Por: Roberto Ortíz
La salud es ante todo un derecho fundamental que le corresponde al estado colombiano. Nuestro país, gracias a esa responsabilidad y a la política de universalización de la salud, tiene un régimen de salud que cobija a cerca de un poco más de 47 millones de personas, 23 millones de ellos vinculados al régimen subsidiado.
Es por ello, que la capacidad de respuesta frente a la pandemia del Coronavirus es coordinada por parte del sistema nacional de salud bajo la responsabilidad del ministro Ruiz y del propio presidente de Colombia.
Ese derecho fundamental a la salud implica que todos los colombianos, bien sea del régimen contributivo o del régimen subsidiado, tengamos la oportunidad por igual, de ser asistido por el sistema de salud frente a un posible contagio del Coronavirus, a su tratamiento y a las políticas de prevención.
De la misma manera, la estrategia Nacional de vacunación y el proceso de compra de la vacuna, es parte de las obligaciones que le imponen el derecho a la salud al Estado colombiano. Pues ese derecho es el que garantiza acceso a la vacunación a todos, sin distingos de estrato social, raza, sexo, religión o color político.
Pretender asumir por parte de los Municipios y Departamentos la compra de la vacuna para responder a la pandemia como lo han venido anunciando de manera demagógica algunos Alcaldes, es, como bien lo advirtió la Federación de Municipios, poner a competir a las regiones ricas con las más pobres en la compra de las vacunas lo que conlleva a generar mayor inequidad; como quiera que la inmensa mayoría de Municipios del país no cuentan con la capacidad económica para realizar la compra de la vacuna contra el virus, y esto implica que los Municipios más ricos estén por encima de los más pobres, es decir, que algunos tengan la prioridad, y eso es un despropósito.
No puede hacer populismo el Alcalde de Cali ofreciendo comprar 30 mil millones de pesos en vacunas cuyo suministro le corresponde exclusivamente al gobierno nacional, mientras miles de caleños y caleñas no tienen un pedazo de pan en la boca para saciar el hambre, y muchos sufren los rigores de esta pandemia porque se quedaron sin empleo, y algunos más, han sido expulsados de sus viviendas por no tener con que pagar el arriendo.
Considero, como Concejal de la ciudad, que la tarea de los mandatarios locales no es ir a hacer filas en mercados internacionales para adquirir vacunas, sino tener todo preparado para que el Gobierno Nacional responda como le corresponde, y utilizar mejor los recursos de los municipios para ayudar a los más afectados y olvidados por el estado y reactivar la economía local; que como en el caso de la ciudad de Cali, se ha visto bastante afectada sobre todo en el sector de servicios de hotelería, restaurantes, bares, cultura y turismo, para quienes le reitero de nuevo señor alcalde Ospina, es necesario asignarles una renta básica y otórgales alivios tributarios para evitar su quiebra.
ROBERTO ORTIZ URUEÑA
