Por: Eduardo Mackenzie Las consecuencias prácticas de ese acuerdo pretendidamente protector del medio ambiente son tan graves para la economía y la paz social que ese debate no puede ser dejado únicamente en manos de los parlamentarios.
Colombia debería seguir el ejemplo del Perú en el asunto de la eventual ratificación del Acuerdo de Escazú.
El Congreso debería invitar a la sociedad civil a que, como hicieron los peruanos, se involucre y se adueñe de ese tema y diga lo que piensa al respecto. Lo que hizo el Perú sobre Escazú es un acto de sabiduría de las instituciones de ese país y una lección de democracia para el continente que Colombia no debería menospreciar.
El 5 de agosto de 2019, en efecto, el presidente de Perú, Martí Vizcarra, envió el asunto del Acuerdo de Escazú al Congreso para las deliberaciones de rigor. En lugar de cumplir con el requisito de la discusión entre los miembros del Parlamento, el poder legislativo fue más allá y también abrió la discusión a la sociedad civil: invitó a profesores universitarios, sociólogos, empresarios, economistas y ecologistas para que examinaran la letra menuda de ese Acuerdo y dieran a conocer sus puntos de vista.
El 23 de octubre de 2020, la comisión informó que una amplia mayoría había rechazado lo de Escazú y que la ratificación quedaba suspendida. La comisión estimó que ese Acuerdo podría “afectar el modelo de desarrollo sostenible del Perú y el principio mismo de la soberanía estatal sobre los recursos naturales del país”.
El 11 de julio siguiente el expediente fue archivado. La discusión organizada por la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso había sido viva, pluralista y de gran nivel. En un total de 26 sesiones de debate (13 virtuales) 49 especialistas invitados tomaron la palabra.
A favor de la ratificación estuvieron dos bancadas: los diputados del Frente Amplio y del Partido Morado, mientras que en contra estuvieron las bancadas de Acción Popular, Frepap, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Somos Perú, Fuerza Popular y UPP. Gilmer Trujillo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, explicó que la no ratificación no generará pérdidas ambientales pues el Perú “es uno de los países que lidera el desempeño en el marco normativo en asunto ambiental”.
El criterio mayoritario fue que Escazú afectaría la soberanía nacional ya que el Estado peruano terminaría dependiendo de las decisiones de una justicia supranacional “que es pro derechos humanos de manera extrema y podría paralizar las inversiones”.
Sobre la injerencia excesiva de los órganos de “justicia supranacional”, Trujillo detalló: “Una autoridad como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría decidir sobre una inversión en el Perú. Una Ong, ubicada, por ejemplo, en Lima, si quiere objetar una carretera en Loreto, dice que eso afectaría el medio ambiente.
Activa entonces la justicia externa, paraliza el proyecto con una medida cautelar y cuando el expediente llega a la CIDH la causa ya está perdida pues la CIDH, como lo dijeron varios participantes, tiene un sesgo ideológico: son pro derechos ambientales, pro derechos humanos, pero de manera extrema.
La idea es que sean pro, pero de manera equilibrada.” El 21 de junio de 2021, el Congreso de Colombia no logró formar una mayoría dispuesta a votar favorablemente la ratificación del Acuerdo de Escazú.
Los opositores a esa ratificación argumentaron que dicho Acuerdo violaba la soberanía nacional al dejar que jueces extranjeros, no elegidos por nadie, emitan sentencias que prevalecerían sobre las autoridades elegidas del país y sobre el poder legislativo, y que, además, ya existen suficientes normas en Colombia que garantizan la defensa del medio ambiente.
Unos meses después, Chile llegó a la misma conclusión. Al darse cuenta de los peligros que encierra Escazú obró en consecuencia: el 9 de septiembre de 2021, el gobierno de Sebastián Piñera, a través del ministro de Relaciones Exteriores, anunció que no suscribiría el Acuerdo de Escazú.
“Tal como está redactado, ese Acuerdo presenta una desventaja para Chile”, declaró Andrés Allamand. El diario El Mercurio agregó que el Gobierno “estudia el contenido de los cambios que implicaría la implementación de esa iniciativa en la legislación ambiental chilena y el alcance interpretativo de ciertos principios del pacto”.
Solo tras la llegada al gobierno de Chile de un presidente de extrema izquierda, Gabriel Boric, el 11 marzo 2022, el Congreso chileno optó por la ratificación de ese Acuerdo. Escazú ha fracasado Lanzado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense del mismo nombre, el tal Acuerdo sólo ha sido ratificado por 13 de los 42 países de América Latina y el Caribe. Peor: la mayoría de la población de América Latina y el Caribe está por fuera de los falsos “beneficios” del Acta de Escazú. En efecto, de los 659 millones de habitantes de esa inmensa zona geográfica, que va del Rio Grande hasta Tierra del Fuego, solo 244 millones están amarrados por Escazú, es decir un poco más de una tercera parte de la población. Es de notar que Cuba y Venezuela no quieren saber nada de Escazú a pesar de que su propaganda política, y la de los partidos comunistas del continente, muestran a Escazú como una maravilla.
¿Si es tan buena esa cosa por qué ni Cuba ni Venezuela se embarcan en eso? Por una buena razón: porque esas dictaduras verían muy mal que individuos o grupos locales puedan oponerse o frenar la creación o a la ampliación de obras de infraestructura militar, fluvial, marítima, turística o las inversiones extranjeras en esos países. Escazú, es el invento más reciente de la extrema izquierda para hacer anticapitalismo, reducir la producción y los puestos de trabajo y fomentar el odio y la pobreza.
El objetivo es retirarles a las autoridades electas la facultad de decidir qué se puede o no hacer en el territorio. Escazú pretende trasladar a manos de individuos o de grupos y, en últimas, a la justicia especial onusiana, tales decisiones, alegando que las obras “ponen en peligro las comunidades” o “la naturaleza”, sin presentar prueba alguna de ello. Víctimas de tal inversión de la carga de la prueba, las empresas, los individuos o los servicios públicos son los que deben probar lo contrario.
El 27 de julio, un viceministro iraní, Mohsen Kousheshtabar, reveló que el régimen de Nicolás Maduro le había cedido a Irán “un millón de hectáreas de Venezuela para cultivos”. Caracas no ha dado los detales del asunto pero Maduro indicó que su gobierno tiene otros “frentes de cooperación” con Irán en materia “de petróleo, gas, refinerías, petroquímica y defensa”. Si Venezuela hubiera firmado el Acuerdo de Escazú esos planes habrían corrido el riesgo de ser cuestionados u obstruidas por la CIDH. Gracias a Escazú, las dictaduras dependientes de Rusia y China comunista podrán hacer lo que quieran con sus territorios y poblaciones, mientras que los firmantes de Escazú verán bloqueados sus programas de desarrollo y el bienestar de su población, sobre todo de las capas sociales menos favorecidas.
Es evidente que a la a la CIDH no le interesa molestar a Venezuela y a Cuba con un instrumento de injerencia como Escazú. La injerencia es para los países que deben ser penetrados y debilitados para que el trabajo subversivo de esas dos dictaduras sea más fácil. Señores del Congreso de Colombia: abran el debate. No basta que ustedes discutan lo de Escazú a puerta cerrada. El país necesita saber por qué la mayor parte de los gobiernos del continente rechazan ese Acuerdo. Sigan el ejemplo de Perú.
