En los pasillos del poder en Colombia, pocos nombres generan tanta fascinación y sospecha como el de Moisés David Hernández Sánchez, hoy rebautizado legalmente como Moisés Garvin. Autodenominado el «Marqués de Saint Cyprien», este empresario ha pasado de ser un operador en la sombra a protagonizar uno de los escándalos de contratación pública más grandes de la década, en una trama que ahora se entrelaza con la campaña presidencial de 2026 a través de su esposa, la penalista Sondra Macollins.
El Imperio de los «Contrataderos»
La figura de Moisés Garvin cobró relevancia nacional cuando la Secretaría de Transparencia de la Presidencia denunció la existencia de una red de entidades sin ánimo de lucro —como Red Summa, Aldesarrollo y Edured— que habrían captado cerca de 2 billones de pesos en contratos estatales. El modus operandi denunciado consiste en utilizar convenios interadministrativos para evadir licitaciones públicas, subcontratando luego la ejecución y cobrando millonarios «costos de administración».
Entre los casos más emblemáticos se encuentra el de los «botes fantasma», un contrato de 15.000 millones de pesos para entregar embarcaciones a pescadores que, según las denuncias, nunca llegaron a su destino. Garvin, quien cambió su nombre en octubre de 2023 justo cuando enfrentaba una inhabilidad de 14 años impuesta por la Procuraduría, asegura ser un emprendedor perseguido políticamente y sostiene que su título nobiliario, recibido en Argentina, es una herramienta de filantropía global.
La «Abogada de Hierro» entra en escena
El perfil de Garvin se completa con la figura de su esposa, Sondra Macollins, una abogada penalista apodada por la prensa como la «Abogada de Hierro». Macollins ha construido su carrera defendiendo a los personajes más polémicos de la historia reciente de Colombia: desde el cerebro de la pirámide DMG, David Murcia Guzmán, hasta figuras del narcotráfico como Carlos Lehder y el exguerrillero Martín Sombra.
Sin embargo, el papel de Macollins ha dejado de ser meramente jurídico para volverse electoral. Tras inscribir su propia precandidatura presidencial para 2026, la abogada ha lanzado una ofensiva frontal contra Abelardo de la Espriella, quien también aspira a la Casa Nariño y lidera varios sectores de opinión. Macollins, actuando en representación de Murcia Guzmán, radicó una queja disciplinaria exigiendo la devolución de 5.000 millones de pesos por una supuesta deuda de honorarios y faltas éticas ocurridas hace casi 20 años.
¿Estrategia Jurídica o Maniobra Política?
Para los analistas, esta denuncia no es una coincidencia. El ataque de Macollins contra De la Espriella es interpretado como un «misil de distracción» para proteger el imperio contractual de su esposo. Mientras Garvin es investigado por la Fiscalía y la Contraloría por el manejo de los recursos de la «Red Summa», su esposa utiliza su plataforma mediática para minar la credibilidad del candidato que ha sido más vocal contra las estructuras de contratación opacas.
La defensa de De la Espriella ha calificado la denuncia como un «mito urbano» y una retaliación política, asegurando que es Murcia quien le debe dinero a él. No obstante, el daño reputacional es la moneda de cambio en esta guerra de narrativas, donde se enfrentan los billones de la contratación pública con los secretos de los expedientes judiciales más antiguos del país.
Un Futuro Bajo Escrutinio
Hoy, el matrimonio Garvin-Macollins representa un eje de poder atípico en Colombia: un hombre que gestiona presupuestos públicos billonarios bajo una identidad renovada y una mujer que utiliza el derecho penal como una espada en la arena política. Mientras las investigaciones por el «carrusel de la contratación» de Red Summa avanzan lentamente en los entes de control, la batalla por la presidencia se traslada a los estrados, dejando claro que en esta contienda, las deudas del pasado son el arma preferida para proteger los negocios del presente.
