Por: Duván Idarraga
En la cumbre sobre cambio climático que se realiza por estos días en Dubái, el señor Gustavo Petro ratificó la decisión de su gobierno, que se había comentado en meses anteriores y que está generando gran impacto en Colombia, de suspender la firma de contratos de exploración y explotación, tanto de gas como de petróleo, en nuestro país. El impacto de esta decisión será de grandes proporciones, en especial en lo fiscal, algo que el actual gobierno parece no considerar.
Uno de los argumentos que expone el señor Petro para justificar esta absurda decisión en contra de los intereses económicos y las finanzas públicas de Colombia, la sustenta en el impacto que tienen este tipo de combustibles frente al cambio climático y la necesidad de contribuir al mismo, mediante la suspensión de estas actividades. Lo que resulta paradójico y difícil de entender es que simultáneamente esté anunciando negocios con PDVSA de Venezuela, para adquirir a ese país esos productos y traerlos a Colombia para suplir las necesidades en la materia, entregando además la soberanía energética a un tercero y como si los productos de allá no tuvieran impacto ambiental. Eso sin mencionar que la calidad no es la requerida en Colombia y que no existe la infraestructura para trasportarlos.
Pero sin entrar en el impacto de esta decisión desde el ámbito político o ambiental, quiero hacer referencia a lo que desde el punto de vista fiscal significaría para las finanzas públicas del país; esto a partir de entenderla relevancia que tiene la industria de hidrocarburos en Colombia. Por una lado debemos considerar su relevancia dentro de los productos de exportación;adicionalmente, lo relacionado con el flujo de recursos al erario provenientes, especialmente de Ecopetrol(empresa estatal mayoritariamente), que en los últimos años ha aportado recursos muy importantes para financiar las necesidades del Presupuesto General de la Nación (PGN).
Frente al primer aspecto, de acuerdo con el DANE, las exportaciones del sector minero energético de enero a septiembre de 2023 representaron US$19.142 millones y equivalen al 52% del total de las exportaciones del país. Respecto al segundo aspecto, quiero mencionar es que en lo corrido del año 2023 (datos al tercer trimestre) las utilidades de Ecopetrolhan llegado a $14.82 billones; si las comparamos con igual periodo del año 2022, que fueron de $26.6 billones, encontramos que hay una disminución de $11.78 billones que equivalen al 44 29%. Las utilidades en el primer trimestre habían caído el 14,24%, el segundo 61,14% y para el tercero la caída fue de 46.53% (al compararlos con periodos iguales de 2022). Está importante caída en las utilidades de Ecopetrol tendrá directamente un impacto en el flujo de ingresos para la nación, toda vez que la empresaaporta recursos al erario vía impuestos, regalías y adicionalmente utilidades; en la medida de que estas caigan considerablemente, los ingresos del Estado caerán en igual proporción.
Pero la situación para el erario es mucho más complicada si recordamos que en lo corrido del año 2023 (con cifras a septiembre, de acuerdo a lo publicado por el DANE) los ingresos para el país,proveniente de sector combustibles e industrias extractivas en cuanto a exportaciones, han representado una caída de $5,301 millones de dólares que equivalen al 21.7% al comparar con igual periodo de 2022. Es decir, el impacto para las finanzas públicas tiene doble efecto negativo: El primero, por la caída de ingresos provenientes de Ecopetrol; el segundo, por la caída directa del flujo de ingresos por la importante disminución en exportaciones de este sector.
Pero hay otra circunstancia que agrava mucho más la situación: El gobierno no ha realizado (o más gravé, los hizo y no los ha publicado) los cálculos necesarios para estimar cuál será el valor que va a pagar Colombia por la compra de hidrocarburos ( tanto petróleo como gas ) a Venezuela para atender el consumo interno. Una cosa es cuando el país tiene autosuficiencia energética, los produce y los paga a precios de costo; otra, cuando debe importarlos y por ende pagarlos a precios de mercado. Esa cifra no se conoce, por ende, no está consolidada en el flujo de egresos del presupuesto de la nación para los años siguientes y mucho menos se tiene claro cuál va a ser el impacto desde el punto de vista fiscal.
Aun sin conocer en detalle esas cifras, que debería estimar el Ministerio de Hacienda, lo que es lógico es que desde el punto de vista fiscal va a ser catastrófico para la nación. Por un lado, están cayendo considerablemente los ingresos de la nación generados en el sector como ya he comentado (caen exportaciones, caen ingresos de Ecopetrol); adicionalmente, como he mencionado en columnas anteriores, este gobierno ha generado un crecimiento desbordado del gasto público con un incremento para el año 2024 de El 19.67% en el Presupuesto General de la Nación, versus el presupuesto de 2023, cifra que difícilmente podrá ser cubierta con ingresos corrientes.
El panorama se torna más complejo en lo fiscal, si tenemos presente que los ingresos vía impuestos que se recaudan habitualmente, tendrán una disminución significativa en consideración que las utilidades de las empresas en Colombia (responsables de más del 90% de los impuestos que se recaudan) tendrán resultados menos favorables que en 2022, en consideración a los deficientes resultados de los mas importantes sectores y de la economía en general (recordemos que en el tercer trimestre de 2023, el Producto Interno Bruto del país PIB, decreció el 0,3%).
Por donde se mire, resulta absolutamente complicado desde el punto de vista fiscal la importante disminución de recursos provenientes de actividades minero energéticas a partir de las decisiones del actual gobierno en contra del sector. Resulta casi que irresponsable, desde el punto de vista fiscal, que no se hayan estimado de manera técnica y oportuna el impacto en las finanzas públicas de las decisiones que está tomando el gobierno Petro frente al sector de hidrocarburos con la no suscripción de contratos de exploración y explotación en el país y su decisión de comprar a Venezuela a precios de mercado lo que se requiere para el consumo interno.
