Por: Roberto Trobajo Hernández
Colombia sigue adoleciendo de una diplomacia capaz de hacer respetar los derechos de colombianos en el exterior.
La Constitución Colombiana prohíbe la pena de muerte y la cadena perpetua, enfatizándose que ningún colombiano puede ser castigado con estas severas penas.
La Corte Constitucional, que es la encargada de velar porque se haga cumplir lo establecido en la Carta Magna y sobre todo cuando se trata de salvaguardarse los derechos humanos de todos los colombianos, sigue sin pronunciarse por las penas máximas aplicadas a compatriotas.
El último lunes de febrero del 2017, en China, fue ejecutado Ismael Enrique Arciniegas Valencia, de 72 años, que había sido juzgado por introducir 4 kilogramos de coca en ese país asiático.
Aunque Ismael había reconocido su culpa, delito, estuvo detenido desde el 2010 en una cárcel de Cantón, hasta que tres años después lo juzgaron condenándole a la pena de muerte.
Tras permanecer siete años preso, finalizando febrero del 2017, los chinos lo mataron con una inyección letal.
La por entonces Canciller de Colombia, María Ángela Holguín, sólo se reunió una sola vez con el embajador chino y por ende no se pudo revertir la sentencia de muerte al colombiano.
Las prioridades de María Ángela Holguín eran lograr el Premio Nobel de Paz para su jefe Juan Manuel Santos y hacerlo acordar con las FARC en la Habana.
Ahora, cinco años después, otro colombiano está a punto de que se le violen sus derechos.
En USA, Florida, en una Corte la Fiscalía Sur de ese estado, pidió cadena perpetua para Mario Antonio Palacios, exmilitar colombiano, al que acusan de haber participado en el magnicidio acontecido en Haití y donde asesinaron al presidente haitiano Jovenel Moïse.
El colombiano fue arrestado en Jamaica en octubre pasado y condenado por ingresar ilegalmente al país desde República Dominicana, un cargo por el que se emitió una orden de deportación.
Sobre él pesaba una orden de búsqueda y captura emitida en julio por la Policía Nacional de Haití. Sin embargo, el domingo pasado el Gobierno de Jamaica confirmó que Palacios iba a ser deportado a Colombia porque el gobierno Haití no había facilitado información suficiente sobre la vinculación del colombiano con el magnicidio.
Empero, la actual cancillería colombiana no presionó ni exigió a Jamaica que cumpliera con la extradición, y ahora el colombiano está desprovisto de apoyos, mínimos jurídicos y por parte de Colombia, expuesto a que lo condenen a cadena perpetua.
¿Se repetirá la fatídica historia? ¿La Corte Constitucional volverá a enmudecer? ¿El gobierno colombiano permitirá que vuelvan a condenarse a connacional con penas prohibidas para los colombianos?
