El senador Hernán Cadavid anunció este miércoles que el Centro Democrático podría respaldar la petición de Gustavo Petro para ausentarse de Colombia, siempre que el Senado no conceda una autorización abierta por un año completo sino que exija conocer el destino exacto, la duración precisa de cada viaje y la garantía de regreso.
La solicitud del expresidente se apoya en el artículo 196 de la Constitución, que obliga a quien acaba de dejar la Presidencia a pedir permiso al Senado para salir del territorio nacional durante el año siguiente al cese de funciones.
Esa autorización, sin embargo, no puede separarse del contexto judicial que rodea a Petro. En marzo de este año, Associated Press y The New York Times revelaron, citando fuentes y registros de la DEA, que la agencia antidrogas de Estados Unidos lo había designado como objetivo prioritario mientras fiscales federales de Manhattan y Brooklyn investigaban posibles vínculos con narcotraficantes.
Las pesquisas, aún en etapa preliminar, exploran contactos con el Cártel de Sinaloa, eventuales aportes de traficantes a la campaña de 2022 y solicitudes de sobornos a cambio de impedir extradiciones desde la cárcel La Picota.
En Colombia también persisten compulsas de copias y denuncias relacionadas con la financiación de su campaña, trámites que deben resolverse ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. En ese escenario, la decisión del Senado adquiere un peso mayor.
Una vez que Petro abandone el país, especialmente si se dirige a un territorio sin tratado de extradición con Estados Unidos o con uno de aplicación selectiva, nadie puede asegurar que regresará.
La norma constitucional existe precisamente para evitar que quien acaba de ejercer el poder se sustraiga a la jurisdicción nacional o a eventuales requerimientos internacionales. Autorizar salidas sin plazos estrictos, destinos verificables y mecanismos de control abre la posibilidad de que el expresidente se instale fuera y deje de volver, convirtiendo el permiso en un salvoconducto de facto.
El Centro Democrático tiene la facultad de condicionar su voto. Lo que no puede ocurrir es que, con el argumento de compromisos académicos o políticos, se entregue una ventana que después resulte imposible de cerrar.
