Por: Jorge Enrique Pava
La inseguridad en Colombia hace que los ciudadanos vivamos en un estado de temor constante y en una zozobra mental que nos agobia. Y no es para menos, pues los delincuentes hoy tienen las gabelas que les otorga la casa de Nariño, y las garantías de impunidad que les brinda una justicia cada vez más permeada por los amigos presidenciales.
Esto es aberrante, doloroso y espeluznante. Pero lo que sí resulta inadmisible es que una entidad estatal como Colpensiones, arme un tinglado de procedimientos extorsivos, amenazantes e injustos contra los aportantes, sometiéndolos a un acoso irregular con argumentos infundados, que desembocan en desfalcos masivos a ciudadanos inocentes que muchas veces, ante la imposibilidad de defenderse jurídicamente, terminan pagando los dineros exigidos por ellos.
En los últimos meses, Colpensiones decidió enviar unas circulares masivas de “Procesos de cobros persuasivos” contra empleadores y beneficiarios de pensiones, donde relacionan imaginarios saldos originados en los últimos 25 años, haciendo alusión a dispersos aportes mensuales impagados a favor de empleados que, en la mayoría de las veces, son inexistentes. Sabiendo que el extorsionado no tiene la posibilidad de entablar un proceso jurídico para defenderse, lo acosa con insistencia hasta que termina pagando la extorsión para liberarse de esta persecución cruel y evitar intereses, embargos, secuestros y remates de bienes o cuentas bancarias con los que amenazan sin rubor alguno. Colpensiones dirá que da la garantía a los procesados para que se defiendan…
Pero imaginémonos a una viuda de 90 años a quien le llegue esa circular insistente y repetitiva, de la cual lo único que entiende es que la amenazan con sevicia, y que para salvarse de ese riesgo tiene que pagar $ 500 o $ 600 mil, porque unilateralmente así lo dispone quien le gira su pensión. ¿Qué puede hacer? ¡Pagar la extorsión y liberarse de los acosadores! Para la entidad es muy fácil acudir a este método.
Primero, porque es consciente de la indefensión del extorsionado; segundo, porque sabe que puede inventarse saldos, empleados, períodos y demás circunstancias que no podría aportar como pruebas en un eventual proceso legal, pero también sabe que ese proceso no se dará en la gran mayoría de los casos; y tercero, porque sabe de la vulnerabilidad del procesado, y que entablar una defensa jurídica le costará mucho más que el valor de la supuesta deuda, por lo que tiene la certeza de que el perseguido terminará pagando y la entidad se enriquecerá ilícitamente con el producto de su extorsión.
Es un negocio multimillonario que solo puede provenir de una mente sucia. Y que lo hacen porque saben que en medio de tanta impudicia no serán objeto de castigo o represión sino, como mínimo, de un galardón presidencial. Lastimosamente este es el talante del gobierno nacional; y estos los métodos de un Estado que, en lugar de ser garante de nuestros derechos, se enfoca en perseguir injustamente a sus ciudadanos. ¿Dónde estarán los órganos de control y de justicia?
