Por: Duván Idarraga
Ofrezco disculpas por lo reiterativo frente a este tema; lastimosamente, a medida que avanza el 2025, se confirma mi mayor preocupación (expresada desde finales del año pasado) relacionada con el perverso manejo de las finanzas públicas del país y el desbordado déficit fiscal con el que cerró el año 2024 (6.9% del Producto Interno Bruto) y la expectativa preocupante que en el 2025 iba a empeorar, como efectivamente viene sucediendo: El equipo económico del gobierno Petro acaba de anunciar el uso de la cláusula de escape, es decir, la ruptura de la regla fiscal; una noticia con grandes repercusiones. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) dio concepto desfavorable para esa decisión. Importante recordar que el gobierno Duque entregó en 2022 un déficit del 5.3%, después de sortear las ingentes necesidades financieras generadas por la pandemia. Sobre estos temas, creo importante recordar algunos conceptos mencionados en columnas anteriores:
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF, fue creado por la Ley 2155 de 2021. Es un organismo de carácter técnico, permanente e independiente, adscrito al Ministerio de Hacienda. Entre sus principales funciones se encuentra pronunciarse y emitir concepto formal sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo y sobre el informe de cumplimiento de la regla fiscal.
La regla fiscal es un instrumento de responsabilidad macroeconómica; determina restricciones al crecimiento del déficit fiscal para asegurar la sostenibilidad en las finanzas públicas. Por ende, activar la cláusula de escape implica una flexibilización realmente excepcional de esta norma, permitida en contextos extraordinarios, plena y tecnicamente documentados.
Por su parte, en su Comunicado No. 17 de junio 13 del 2025, el CARF “da concepto previo desfavorable a la activación de la cláusula de escape. El plan de ajuste propuesto por el Gobierno no es suficiente para apuntalar la confianza ni estabilizar la deuda en su nivel prudente”. Algunos de sus considerandos incluidos en el referido documento:
“3. El Ministerio justificó su propuesta en la alta inflexibilidad del gasto (negrilla fuera del texto original) y la limitada capacidad de generar ingresos suficientes en el corto plazo;
- En concepto del CARF, la cláusula de escape no está contemplada para este tipo de situaciones.
- El CARF ha advertido que la situación de las finanzas públicas de Colombia es crítica.
- El CARF enfatiza que la activación de la cláusula de escape, en sí misma, no soluciona ninguno de los desequilibrios fiscales estructurales que presenta el país.”
Es claro que, para el CARF, la justificación dada por el equipo económico del gobierno Petro para hacer uso de la cláusula de escape no son adecuadas. Me llama la atención que se argumente inflexibilidad en el gasto, cuando en la materia no han hecho nada por ajustarlo; al contrario, se ha disparado de manera considerable durante este gobierno. De manera general los gastos han crecido casi un 45% entre el 2022 y el 2025. Los gastos de funcionamiento pasaron de $260.6 billones en 2022 a $319.3 billones en 2025, $58.7 billones más (22.5%). Los servicios personales (burocracia), pasaron de $32.8 billones en 2022 a $48.8 billones en 2025, $15.06 billones (45.9% más).
Dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo, presentado por el Ministerio de Hacienda, estimaron un déficit fiscal para el 2025 del 7.1% del PIB, por supuesto superior al del 2024 que cerró en el 6.9%. Debo mencionar que hace unos días el equipo de investigaciones económicas del Banco de Bogotá realizó un estudio y estimó que el déficit fiscal en el 2025 estaría en el 7.8% del PIB; ANIF lo estimó en el 7.5%. El solo hecho que supere el 7% es muy grave para el país. Esa cifra es la consecuencia de un perverso gestión macroeconómica de este gobierno; lo mencioné hace varios meses, ante la manera irresponsable en que determinaron los ingresos en el presupuesto del 2024 y el crecimiento desbordado del gasto de funcionamiento, ratificado en las cifras que compartí en el párrafo anterior.
Y es que se ha dado una peligrosa bola de nieve: Los ingresos suben muy lentamente mientras los gastos crecen casi que exponencialmente. Ya hice referencia a los gastos de funcionamiento, catastrófico su manejo. Por el lado del pago de intereses la situación es muy inquietante: El servicio de la deuda (los intereses que paga el país) pasaron de $61.5 billones en 2022 a $85.8 billones en 2025; subieron $24.3 billones (39.5%). Esto producto de una perversa combinación: por un lado, crecimiento desaforado de la deuda pública; que pasó de $847 billones en 2022 (el 57% del PIB) a $1.147 billones en 2025 (el 61.3% del PIB); es decir ha aumentado $267 billones (el 31.5%). Como porcentaje del PIB, entre 20222 y 2025, la deuda pública se incrementó 430 puntos básicos. Por el otro, una mayor tasa de interés, como consecuencia del alza en el déficit fiscal y el mayor riesgo que perciben las calificadoras e inversionistas. En estos momentos, Colombia viene pagando el 13,1% de intereses por la deuda a 10 años.
Como consecuencia de este perverso manejo fiscal del país y el anuncio del gobierno de romper la Regla Fiscal, ya hay pronunciamiento de la Calificadora de Riesgo Moody´s. Así lo expuso el portal económico Valor Analitik en columna publicada hace pocos días:
“En conversación con Valora Analitik, Renzo Merino, analista soberano para Colombia, dijo que la decisión de suspender la Regla Fiscal “es negativa porque confirma que el deterioro del déficit y las métricas de deuda observado en el 2024 se va a repetir en el 2025”.
“Esto es un elemento que nosotros consideramos en un posible escenario de rebaja de la calificación cuando cambiamos la perspectiva a negativa en junio del 2024”, dijo el experto tras recordar que la calificación colombiana se encuentra hoy en Baa2, siendo la única que se mantiene en grado de inversión luego de que S&P y Fitch le quitaran ese beneficio.”
Lo grave de todo esto es que son nulas las perspectivas de que el gobierno Petro tome acciones concretas e inmediatas para disminuir el déficit fiscal. Por el lado de los ingresos, es muy poco lo que se puede hacer en el año 2025. Los impuestos a recaudar tendrán un leve incremento como resultado de unas mejores cifras en los balances de las empresas (los mayores aportantes del impuesto de renta, mas del 90% del total) durante el 2024, pero son insuficientes para cubrir las necesidades. Donde puede hacer algo es frente a los gastos que han crecido de manera desbordada en sus casi 3 años de gobierno; aquí lo inquietante es que no se observa decisión para hacer un ajuste significativo e inmediato, es la única manera y es posible, pero falta voluntad. El gobierno Petro prefiere seguir destruyendo la confianza inversionista y generando mas caos macroeconómico en el país: Su ministro de hacienda habla de presentar una nueva reforma tributaria con la que esperan recaudar hasta $19 billones e incluso de modificar la tarifa del IVA del 16% al 21% o 26%. Petro incumpliría otra promesa de campaña: Dijo que no pondría IVA a los alimentos (lo hizo en su reforma tributaria del 2022) y prometió bajar el IVA al 15%, ahora plantea subirlo. Si a eso sumamos una reforma laboral que va a incrementar considerablemente los costos laborales, llegaremos a un escenario muy complicado; se manda al traste la confianza inversionista, se espanta aún más el interés de invertir en el país, tanto para nacionales como para extranjeros lo que implicaría otro año con un deficiente o paupérrimo crecimiento del Producto Interno Bruto. Es muy difícil observar buenas intenciones en el gobierno Petro, cada decisión que toma termina impactando negativamente la economía del país. Así es muy difícil que se logre el crecimiento de la economía por encima del 2.7%, cifra de por si bastante regular.
Nota: Un afectuoso saludo para nuestros lectores en el día del Padre; somos bendecidos al tener la fortuna de serlo. En mi caso, orgulloso de mis hijos. Dios ha sido muy bueno conmigo en ese aspecto.