA
El gobierno Petro intentó sistemáticamente silenciar los medios que lo investigaban. Además del hostigamiento documentado contra El Expediente, el gobierno promovió iniciativas legislativas para regular los medios digitales, apoyó organizaciones financiadas por Luminate y Open Society que cuestionaban la credibilidad de la prensa independiente, y usó las redes sociales del presidente para señalar y atacar periodistas por nombre. La FLIP documentó un deterioro sostenido de las condiciones para el ejercicio del periodismo en Colombia durante el gobierno Petro. Colombia terminó cayendo en los índices internacionales de libertad de prensa.
XXXI. LAS AMENAZAS A EL EXPEDIENTE
El patrón de hostigamiento contra este medio durante el gobierno Petro está documentado por la Fundación para la Libertad de Prensa y elevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: llamadas amenazantes tras investigaciones sobre La Guajira, mensajes intimidatorios por revelar vínculos del representante legal de Francia Márquez, un video de un miliciano de las FARC convirtiendo al director en objetivo militar, una detención por la Guardia Presidencial el 4 de marzo de 2025 bajo instrucción que el propio Petro reconoció haber dado, y una llamada de Nueva Marquetalia en julio de 2025 prometiendo que el director terminaría como Miguel Uribe.
Ninguna de esas presiones cambió una línea de nuestra cobertura.El candidato del gobierno que quiere continuar este proyecto se llama Iván Cepeda. El 31 de mayo los colombianos deciden.
