La JEP, ilegitima, fue diseñada por los victimarios que escogen sus jueces ideologizados, les garantiza impunidad y continuar su guerra en persecución de enemigos políticos y militares. Su falta de imparcialidad contradice el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Hay disparidad de “juzgamiento” a las Farc-EP respecto al empalamiento judicial de la fuerza pública. Con organizaciones aliadas a las Farc soportan informes sesgados para atentar contra el honor de la fuerza pública y la legitimidad de las instituciones.
Pretenden equiparar acciones aisladas de algunos militares que sí se extralimitaron en varios gobiernos nacionales y locales, con el propósito de crear el imaginario colectivo que son equivalentes a las violaciones sistemáticas y masivas cometidas por las FARC al DIH y los brutales crímenes de guerra, que han dejado 6.5 millones de víctimas de desplazamiento, 800.0000 homicidios y que el 70% del total de los campesinos despojados lo fueron por las Farc.
Existe un jugoso negocio detrás de acusar al gobierno de crímenes falsos, por un mismo falso crimen ganan millonarias indemnizaciones ante el Consejo de Estado, ante Justicia y Paz, ante la JEP y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de paso saquean la Unidad de Victimas con falsas víctimas. Aprovechan la sospechosa decisión de conciliar sin investigar y sin defender que impide posteriores defensas estratégicas del Estado como ocurrió en el caso de Dabeiba.
La JEP por complicidad, no inicia casos sobre temas sensibles como narcotráfico, lavado de activos, farc-política e impiden la sanción por incumplimientos de las Farc. Las víctimas son simples números, las audiencias son reservadas, omiten imputar a otros responsables, y hacen aseveraciones genéricas, impiden la participación y representación de las víctimas. Las audiencias de fuerza pública son públicas, con amplia financiación a colectivos estratégicos afines a las Farc, pagan dinero a militares que gestionen la aceptación de falsos hechos, usan las fosas de crímenes de Farc para acusar a la fuerza pública, y manipulan fechas de hechos ocurridos en gobiernos anteriores para señalar el gobierno de la seguridad democrática.
Manipulan la “verdad” cómo botín de guerra, para crear un divorcio estratégico entre la sociedad y el Estado, relatan un falso heroísmo que justifica su barbarie contra la población vulnerable para convertir su cobardía en una oda a la justicia social que han retrasado en los territorios más necesitados.
Bogotá, 20 de febrero de 2021
