Por: El Expediente
Santa Marta / Bogotá, 27 de febrero de 2026
La crisis financiera en el sistema de salud colombiano ha alcanzado niveles alarmantes, con deudas acumuladas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que superan los $32 billones según informes de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Salud y Protección Social.
En este contexto, el caso de la Sociedad Médica de Santa Marta S.A. —operadora de la Clínica El Prado— contra el médico pediatra Juan Vicente Gómez Barros no es un incidente aislado, sino un síntoma de problemas estructurales que incluyen incumplimientos persistentes, escaladas penales y un extenso historial judicial contra su representante legal, Jaime Arce García.
Desde 2016, este litigio ha evolucionado de una certificación de honorarios pendientes a una demanda ejecutiva civil y, finalmente, a un proceso penal por presunto fraude a resolución judicial. Pero el panorama se complica al revisar la Consulta Nacional Unificada de Procesos de la Rama Judicial, que revela más de dos décadas de controversias similares involucrando a Arce García, tanto personalmente como en representación de entidades del sector salud.
Este patrón de demandas laborales por impagos salariales, ejecutivas por deudas con proveedores y bancos, y civiles por incumplimientos contractuales, se alinea con las recientes protestas en la Clínica El Prado, donde más de 100 trabajadores han cesado actividades por salarios adeudados desde 2022, poniendo en riesgo la atención a pacientes en el Magdalena.A continuación, una reconstrucción exhaustiva y documentada basada en procesos judiciales públicos, reportes oficiales y denuncias recientes, que cuestiona la gestión en un sector vital para la sociedad colombiana.Orígenes de la obligación: certificación de honorarios y conciliación incumplida (2016-2017)El conflicto inició el 31 de octubre de 2016, cuando el especialista en pediatría Juan Vicente Gómez Barros solicitó formalmente a la Clínica El Prado —operada por la Sociedad Médica de Santa Marta S.A.— una certificación de los valores adeudados por servicios médicos prestados y no cancelados.
Esta solicitud se enmarcaba en un contexto donde prestadores independientes como Gómez Barros enfrentaban retrasos crónicos en pagos, derivados de deudas en cadena entre EPS y IPS.El 8 de noviembre de 2016, la entidad respondió certificando un saldo pendiente de $219.193.352, correspondiente a honorarios acumulados hasta el 30 de septiembre de ese año.
Posteriormente, el 31 de marzo de 2017, las partes suscribieron una conciliación contable que estableció un monto total a pagar de $273.193.352, incluyendo ajustes por intereses y servicios adicionales. Este acuerdo, homologado como un título ejecutivo, obligaba a la Sociedad Médica de Santa Marta S.A. a cancelar la deuda en plazos establecidos, pero el incumplimiento fue inmediato y persistente.La Demanda Ejecutiva Civil: Mandamiento de Pago y Ejecución Ordenada (2018-2025)Ante la falta de pago, en enero de 2018 Gómez Barros interpuso una demanda ejecutiva de mayor cuantía contra la Sociedad Médica de Santa Marta S.A., representada legalmente por Jaime Arce García. El proceso, radicado bajo el número 47001315300220180001800 en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, avanzó rápidamente hacia medidas coercitivas.
El 5 de marzo de 2018, el juzgado libró mandamiento ejecutivo de pago por la suma principal de $273.193.352, más intereses moratorios calculados al día. El 12 de diciembre de 2018, tras rechazar oposiciones de la demandada, el despacho ordenó seguir adelante con la ejecución, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas a la ejecutada.
A pesar de estas órdenes judiciales claras, la obligación no ha sido satisfecha en su totalidad.Según la documentación pública disponible en la Rama Judicial, no se han identificado ni embargado bienes muebles ni inmuebles suficientes para hacer efectivo el crédito, a pesar de oficios remitidos a entidades como la Registraduría, la DIAN y cámaras de comercio.
El 29 de abril de 2025, Gómez Barros radicó una solicitud de reiteración de oficios y nuevas medidas cautelares —incluyendo embargos preventivos sobre cuentas bancarias y propiedades de la sociedad—, la cual, hasta la fecha de esta publicación, permanece sin respuesta por parte del juzgado, agravando la percepción de dilación en la justicia civil.Escalada al Ámbito Penal: Denuncia por Fraude a Resolución Judicial (2025)El incumplimiento sistemático de las decisiones judiciales civiles llevó a una escalada penal. Gómez Barros presentó denuncia contra Jaime Arce García, alegando que el representante legal había evadido intencionalmente las órdenes de pago, configurando el delito de fraude a resolución judicial tipificado en el artículo 454 del Código Penal colombiano (que sanciona con prisión de 4 a 8 años a quien incumpla resoluciones judiciales mediante maniobras fraudulentas).
El 4 de julio de 2025, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santa Marta notificó la programación de audiencia preparatoria en el proceso radicado 11001600005020215511700, con la Fiscalía 31 Seccional a cargo.
En este expediente, Juan Vicente Gómez Barros figura como víctima, y la imputación se centra en el presunto ocultamiento de activos o maniobras para frustrar la ejecución civil. Este paso penal transforma el caso de un mero retraso financiero en una posible conducta delictiva, con implicaciones para la confianza en la administración de entidades de salud.Un patrón recurrente de controversias judiciales: dos décadas de litigios (2004-2026)La Consulta Nacional Unificada de Procesos de la Rama Judicial revela que Jaime Arce García no es ajeno a los tribunales. Desde 2004 hasta 2026, ha figurado como demandado en más de 20 procesos visibles, tanto a título personal como representante legal de entidades del sector salud, incluyendo la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela S.A., Orthomedics del Cesar SAS, OIH Organización Humana Integral S.A. y la Sociedad Médica de Santa Marta S.A.
Estos litigios abarcan regiones como Bolívar (Cartagena), Cesar (Valledupar), Magdalena (Santa Marta) y Atlántico (Barranquilla), y se agrupan en categorías que sugieren problemas crónicos de gestión financiera y laboral.
- Procesos Laborales por Incumplimientos Salariales y Despidos: Varios casos datan de la década de 2000, como las demandas de Edilberto Paternina Herrera (radicados 13001310500120060008600 y 13001310500120060008601, 2006-2008, Cartagena) y Luis Paternina Marrugo (13001310500620040015600 y 13001310500620040024300, 2004, Cartagena), por presuntos despidos injustos y no pago de prestaciones.
- Más recientes incluyen la de Edgar Junior Yanes Pacheco (47001310500220250001000, 2025, Santa Marta) y Jelue Yajaira Rodríguez Quintero (47001418900320190084800, 2019-2025, Santa Marta), ambas relacionadas con impagos en la Sociedad Médica de Santa Marta S.A.
- Procesos Civiles y Ejecutivos por Deudas con Proveedores y Bancos: Incluyen demandas de Bancoomeva (20001310300520150009500 y 20001310300520150010000, 2015-2021, Valledupar) por créditos impagos; Vehicreditos SAS en liquidación (20001310300520180003500, 2018-2024, Valledupar); Osteomaterial SAS (20001310300120250020600, 2025, Valledupar) por suministros médicos no pagados; y Gustavo Cesar Charris Palacio (20001310300220240009700, 2024, Valledupar).
- También figuran terceros como Nueva EPS en un proceso de 2026 (11001220300020250374901, Bogotá), donde Arce García aparece como interviniente en disputas de pagos a IPS.
- Procesos Penales y Otros: Hay menciones a un proceso penal especializado de 2004 (13001400300920030034200, Cartagena) involucrando a Fogafin y otros por posibles irregularidades financieras. Además, acciones como la de Ziboject Ltda.
- (20001400300220250014300, 2025, Valledupar) y Elsa Yanuba Quiñones Serrano (20001400300320250054600, 2025, Valledupar) por incumplimientos contractuales.
Aunque cada proceso debe evaluarse individualmente y no implica culpabilidad automática, el volumen y recurrencia —con énfasis en impagos a trabajadores y proveedores— dibujan un patrón que coincide con las denuncias actuales en la Clínica El Prado. En palabras de expertos en derecho laboral consultados por El Expediente, esto podría indicar desafíos sistémicos en la administración de recursos en entidades de salud, agravados por deudas de EPS.La crisis actual en la clínica El Prado: protestas, cese de actividades y riesgos para pacientes (2025-2026)En febrero de 2025, la Clínica El Prado se convirtió en epicentro de protestas masivas. Más de 100 trabajadores —médicos, enfermeras, fisioterapeutas, administrativos y personal de oficios varios— se declararon en cese de actividades y realizaron plantones pacíficos en las afueras del centro médico, denunciando impagos de salarios desde diciembre de 2024, cesantías e intereses de los años 2022-2025, y primas de 2024.
Reportes de Caracol Radio, El Tiempo y W Radio detallan condiciones precarias: falta de agua en instalaciones, servicios limitados y temor a represalias por denunciar. Los trabajadores exigen pagos inmediatos, mientras la administración ha prometido cancelaciones en marzo de 2025, sin cumplir hasta ahora.
Esta situación pone en riesgo a pacientes, especialmente en un centro que atiende emergencias y especialidades en una región con alta demanda.En redes como X (Twitter), posts de RCN Radio y La FM destacan las protestas continuas, con denuncias de precarias condiciones laborales y riesgos para la atención médica.Contexto nacional: deudas en dadena y la reforma de salud bajo escrutinioLa Clínica El Prado no es un caso único. En Antioquia, 19 instituciones —incluyendo la Clínica del Prado— alertan deudas superiores a $2.3 billones con EPS y ADRES. Nueva EPS adeuda cerca de $37 mil millones a la clínica, lo que ha llevado a despidos de 25 especialistas y cierre temporal del 50% de camas de obstetricia. En Tolima, el Hospital San Vicente de Paúl enfrenta deudas de $670 millones con Asmet Salud. Estos hechos se inscriben en la reforma de salud del gobierno Petro, criticada por intervenciones en EPS que generan impagos en cadena. La Contraloría estima deudas totales de $24-32 billones en el sistema, comprometiendo la sostenibilidad de IPS y la protección de derechos laborales y de pacientes.¿Impunidad en el sector salud?El expediente de Juan Vicente Gómez Barros contra Jaime Arce García y la Sociedad Médica de Santa Marta S.A. —con su escalada penal y patrón judicial— expone fallas sistémicas que van más allá de un litigio privado. Mientras trabajadores protestan y pacientes sufren, las autoridades deben actuar.
El Expediente pone a disposición de la Fiscalía, Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de Salud y Rama Judicial toda la documentación pública recopilada. Los hechos, los documentos y las denuncias hablan por sí solos.
