El inhumano montaje urdido por el magistrado de la JEP Alejandro Ramelli y el Comité de Victimas MOVICE cuyo vocero es Iván Cepeda se fue al piso gracias al trabajo de la Federación Colombiana de Victimas de las Farc, bajo la dirección del periodista Herbín Hoyos
Un equipo de investigadores de FEVCOL liderados por los abogados Sebastián Velázquez y Sergio Alzate le siguió la pista durante un año a un expediente que se conoció en una rimbombante portada de la Revista Semana en diciembre de 2019: ‘Cementerio del horror’.
Según Semana, bajo la orientación en ese entonces de Alejandro Santos y Ricardo Calderón, allí habría aparecido ‘la que podría ser la fosa común masiva con más de 50 cuerpos de falsos positivos… Semana estuvo allí y revela la historia’. Como es costumbre buena parte de los conglomerados de comunicación copiaron esa información y la portada se asumió como un hecho probado.
La fuente de esa publicación fue el magistrado de la JEP Alejandro Ramelli quien lidera ese caso conocido como el 003 de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP). El complemento del titular de prensa sería un acto simbólico en el cementerio de Dabeiba con todos los reflectores.
El 17 febrero de 2020 Ramelli haría entrega de uno de los cuerpos que según él había asesinado y desaparecido el Ejército en una ejecución extrajudicial. Se trataba de Edison Lexánder Lezcano un joven de 23 años que en efecto perdió la vida el 18 de mayo del año 2002 en la vereda Alto Bonito, en el municipio de Dabeiba.
En ese acto publicitario el magistrado de la JEP se hizo acompañar del embajador de Francia Gautier Mignot y de la embajadora sueca Ewa Weaver. Es la única exhumación que el magistrado ha presentado para soportar su caso en el que según él hay más de 50 cuerpos de personas asesinadas por el Ejército colombiano.
Poco tiempo después de que Edison Lexánder Lezcano fuera dado de baja, su padre, Gustavo Lezcano, se acercó a la Personería a denunciar el asesinato de su hijo. En abril de 2003 la fiscalía 50 de Dabeiba archiva esa primera denuncia.
El 2 de febrero de 2004 sus familiares presentan una nueva demanda, ahora contra el Ministerio de la Defensa y el Ejército Nacional, proceso que cursó trámite en el Tribunal Administrativo de Antioquia que el 28 de abril de 2020 les autoriza la entrega de $326 millones por concepto de indemnización.
En esa denuncia se alega el asesinato del joven más no su desaparición, caso penal para el que el Estado no contempla ningún tipo de indemnización. De manera inexplicable esa indemnización se duplicó y se hizo efectiva por $756 millones.
Ver proceso Tribunal Administrativo
Ver conciliación entrega de indemnización
Según los investigadores de FEVCOL, el dia de la muerte de Lezcano, el 18 de mayo de 2002, se llevó a cabo una operación legítima de la compañía Bravo del Batallón de contrainteligencia N. 26 Arhuacos adscrito a la brigada XVII brigada del Ejército.
Esa idea se refuerza con fuentes de la región para quienes es claro que Lezcano formaba parte de un grupo armado. Según Ramellí y los familiares de Lezcano él fue asesinado y ‘desaparecido’ bajo la falsa acusación de pertenecer a la guerrilla.

Pasando por alto el hecho de que la familia del joven Lezcano ya había recibido una indemnización por la muerte de su ser querido, cuyo cuerpo nunca estuvo desaparecido, el magistrado de la JEP construyó toda una tesis para vender la idea a través de los medios de comunicación de que el Ejercito asesinó a más de 50 inocentes, los disfrazó de guerrilleros y los enterró en ese cementerio de manera clandestina.
Todo indica que la familia de Lezcano, que también reclama indemnizaciones en la CIDH, adquirió una serie de propiedades con los más de $756 millones obtenidos en la indemnización que les otorgó el Tribunal Administrativo de Antioquia y que fue avalada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en decisión del 16 de agosto de 2012.
Se trata de 3 propiedades cuyos certificados de tradición y libertad publicamos en El Expediente. Aunque el valor de esas transacciones es pequeño lo cierto es que los trámites de registro se realizan bajo el valor catastral y no bajo el valor comercial de las propiedades. Esa información es pública y no era desconocida para el magistrado de la JEP.
En ese caso ha participado activamente el colectivo de abogados del Comité de Víctimas de Crímenes del Estado MOVICE, organización paralela a Iván Cepeda, y que según se desprende del comunicado de la JEP en reacción a la columna de Salud Hernández donde denuncia este mismo montaje, ese caso llegó a ese tribunal por vía de los abogados del MOVICE.
El testigo clave del caso es un sargento que afirma haber enterrado al fallecido. Ese sargento, cuyo nombre se mantiene en reserva, es asistido por MOVICE, comparte abogados con los familiares de Lezcano y además habría sido trasladado por su solicitud a un patio de las Farc.
Otros testigos son el padre Gustavo de Jesús Lezcano, su madre Ligia del Socorro Hurtado, su esposa Rubiela Manco, la señora María Trinidad Roldán Úsuga, suegra de Edison, Jorge Iván López Úsuga, Samuel Manco Roldán y Luis Javier López Torres secuestrados y golpeados junto con Edison, la Fiscal 50 Seccional, Gladys Helena Zapata Duque y el abogado Gustavo Alfonso Rey Peña.
Todas estas personas podrían ser llamados a declarar a la luz de las nuevas pruebas y las denuncias que interpondrá FEVCOL contra los familiares, los militares que habrían presentado falso testimonio y contra el magistrado Alejandro Rramelli.
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