Por: El Expediente
Un empresario bogotano perdió 33 millones de pesos en lo que parecía una compraventa de vehículos sencilla.
Entregó el dinero a Catalina Uribe Guerra hace años, con la promesa de un auto que nunca llegó. Hoy, los intereses acumulados superan la suma inicial, y la familia quedó sin transporte ni ahorros. «Quedamos en la calle», resume el afectado, quien prefiere no revelar su identidad por temor a represalias.
Este caso, documentado en una denuncia penal ante la Fiscalía de Bogotá, sigue el patrón que El Expediente detalló en noviembre: Uribe Guerra se infiltra en la confianza de sus interlocutores, a menudo con excusas que suenan creíbles y un carisma que desarma sospechas. «Fui ingenuo, pero es su estrategia», admite el hombre.
«La misma que usa con empresarios de insumos hospitalarios».
En su denuncia, adjunta al medio, relata cómo la mujer lo convenció en un consultorio odontológico que regentaba en la capital, donde operaba con aparente normalidad.
El Expediente ha tenido acceso a un listado de al menos 10 denuncias en su contra, repartidas en fiscalías de Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali.
La mayoría por estafa agravada y falsedad en documentos, con montos que oscilan entre 20 y 150 millones de pesos por víctima.
Varias de ellas involucran embargos judiciales previos, lo que explica por qué los procesos civiles para recuperar fondos rara vez prosperan. «Cuando presenté mi demanda ejecutiva, había siete personas delante de mí en la cola de embargos», cuenta el empresario. Ninguno ha visto un peso.
En este nuevo testimonio emerge el rol de María Diva Perdomo Fetecua, una mujer que posaba como secretaria o asistente en los consultorios de Uribe Guerra.
Fotografías aportadas por la víctima la muestran de espaldas, junto a la principal investigada y su hijo menor.
Perdomo Fetecua, quien figura en registros judiciales en procesos mercantiles cancelados en 2024, habría facilitado los encuentros y manejado parte de la documentación falsa.
Fuentes consultadas por este medio indican que actuaba como filtro para inversionistas potenciales, un eslabón que acelera el engaño.
Otro detalle inquietante: el uso sistemático de testaferros. «Coloca los bienes comprados con nuestro dinero a nombre de familiares o amigos», explica el denunciante, citando conversaciones con Perdomo Fetecua.
Registros catastrales en Ibagué, Tolima, revelan propiedades a nombre de parientes lejanos de Uribe Guerra, adquiridas en picos de sus actividades fraudulentas.
Un apartamento en el centro histórico y fincas en las afueras suman valores cercanos a los 2.000 millones de pesos, según avalúos públicos.
La Fiscalía no ha avanzado en rastrear estos flujos, pese a las solicitudes de las víctimas.El rastro de Uribe Guerra no se enfría.
El 28 de agosto de 2025, a las 13:49, el empresario la divisó por casualidad en un restaurante del barrio Santa Sofía, en Bogotá. Vestida con discreción, comía sola cuando él se acercó a reclamar su dinero. «Me dio un número de teléfono –el 300 1234567– y prometió una reunión», relata. Pero huyó en un taxi amarillo, dejando una estela de promesas rotas.
Vecinos del sector consultados por El Expediente mencionan «una mujer que ofrece tratos en vehículos y consultorías» en la zona.
Este avistamiento, tres meses después de su última captura en octubre de 2024 –de la que salió libre por vencimiento de términos–, reaviva las alertas.
La fiscal Yudis Esther Verdugo Blanco, de Barranquilla, sigue siendo la única con avances notables: imputaciones en curso y una orden de captura reactivada en noviembre.
Sin embargo, el listado de denuncias estancadas crece. «La justicia es inoperante», se lamenta el empresario. «Por eso acudo a ustedes, que han destapado casos como este».Las víctimas, más de 50 según el conteo preliminar, claman por una coordinación nacional. Un grupo informal en WhatsApp comparte evidencias y actualizaciones, pero el miedo persiste: recordatorios de «regalos» esotéricos y amenazas veladas.
Uribe Guerra, que niega los cargos a través de abogados, mantiene un perfil bajo. Su última dirección conocida: un apartamento en Chapinero, a nombre de un sobrino.Mientras la Fiscalía General evalúa el derecho de petición radicado por este medio el 29 de noviembre –que busca detalles sobre los procesos pendientes–, el daño se multiplica.
El empresario bogotano, como tantos otros, espera no ser el último en la lista. «Solo quiero prevenir a más familias», concluye. En un país donde la confianza es el primer botín de los estafadores, esa es la lección más dura.
